Cobrarán los operativos a quienes realicen falsas amenazas en las escuelas: dónde regirá la medida
El gobierno de Córdoba implementó un duro protocolo ante la creciente ola de amenazas en las escuelas.
En todo el país hay una ola de amenazas en las escuelas, muchas de las cuales son falsas.
ShutterstockLa provincia de Córdoba decidió poner precio a la irresponsabilidad. Ante el aumento de falsas amenazas de tiroteo en escuelas registrado en las últimas semanas, el gobierno provincial formalizó un protocolo que obliga a los responsables de esos actos a hacerse cargo de los costos que generan en el Estado.
La medida, impulsada por el Ministerio de Seguridad provincial, establece que los gastos derivados de cada intervención —personal policial, móviles, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación— serán reclamados a los padres o adultos responsables de los menores identificados e imputados por la Justicia.
Según el documento oficial, el procedimiento prevé que, una vez identificados los responsables, se cuantifiquen los recursos humanos y materiales utilizados en cada operativo. A partir de esa información, el Estado avanzará primero con la intimación de pago y, si fuera necesario, con acciones judiciales.
Qué operativo se activa ante las amenazas en las escuelas
El ministro Juan Pablo Quinteros fue contundente al explicar el alcance de la medida: "Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza en una escuela, se activa un importante dispositivo estatal. Se movilizan efectivos, unidades especiales y sistemas de emergencia que deberían estar cuidando a los vecinos en otros puntos de la provincia. Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad".
El funcionario también subrayó que estas situaciones no deben minimizarse: alteran el funcionamiento normal de las escuelas, generan angustia en estudiantes, docentes y familias, y obligan a una respuesta inmediata del Estado que compromete recursos destinados a la prevención del delito en otros sectores.
Aunque las autoridades sospechan que parte de estas acciones podría estar vinculada a retos virales en redes sociales, remarcaron que se trata de conductas constitutivas de delito, independientemente de la motivación.
La implementación del protocolo se realizará en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y las áreas administrativas correspondientes.