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Discapacidad: exigen una respuesta urgente del Gobierno ante el recorte

El eco de la posible firma de un DNU hace que cientos de profesionales y de familiares de personas con discapacidad se agrupen frente a Casa Rosada reclamando el dinero que la Superintendencia afirma haber distribuido pero que no recibieron las obras sociales.
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La palabra "recorte" viene pisando fuerte y mientras la atención de los argentinos está puesta en temas que conciernen a la vicepresidente de la Nación, Cristina Kirchner, un grupo -no tan minoritario- sufre una vez más por decisiones del gobierno. El ministro Sergio Massa anunció la semana pasada un ajuste en salud y educación que implicara un recorte millonario.

El recorte en el presupuesto sería de 10.000 millones de pesos en salud y repercute en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) hasta fin de año. Uno de los tantos usos del FSR es pagar prestaciones de alta complejidad para discapacidad. Según trascendió, el Estado le daría al fondo 1.500 millones de pesos hasta fin de año.

Protestas en Plaza de Mayo

Sin embargo, solo las prestaciones por discapacidad en los rubros de educación y transporte, equivalen a unos 10.000 millones de pesos por mes. Si el DNU se firmara no solo haría prácticamente imposible poder cubrir todos a todos los prestadores, sino que también profundizaría el déficit actual de las obras sociales.

Por otro lado, está el conflicto con los prestadores de servicio. Decenas de médicos, terapeutas y maestras integradoras llevan 3 días frente a Casa Rosada para reclamar que se paguen los sueldos adeudados hace casi 90 días para algunos.

"El día de hoy hemos venido para reclamar que se respeten los derechos de las personas que nos dedicamos a acompañar, a las personas con discapacidad. (...) Soy maestra integradora, trabajo acompañando una integración escolar y a la fecha me deben 2 meses y vivimos con menos de 70 mil pesos por mes. Te exigen y te piden que cumplas con un montón de requisitos para poder cumplir con un trabajo que no es respetado", contó Andrea, quien trabaja hace 3 años en el sector.

Y agregó: "Después también está la parte del transporte, de los comedores y lo peor de todo es que, estos días dicen que la plata ya la soltó la superintendencia y las obras sociales te dicen que no tienen nada, nadie se hace cargo. Entonces, un profesional que ha estudiado y preparado no puede permitir que le pasen por arriba de sus derechos".

Casa Rosada llena de carteles y pancartas.

Dos maestras integradoras sentadas en la plaza contaron que "es cosa de hace años". Ambas afirmaron que las demoras en los pagos ya son parte de su trabajo y a pesar de golpear puerta tras puerta, siguen sin una respuesta.

Por su parte, representantes de prestadores de discapacidad comentaron que no tienen ya para pagar los sueldos, las escuelas ni los centros. "Venimos soportando hace mucho tiempo ajuste tras ajuste y el no tener los salarios como corresponden. Las obras sociales nos pagan con un retraso entre 90 y 120 días. Hay una cosa estructural en la cual los chicos son las víctimas", afirmó una de las representantes acompañada con dos de sus alumnas.

Dos alumnas de un colegio para chicos discapacitados junto con una de las representantes de la institución.

"Ellos también tienen problemas con los tratamientos, los transportistas. Hay un sector que está en emergencia, está en un quiebre, las víctimas no solo somos los trabajadores, sino ellos, los discapacitados", agregó.

Por otro lado, un vecino de Olavarría afirmó muy amargado que entre la jubilación y lo que recibe por discapacitado no le alcanza para vivir. "Ahora me agarró más impotencia porque cómo Massa puede decir que van a hacer un recorte a los jubilados. Por qué no se tocan el sueldo de ellos, por que no se tocan el sueldo todos los funcionarios, de los jueces, de la Justicia", dijo entre lágrimas Ceferino Carlos.

Junto a Ceferino estaba Carlos, integrante del Observatorio Federal de Discapacidad en San Luis, quien afirma que se desconoce el paradero de los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad. Carlos apuntó contra Larraín y remarcó el hecho de que se tenga que renovar el Certificado único de Discapacidad (CUD) como una pérdida de tiempo y una forma de complicarle la vida a las personas con discapacidad.

Mientras tanto, el Ministerio de Economía de la Nación salió a aclarar en Twitter que: "(...) Por lo tanto, este Ministerio no es responsable de la falta y atrasos de pagos que aducen algunos prestadores, y será responsabilidad de las jurisdicciones correspondientes dar las explicaciones del caso".