Los casos que llevaron al Gobierno a endurecer el protocolo ante ciberdelitos y amenazas en escuelas
Desde el tiroteo de San Cristóbal, Santa Fe, se desató una oleada de amenazas que terminaron con la reestructuración del protocolo.
El tiroteo escolar en San Cristóbal desató una "ola de amenazas" que provocó la medida del Ministerio de Seguridad.
Este miércoles, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, redefinió la actuación de las fuerzas policiales en entornos digitales para enfrentar una problemática creciente: la violencia escolar coordinada y difundida a través de redes sociales. Este endurecimiento de los protocolos surge tras un diagnóstico oficial que calificó a la normativa previa como "insuficiente" para dar respuestas operativas eficaces ante situaciones de urgencia, gravedad e inminencia.
“El incremento de casos de público conocimiento vinculados a amenazas de violencia masiva en establecimientos educativos difundidas a través de plataformas digitales y redes sociales de acceso público ha puesto de manifiesto que la normativa vigente resulta insuficiente para dar respuesta operativa eficaz ante situaciones de urgencia que, por su gravedad e inminencia, no admiten demora en la actuación preventiva de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”, señaló el escrito oficial del Ejecutivo.
El detonante: caso de Santa Fe y la subcultura del "True Crime"
El punto de inflexión que forzó la revisión de los protocolos fue la tragedia ocurrida el 30 de marzo de 2026 en la Escuela N.º 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, Santa Fe. Allí, un adolescente de 15 años ingresó con una escopeta oculta y disparó contra sus compañeros, provocando la muerte de Ian Cabrera (13 años) e hiriendo a otros ocho estudiantes.
Este incidente reveló la conexión de menores con la "True Crime Community", una subcultura digital que fomenta la fascinación por asesinatos masivos. Según expertos del Departamento Antiterrorista de la PFA, este proceso de radicalización en foros y plataformas como Discord o Telegram incluye desde el consumo de material ilícito hasta la planificación de ataques propios.
Tras el hecho de San Cristóbal, se desató una "oleada de amenazas" en varias partes del territorio nacional, con casos en Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. Mensajes como "los vamos a matar" o "tiroteo escolar pronto" se vieron en múltiples escuelas tras el tiroteo de San Cristóbal. Estos casos, terminaron forzando cierres preventivos y obligando a las autoridades a investigar si se trataba de amenazas reales o desafíos virales de mal gusto.
Algunos de estos casos fueron:
- Santa Fe: En Sunchales y Rafaela, un joven de 16 años fue detenido tras viralizar mensajes como “vamos a matar a todos porque no pude matar a nadie”. En su domicilio se incautó un revólver calibre .22.
- Buenos Aires: Un adolescente de 15 años fue allanado en La Matanza tras amenazar con una masacre en el Colegio Domingo Savio de Aldo Bonzi a través de WhatsApp, enviando fotos de armas de fuego.
- Córdoba: La provincia registró más de 100 denuncias en una semana. Se detectaron mensajes intimidatorios en el IPEM 142 de La Falda y el Colegio Carbó de la capital, vinculando a un menor de 13 años con la misma comunidad digital del asesino de Santa Fe.
- El reto “Mañana tiroteo”: Este mensaje apareció escrito en baños de escuelas en CABA, Neuquén, Mendoza y Tucumán, forzando cierres preventivos y obligando a las autoridades a investigar si se trataba de amenazas reales o desafíos virales de mal gusto.
Detalles de la resolución: las 5 excepciones clave
La nueva normativa sustituye el inciso g. del artículo 3.° de la anterior Resolución 428/2024. Aunque mantiene la prohibición general de tratar datos sensibles de menores sin orden judicial, habilita a las fuerzas de seguridad a mantener el monitoreo en tiempo real ante cinco supuestos excepcionales:
- Riesgo de vida inminente para el menor.
- Indicios de que el menor se encuentra desamparado, fugado o sustraído de su entorno.
- Indicios de conducta autolesiva o suicida, sin necesidad de acreditar certeza sobre la inminencia del daño.
- Cuando el menor sea presunta víctima de un delito en curso y la suspensión del monitoreo comprometa la identificación del autor.
- Riesgo para terceros: Cuando existan indicios fundados de planificación de actos de violencia masiva en establecimientos educativos u otros espacios públicos, sin importar si el menor es víctima o autor.
El nuevo programa y su rol
El Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Cibercrimen, creado a principios de 2025, es la pieza central para operativizar estos cambios. Su responsabilidad es coordinar y brindar asesoramiento técnico en investigaciones complejas y urgentes.
A través de una Unidad 24/7, el ForCIC articula acciones con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permitiendo una respuesta federal integrada frente a delitos que, como las amenazas escolares, trascienden los límites geográficos y se propagan con la velocidad de un clic. Con esta medida, el Gobierno busca un equilibrio entre la protección de la privacidad y la necesidad imperativa de prevenir tragedias en el ámbito educativo.