Comenzaron a cobrar los operativos por amenazas de masacre escolar: un papá debió pagar $6 millones
Los gobiernos provinciales comienzan a notificar la deuda por los operativos de seguridad a los padres de un menor identificado.
La gran mayoría de amenazas de tiroteos escolares en la provincia de Santa Fe ocurren en Rosario.
El Gobierno de Santa Fe dio un paso firme en su política de "tolerancia cero" ante las intimidaciones en establecimientos educativos. Este lunes, el Ministerio de Justicia y Seguridad entregó la primera notificación de cobro a los padres de un estudiante que realizó una amenaza de bomba, marcando un precedente en la provincia sobre la responsabilidad económica de los adultos ante los actos de los menores.
El monto total de la intimación asciende a $6.024.944, cifra calculada en base al costo del despliegue policial, personal de explosivos y servicios de emergencia que se activaron tras la falsa alarma. Lo más llamativo de la jornada fue la reacción del progenitor al recibir la boleta en su domicilio, quien manifestó espontáneamente ante los oficiales: “Cara la jodita”.
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Detalles del operativo y plazos de pago
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, brindó una conferencia de prensa tras el procedimiento realizado en la ciudad de Santa Fe. Explicó que la notificación fue dirigida a ambos padres en calidad de responsables solidarios.
La normativa establece un esquema de cumplimiento estricto:
Contenido: La boleta detalla el monto exacto de la deuda acumulada por el operativo de seguridad.
Plazo: Los responsables tienen un término de cinco días hábiles para abonar.
Instancia judicial: En caso de no efectuarse el pago, los antecedentes serán girados automáticamente a la Fiscalía de Estado para el inicio del cobro por vía judicial.
Más de 50 hechos identificados en la provincia
Cococcioni destacó que este es solo el primer caso de una serie de cobros que se ejecutarán en las próximas semanas. Según los registros oficiales, ya se han identificado a los responsables de 58 hechos de amenazas escolares, lo que involucra a más de 70 personas entre autores materiales y adultos responsables.
“A medida que la Fiscalía valida las identidades, ya sean mayores o menores, punibles o no, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones”, sentenció el funcionario.
El costo de las falsas alarmas
El objetivo de la medida, además de resarcir las arcas públicas, es generar un efecto disuasorio. Las amenazas escolares no solo interrumpen el calendario académico, sino que desvían recursos críticos de seguridad que deberían estar destinados a la prevención del delito en la vía pública.
Con este primer cobro de 6 millones de pesos, Santa Fe busca enviar un mensaje claro: las acciones de "broma" o intimidación tendrán un impacto directo y severo en el patrimonio de quienes no ejerzan la debida tutela sobre los menores a cargo.