La angustia de una madre por los recortes en programas de discapacidad
El recorte de los presupuestos de distintos ministerios – entre ellos el de Salud – por parte del ministro, Sergio Massa, provocó una fuerte protesta, frente a la Casa Rosada y en el resto del país. El eje está puesto en los programas de asistencias a personas con discapacidad.
El temor a tener que afrontar gastos extras por montos elevados genera incertidumbre a muchas familias.
Si bien desde el Ministerio de Economía salieron a descartar ese ajuste, el borrador de un Decreto de Necesidad y Urgencia, que circuló en las últimas horas y que confirmaba cambios en el financiamiento de estos programas, suma más confusión.
En medio de esta discusión política están quienes sufren el problema en carne propia por tener a algún familiar en tratamientos especiales. No sólo deben enfrentar esa realidad sino que, además, llevan sobre sus espaldas la angustia por un posible recorte a sus prestaciones de salud.
“Soy madre de una niña con Síndrome de Down y estamos muy preocupados por la firma del DNU del Ministro de Economía, Sergio Massa, por el cual frena los fondos a la Superintendencia de Salud. El Ministro ordena recortes en Salud y Educación. Pero en el área de Salud, ordenó frenar los fondos destinados a la Superintendencia de Salud, que es el organismo que reintegra a las prepagas y obras sociales las terapias de las personas con discapacidad” dijo Martina a MDZ
Además de esta medida oficial, desde hace un tiempo, el sistema de salud privado sufre problemas de financiamiento y muchos profesionales están exigiendo un pago adicional por la atención personalizada, pese a tener la cobertura médica, o , directamente, están abandonando las prepagas para atender de forma privada. Esto implica un costo adicional sobre la cuota mensual.
“Yo pago a la obra social por mes, por mi hija y por mí, casi $50.000. Si me sacan las prestaciones voy a tener que pagar cerca de 150 mil pesos para cubrir todo. Las prestaciones, el colegio especial y la atención de psicopedagogas, fonoaudiólogas y demás profesionales. En muchos casos los transportistas no llevan a sus hijos a los colegios sino le pagan al contado porque no confían en que las prepagas o las obras sociales paguen los servicios por la medida de Massa”, agregó Martina.
En tanto, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga, aclaró que "el cumplimiento de la atención integral a las personas con discapacidad es una prioridad para el Gobierno nacional", en respuesta a familiares y prestadores que llevan adelante un acampe en la Plaza de Mayo con el que exponen que niños y niñas "están siendo dejados de lado por las obras sociales", se informó oficialmente.
Pero Martina no puede ocultar su preocupación, pese a la aclaración oficial: “Se genera un problema enorme para las familias que tienen una persona con discapacidad ya que los servicios que les brindaban las obras sociales, pagándoles sus terapias o cualquier prestación de acuerdo a su condición, se encuentran en este momento en peligro de no brindarse más. Por ahora las prestadoras, es decir las psicopedagogas, maestras integradoras, entre otras, han salido a defender sus derechos.”
El temor es que, pese a la aclaración oficial, se avance de alguna manera en los recortes. “La idea está dando vuelta y es muy duro vivir con esa incertidumbre”, explicó.
Más allá de esta medida puntual, los problemas por el financiamiento de las prepagas son reales y las demoras en los pagos desde los organismo oficiales y las financiadoras privadas a los prestadores es otro inconveniente. En muchos casos, las prestaciones se pagan a más de 90 días y sobre la base de aranceles bajos. Esto expulsa a los profesionales.
“Todos los familiares nos encontramos desamparados frente a tal situación, muchas familias podrán pagar a un profesional de manera privada pero un alto porcentaje no. Las familias que tienen personas con discapacidad están desesperadas frente a la pérdida de sus derechos. En mi caso no, pero a otras madres tienen problemas con el transporte al colegio. Los transportistas, como no les pagan hace dos meses, dijeron que tienen que cobrar en el momento de la prestación y en efectivo. No se los puede culpar porque están trabajando. Es muy difícil vivir así, con tanta incertidumbre”, dijo Martina.
La versión oficial es otra: "Desde el 2019 hasta ahora redujimos los plazos de pago a los prestadores de 90 a 45 días", indicó Galarraga a través de un comunicado.
"El tema de discapacidad es siempre sensible y preocupa a las familias y por eso desde el Gobierno nacional queremos llevar tranquilidad: el atraso que se produjo en los pagos a las obras sociales por las prestaciones en discapacidad, se están regularizando desde hoy", agregó el funcionario.