Favores a presos en la Justicia Federal: el juez Bento pidió ser parte de la causa y designó como abogado a Mariano Cúneo Libarona

La causa en la que se investigan los supuestos "favores" a presos dependientes de la Justicia Federal de Mendoza ya tuvo su primer capítulo de 2021. Y aunque no está acusado, el juez Walter Bento se presentó la semana pasada para “ofrecer pruebas de descargo”.  Según fuentes cercanas a la investigación -que analiza posibles arreglos entre detenidos y magistrados, entre otros delitos-; Bento contará con el patrocinio del conocido abogado Mariano Cúneo Libarona, más un letrado del foro local. 

Vale destacar que el expediente comenzó con la investigación sobre el teléfono de un detenido por narcotráfico, en el que efectivos policiales encontraron indicios de posibles negociaciones entre las oficinas tribunalicias y los imputados: a cambio de dinero se habrían ofrecido libertades, modificaciones de carátula, el otorgamiento de prisiones domiciliarias y otros beneficios que dependen de los jueces. 

Palabras más, palabras menos, la presentación que Bento habría realizado el pasado 27 de enero afirma que a  “se ha puesto en tela de juicio” su labor. Y, en consecuencia, propone presentar pruebas a fin de “limpiar su buen nombre y honor”. 

Esta presentación fue rechazada por el juez Eduardo Puigdéndolas, puesto que Bento no está imputado y no es parte de dicha causa. Se acercó porque le comentaron, o porque “se dio por aludido”. En consecuencia, al menos en teoría, al no ser parte no le correspondería tener acceso al expediente ni a sus copias. 

Respuestas

Ante esta situación, Bento tuvo 3 reacciones: elevó un recurso de aclaratoria, en el que pide que el juez a cargo exprese si da por reconocido el patrocinio legal de Mariano Cúneo Libarona junto al letrado local.

Además sumó un recurso de reposición, en el que insta al juez Puigdéndolas a rever su postura respecto al acceso de Bento al expediente. Por último, sumó un recurso de apelación “en subsidio”. O sea que, en caso de que no se le permita acceder al expediente, Bento se reserva el derecho de que el asunto sea resuelto por otro juez,  ya que Eduardo Piugdéndolas entró de licencia hasta el próximo 8 de marzo.

Si el magistrado consigue apurar el trámite, tendrá acceso al expediente y, por tanto, podrá saber por dónde está yendo la pesquisa. 

No termina ahí

El caso no termina ni comienza ahí, porque en el medio hay testimonios, otros protagonistas y hasta un secuestro seguido de muerte que roza la causa.

Diego Barrera es uno de los cinco imputados por el secuestro y asesinato de Diego Alfredo Aliaga el año pasado. También están detenidos su pareja, los dos hijos de la mujer y un chofer de la empresa que tenían. Sin embargo, en el expediente la presencia de quien se presentaba como “socio” del fallecido empresario resalta con un matiz particular.

Primero, porque es el único acusado que admitió haber matado a la víctima. Y además, porque desde el inicio de la causa mencionó algunos “arreglos” que Aliaga habría gestionado entre detenidos federales y agentes de la Ley.

El jueves pasado, Barrera fue conducido a la U32 tras denunciar maltratos en el penal donde se aloja. Aprovechando que estaba en sede judicial, el fiscal Dante Vega decidió entrevistarlo y consultarlo acerca de sus anteriores dichos relacionados con las sospechas de corrupción en la Justicia. 

Se habla de un sistema de "punteros" que hacían el contacto con los presos federales y les ofrecían arreglos

Su declaración fue extensa: unas cuatro horas. El hombre repasó cómo había comenzado su vínculo con Aliaga y volvió a mencionar a los mismos nombres a los que se refirió en otros momentos. 

Lo que dijo se sumará al expediente. La instrucción, que analiza una posible red de acomodos en uno de los nudos estratégicos de las instituciones provinciales, sigue a toda marcha en esa y otras direcciones. 

El caso

El primer chispazo se produjo en marzo de 2020, cuando la Policía detuvo en Guaymallén a quien por entonces era uno de los hombres más buscados del país: Walter Bardinella Donoso (41). Al capturar al fugitivo -hoy preso por una causa de narcotráfico, la 1015/C-2014- los investigadores secuestraron su teléfono. Y los diálogos que Bardinella Donoso mantenía en sus chats encendieron la alarma.

Se sospecha que operaba -y opera- un camino paraestatal para resolver causas a cambio de dinero

Este diario se interesó desde un principio en que se conociera la verdad. Según pudo saberse, Bardinella Donoso habría discutido sobre posibles liberaciones, cambios en expedientes, etc.

En idioma de la esquina: se sospecha que operaba -y opera- un camino paralelo para resolver causas a cambio de dinero. Con el agravante, además, de que se trata de asuntos federales, donde se persiguen delitos como trata de personas, contrabando y narcotráfico. 

Las hipótesis deberán ser demostradas en Tribunales

¿Quién hace la operatoria? Se cree que la organización se maneja con punteros que concretan el contacto con los imputados, les marcan el “puente alternativo” y luego los invitados deciden. O enfrentan el peso de la Ley, o pagan y su panorama legal se allana. Todo esto, obviamente, entra en el terreno de las hipótesis y deberá ser demostrado en Tribunales, si es que el expediente no termina en el fondo de un archivo.

Tras muchas idas y vueltas, la causa recayó sobre el fiscal de Cámara Dante Vega y el juez federal de San Rafael Eduardo Puigdéndolas.

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