La grave crisis que impacta en miles de personas con discapacidad

Hace poco más de tres meses, miles de personas con discapacidad junto a sus familias salieron a las calles para pedir que sus derechos básicos, al momento de acceder a la educación y la salud fueran garantizados. Hoy, lejos de haber avanzado en esa dirección, Mendoza y el país, han demostrado más bien, un retroceso. Justamente por eso, este lunes por la mañana, los profesionales de la salud, educadores/as y transportistas que trabajan en el día a día para mejorar la calidad de vida de miles de mendocinos/as, llevaron adelante una protesta que contó con el apoyo de las entidades que desde hace años trabajan en pos de la visibilización de las al menos 60 mil personas que (solo en Mendoza) desarrollan su vida con algún tipo de cuadro limitante.

Pasadas las 10, la convocatoria en la explanada de la Casa de Gobierno se hizo escuchar en la voz de quienes solicitan que el Gobierno (tanto a nivel nacional como provincial), las obras sociales y prepagas respeten los plazos de pago respecto de las prestaciones. Así, al menos 200 profesionales de las áreas de kinesiología, neurología, fonoaudiología -entre otras especialidades- como así también acompañantes terapéuticos y personal que trabaja en el área de transporte, se sumaron a esta nueva protesta que mañana y el miércoles se replicará a nivel nacional. 

Pagos atrasados y montos desactualizados

Lo que se pide, en líneas generales con el acompañamiento de las familias de las personas con discapacidad, es que los pagos en todas las áreas sean realizados en tiempo y forma. Según explicó Mariana Oldrá, kinesióloga que trabaja como prestadora independiente en el área de discapacidad, en el sector ha habido al menos tres meses de demoras en los pagos de las prestaciones; una realidad que no solo va en detrimento de los/las trabajadores/as, sino que amenaza el acceso que las familias pueden tener a ellas a través de sus obras sociales.

Es decir, muchos dejan de trabajar con esa prestadora de salud con la que desde hace años contaba el/la paciente y su familia. La consecuencia de esa situación, una vez más, es que los derechos de las personas con discapacidad se ven doblemente vulnerados: pagan una obra social de la que no pueden hacer uso y para continuar con su profesional debe o bien, abonar las consultas y el acompañamiento de manera particular o cambiar de especialista, una situación por demás compleja debido a que las listas de prestadores se siguen achicando. Por lo tanto, el acceso a los tunos y los servicios se ve aún más resentido.

"En nuestro caso, ha estado sucediendo que los pagos sieguen siendo a 90 días; las obras sociales no nos pagan aunque reciben el dinero", explica Oldrá. Esa problemática, afirma, responde a una situación de fondo, atada al desfinanciamiento por el que atraviesan las obras sociales en el marco de la actual crisis en la que parece sumida el país. "La AFIP ha retenido dinero a las obras sociales por falta de fondos y a la vez, éstas hacen el recorte al no pagar a los prestadores en tiempo y forma", explica Oldrá al dar cuenta de los motivos por los cuales el pedido también se ha realizado a las autoridades provinciales y nacionales. "La situación es muy grave porque están tomando dinero de nuestros pagos y eso no deja de perjudicar a los pacientes", detalló Oldrá.

Mónica Bascuñán es la coordinadora del Observatorio de Discapacidad de Mendoza y junto a decenas de familias que conviven con un integrante con discapacidad, asistió a la explanada de la Casa de Gobierno para manifestar, una vez más, que los derechos de las quienes requieren de un abordaje que se sostenga en el tiempo para mejorar su calidad de vida, están siendo vulnerados. Con bombos, carteles y pancartas, este sensible sector de la sociedad salió a la calle a mostrar, una vez más, que sus posibilidades de acceso a una vida plena están muy por detrás del resto de la población como consecuencia de las trabas que impone el propio sistema.

Pensiones insuficientes y derechos vulnerados

"Pedimos que se regule la situación de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) para que se le pague a los profesionales y transportistas en tiempo y forma. También solicitamos que la prestadora se ajuste a lo establecido en el nomenclador nacional, ya que hoy, los montos por prestaciones son de al menos el 30% a lo establecido a nivel nacional", explicó Bascuñán, en representación de las al menos 200 familias que en Mendoza viven con un/una integrante en condición de discapacidad y aclaró que es fundamental que el pago por las pensiones no contributivas sean los adecuados a las necesidades que se plantean en materia de discapacidad. Hoy, ese monto es de tan solo 23 mil pesos, una suma que no llega a cubrir ni la cuarta parte de la canasta básica. "Con ese dinero a muchas personas ni siquiera les alcanza para los gastos mínimos para subsistir", aclara Bascuñán.

Marcela Camargo, es mamá de Lautaro (17) y cuyo diagnóstico de parálisis cerebral le ha implicado transitar un complejo camino de aprendizajes y desafíos. Cuenta la mujer que el año pasado requirió de la presentación de un recurso de amparo para que la obra social le cubriera una intervención quirúrgica que debían realizar a su hijo en Buenos Aires. "Me cubrían la operación, pero con la condición de que se realizara acá y eso no era posible. Por eso tuvimos que recurrir a la Justicia y gracias a eso pudimos lograr que Lauti fuese operado de la columna", explicó Marcela y detalló que ella, al igual que miles de personas en la provincia y el país, se ha "acostumbrado" a las demoras de las obras sociales. Por eso, justamente, no dudó en asistir junto a su hijo al reclamo que se replicará hoy, mañana y el miércoles inclusive en Buenos Aires.