La trama que puso de relieve por qué investigan al juez Walter Bento en la causa por supuestas coimas

El miércoles 10 de marzo, cerca de media mañana, el juez Walter Bento salió de su despacho del tercer piso del edificio de los juzgados federales de calle España. Desde hace tiempo no usa el ascensor exclusivo para magistrados, sino que sube y baja por las escaleras. Quizás para no encontrase cara a cara con el fiscal que lo  investiga. Ese día, papel en mano, se dirigió al Registro Público y Archivo Judicial de Mendoza. No envió a ningún empleado de maestranza, ni representante legal a hacer el trámite. Era una gestión personalísima: preguntar si lo investigaban; si alguien del Poder Judicial había pedido información sobre él y su familia.

Se trataba de una maniobra que legalmente no corresponde y que Bento había intentado sin suerte en otras dependencias. La intención era saber si era parte de la causa en la que se investiga una red de coimas y favores otorgados a presos en la órbita de la Justicia Federal. En el Registro Público aceptaron el extraño escrito de Bento y se desató una bomba con esquirlas en el Poder Judicial provincial y federal.

El juez federal logró su cometido. Con esa información pidió ser parte de una causa secreta y comenzó a accionar. Ahora, recusó el juez, al fiscal y presentó una extensa y dura defensa. Actúa como imputado, aún cuando todavía no tiene ese peso encima. Y hay más: en la justicia federal comenzaron a aparecer denuncias anónimas y otros elementos que son tomados como presiones hacia la Cámara Federal, el fiscal y otros protagonistas. Todo ayudó a sacar a relieve la causa más caliente que se tramita en Mendoza. 

El mecanismo

La forma de ejecutar las consultas por parte del Juez es llamativa. A consecuencia de la pandemia todas las reparticiones públicas aceleraron los procesos de digitalización. Por eso es raro llevar en persona estos pedidos de informe. Walter Bento es uno de los jueces más poderosos de Mendoza, pues tiene a cargo la competencia penal federal y electoral. Pasan por sus manos la libertad o no de sus imputados y además es quien dirime los conflictos entre los partidos políticos y las elecciones. Su presencia en una repartición pública no pasa desapercibida.

MDZ accedió a los documentos que luego desatarían nuevas consecuencias penales.  El Juez Federal Walter Ricardo Bento, solicita textualmente: “viene por el presente a solicitar informe de estado jurídico de inmuebles del S. Walter Ricardo Bento y/o Marta Isabel Boiza, como así también INFORME SI HAN REALIZADO PEDIDOS U OFICIOS DE CUALQUIER TIPO SOBRE EL FIRMANTE O DE SU GRUPO FAMILIAR (NAUEL AGUSTIN BENTO Y LUCIANO EZEQUIEL BENTO”)". 

Es decir, pide un informe sobre el estado jurídico de sus inmuebles, pero seguidamente solicita que le informen si han realizado pedidos u oficios de cualquier tipo sobre él o su familia nuclear.  Quería saber si lo estaban investigando y en ese caso quién lo hacía. El Registro Público cayó en la trampa y en tiempo récord (lo resolvieron el mismo día) le informó que: “Se ha contestado un informe de titularidad histórica y de estado jurídico de inmuebles con entrada del 5 de febrero solicitado por la fiscalía general ante la Cámara Federal de apelaciones.

¿Puede el archivo público o cualquier otra repartición pública  revelar que una fiscalía penal ha solicitado informes sobre el peticionante? La respuesta está en la Ley de protección de datos Personales que en su art 17 segundo párrafo establece: “La información sobre datos personales también puede ser denegada por los responsables o usuarios de bancos de datos públicos, cuando de tal modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso".   

¿Por qué el juez Bento quería obtener esa información? Pues la contestación del registro le abrió la ventana para que el juez, con el patrocino de su abogado Mariano Cúneo Libarona, pidiera por enésima vez se lo tenga por parte y así poder compulsar el expediente, es decir, ver que hay en su contra. Se trata de un ardid no permitido, pero que ahora le habilitó a Bento ser parte.

Si bien existe una investigación penal en curso, el fiscal que la instruye, Dante Vega, no ha formalizado ninguna imputación aún. Es una forma de trabajo en la  Justicia Federal. Investiga durante meses y luego se vienen los allanamientos, imputaciones, detenciones y todas las medidas que crean convenientes.

La investigación

La investigación que puede tocar a Bento se desató luego de que en marzo de 2020 la Policía detuviera en Guaymallén a quien por entonces era uno de los hombres más buscados del país: Walter Bardinella Donoso (41). Al capturar al fugitivo -hoy preso por una causa de narcotráfico- los investigadores secuestraron su teléfono. Y los diálogos que Bardinella Donoso mantenía en sus chats encendieron la alarma.

Como anticipó en exclusiva MDZ desde mediados del año pasado, el detenido habría discutido sobre posibles liberaciones, cambios en expedientes, entre otras irregularidades.  ¿Con quién? Presuntamente, con algunos representantes de la Justifica Federal de Mendoza. Se sospecha que operaba -y opera- un camino paraestatal para resolver causas a cambio de dinero. Con el agravante, además, de que se trata de asuntos federales, donde se persiguen delitos como secuestros, trata de personas, contrabando y narcotráfico.

Se cree que la organización se maneja con punteros que concretan el contacto con los imputados, les marcan el “camino alternativo” y luego los invitados deciden. O enfrentan el peso de la Ley, o pagan y su panorama legal se allana. Todo esto, desde luego, todavía está en el terreno de las hipótesis, al menos hasta que se exhiban todas las pruebas.

La polémica y otra causa judicial

A consecuencia de la supuesta violación de secretos de la investigación penal por la causa de las libertades pagas de parte de funcionarios del Registro y Archivo Publico, se abrió una nueva causa penal  que es investigada por el fiscal Fernando Alcaraz, quien requirió su instrucción formal a manos del Juez Federal Marcelo Garnica. Esta nueva causa tratará de dilucidar qué responsabilidad penal les cabrá a los posibles partícipes en un abanico de hipótesis penales. Desde abuso de autoridad a incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Walter Bento habría hecho lo mismo en varias reparticiones públicas más, donde, habitualmente, los investigadores requieren información. Y bajo el mismo mecanismo: nota impresa en mano y personalmente. Según fuentes judiciales, cuando el fiscal Dante Vega solicitó al registro el informe sobre las propiedades de Bento y familia, el registro demoró más de 10 días en darle la información requerida; cuando Walter Bento se presentó personalmente en el registro, le dieron la misma información en horas.