El juez federal Walter Bento, imputado como líder de una banda que cobraba coimas

El juez federal Walter Bento, imputado como líder de una banda que cobraba coimas

La noticia se conoció esta mañana en medio de varios allanamientos. Hay orden de captura contra un grupo de personas, entre ellos tres conocidos abogados de Mendoza. La fiscalía sospecha que existe una red capaz de otorgar beneficios a presos a cambio de dinero. Aquí, todas las claves.

Jorge Caloiro y Facundo García

La fría mañana de este miércoles marcará un hito en la Justicia Federal de Mendoza. Desde temprano se están realizando allanamientos por la causa donde se investiga a una presunta red de coimas que involucra nada menos que al juez en lo penal y electoral Walter Bento, tal vez el magistrado más poderoso de la provincia.

Han transcurrido varios meses de una tensión sorda dentro del edificio de Tribunales. Pero hoy el barómetro rompió todos los récords, porque en estos momentos se están requisando despachos y el trajinar es intenso. Se trata de un hecho inédito para la Justicia Federal mendocina: es la primera vez que se acusa a un juez formalmente por haber cobrado coimas y otros delitos graves.

Las medidas de prueba solicitadas por la fiscalía -allanamientos y rastreo de material que se habría utilizado para cometer los delitos- se realiza con la Policía de Mendoza y sin la participación de la Fuerzas Federales, acaso para evitar las filtraciones que podrían darse a partir del roce continuo que tiene Bento con estas últimas.

Se han ordenado, además, otros procedimientos, incluidas detenciones que son el tema del día en los cafés donde desayunan diariamente quienes gastan suelas por los pasillos tribunalicios.

A quién buscaron

La orden de captura pesa sobre tres abogados locales: Matías Aramayo, Luciano Ortego y Martín Ríos. Todos son bastante conocidos, e incluso Ríos tuvo su experiencia estelar porque fue quien hizo de “mediador” cuando en 2013 la corona vendimial fue robada y posteriormente devuelta a las autoridades. Aramayo es su socio y ambos ya fueron aprehendidos.

En tanto, hasta el mediodía de hoy Luciano Ortego seguía prófugo. Ortego es un letrado mendocino que fue yerno de Emir Yoma, cuñado del ex presidente Carlos Menem. Hace algunos años fue imputado en un expediente que despertó comentarios porque tanto él como su novia zafaron de la cárcel tras pagar más de un millón de pesos a la víctima de una estafa.

La hipótesis del Ministerio Público -avalada por el juez Puigdéndolas- es que el trío, bajo las órdenes de Bento, se habría coordinado para pedir coimas a los detenidos. A estos tres letrados se les suman, en la lista de buscados, unos cuantos individuos que habrían participado en el pago de dinero para beneficiar o liberar a los presos.

Y quien no quedará detenido, a pesar de la amenaza de pena por los graves cargos que se le imputan -de 5 a 40 años-, es Bento. El principal acusado goza de inmunidad de arresto por sus fueros de juez.

Imputaciones

Hasta ahora no hay ningún funcionario ni otros magistrados involucrados: todas las sospechas se centran exclusivamente en actuaciones del Juzgado Federal 1.

Las imputaciones son por asociación ilícita: Bento está señalado como el líder de la banda (art. 210 del Código Penal). Es decir que el juez con competencia electoral de la Justicia Federal mendocina enfrenta una acusación muy dura; dato especialmente preocupante si se tiene en cuenta que está a su cargo el control y desarrollo de las elecciones.

Asimismo, hay imputaciones por cohecho activo y pasivo, lo que podría traducirse en criollo como recibir u ofrecer coimas. En ese encuadre, además del magistrado, entran los tres abogados y los presuntos oferentes del dinero que se transó.

Cuál fue el principio

Tal como viene informando MDZ desde hace más de medio año, el germen de la causa fue la captura de Walter Bardinella Donoso (41), hoy detenido por una causa vinculada al narcotráfico. Cuando cayó este prófugo en Guaymallén -marzo de 2020- y su teléfono fue periciado, se destapó la olla.

De acuerdo a algunas fuentes, el celular de Bardinella guardaba llamadas y conversaciones de Whatsapp y Telegram con personas cercanas a la Justicia Federal de Mendoza. Y no cualquier tipo de conversaciones: las pericias sugieren que negociaba para beneficiarse o beneficiar a acusados.

La tesis es que a cambio de dinero se habrían modificado carátulas de expedientes, se habrían otorgado prisiones domiciliarias por causas como “tener hemorroides”(sic) y hasta se habrían habilitado libertades condicionales.

Vale destacar que en el fuero federal no se tramitan causas ordinarias, sino -entre otros asuntos- expedientes relacionados con la trata de personas, secuestros extorsivos, contrabando y el ya mencionado narcotráfico.

Segundo capítulo

A lo ocurrido con el teléfono de Bardinella Donoso, la causa sumó más tarde otro capítulo. El 28 de julio de 2020 desapareció el ex corredor de aduana Diego Aliaga (51), un sujeto bastante conocido en las trastiendas leguleyas.

Se hizo una denuncia, se inició la búsqueda. Y en esa instancia preliminar se le tomó declaración a Diego Barrera (51), un supuesto “socio” de Aliaga que luego se transformó en uno de los cinco sospechosos por el cautiverio y asesinato de la víctima.

En aquella oportunidad, Barrera comentó que Aliaga tenía contactos en la Justicia Federal y que llevaba adelante “roscas” variopintas. Puntualmente señaló:

“Me da miedo decir esto... pero él sacaba presos del federal, arreglaba y sacaba presos del penal (…) Él ha salvado a muchas personas que hoy están en la calle (…) Diego (por Aliaga) maneja todo en el federal, en la provincia no maneja nada…”.

Hubo quien sostuvo que era una maniobra para embarrar la pesquisa. Es posible. No obstante, el correr de los meses abriría otras posibilidades.

El cadáver de Diego Alfredo Aliaga fue hallado el 10 de septiembre de 2020, un metro bajo tierra y en un campo recóndito de Costa de Araujo (Lavalle). Para ese entonces Barrera, su esposa, dos hijos de la mujer y hasta el chofer de la empresa de transportes “Solcito” ya estaban tras las rejas. Es más: Barrera confesó haber sido él el asesino.

—Discutimos, peleamos y se me murió— dijo.

Pero aquella primera testimonial donde habló de coimas quedó flotando en la memoria de muchos.

La papa caliente

Mientras tanto, se abría en la propia Justicia Federal una investigación para averiguar qué significaban esos extraños mensajes en el celular de Bardinella Donoso. El expediente rebotó de una oficina a la otra: por diferentes motivos, hubo un juez y varios fiscales que se excusaron.

Hasta que el fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones, Dante Vega, decidió agarrar la papa caliente. A su vez, la causa quedó a cargo del juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéndolas.

Parece que los testimonios se fueron acumulando, porque tiempo después Diego Barrera fue citado para declarar otra vez y ratificó lo que había sostenido en los albores de la causa Aliaga. Insistió con la tesis de que el muerto era “puntero” de un juez. La suya, claro, no fue la única declaración.

Fuentes indican que se tomaron numerosos testimonios y que incluso hubo presentaciones espontáneas de personas que habían sido presionadas o tentadas para pagar “cometas” y querían ofrecer su perspectiva.

La versión más común sería esta: Aliaga, Aramayo, Ríos u Ortego se acercaban al imputado y le ofrecía resolver sus asuntos... con la billetera. Si el otro daba el okey y conseguía la plata, accedía a beneficios.

Reacción

Al enterarse de todo esto, el juez Walter Bento se presentó ante la Justicia, patrocinado por el mediático abogado Mariano Cúneo Libarona. Aún no gravitaba sobre él imputación alguna, y sin embargo el magistrado se olía algo, por lo que pidió a título personal -y consiguió- que una dependencia del Estado le revelara si se estaban indagando asuntos relacionados con su patrimonio.

Insólitamente, desde el Registro Público y Archivo Judicial le respondieron y le confirmaron que sí estaba en el foco de una investigación penal. Un verdadero escándalo. Y con ese comprobante en mano, Bento consiguió hacerse parte de la causa y reclamó acceso al expediente.

Para ese entonces, miles de lectores habían conocido los artículos que publicó MDZ, y el juez federal llegó a “sugerir” a uno de los periodistas que siguió el caso en este medio que revele “quién le suministró la información” sobre la causa.

Ahora el paso que sigue es saber qué pruebas hay contra Bento y el resto de los acusados, a quienes -obviamente- asiste la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

  • ¿Aportes? ¿Otra perspectiva? Puede escribir a fgarcia@mdzol.com
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