Malestar en España por la Ley de Nietos y una supuesta jugada política del oficialismo: qué está pasando
La Ley de Nietos de España es cuestionada por la oposición, que denuncia una maniobra del gobierno de Pedro Sánchez para captar votantes en el extranjero.
La Ley de Nietos permitió que miles de argentinos iniciaran el trámite para obtener la ciudadanía de España.
ShutterstockLa Ley de Nietos fue una oportunidad única para millones de latinoamericanos que buscaron recuperar el vínculo con España a través de la nacionalidad. Sin embargo, del otro lado del Atlántico, la oposición comenzó a mirar esta herramienta con fuertes sospechas y ahora acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de impulsar una “ingeniería electoral” para ampliar el número de votantes en el exterior.
La polémica se instaló en España después de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, apuntara directamente contra el Ejecutivo español por los procesos de nacionalización vinculados a la Ley de Nietos, nombre con el que se conoce popularmente a una parte de la Ley de Memoria Democrática. Según el dirigente opositor, el Gobierno estaría "fabricando votantes" mediante la concesión de nacionalidades.
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La discusión no se limita al plano político. Iustitia Europa, organización encabezada por Luis María Pardo, presentó una denuncia y una solicitud de actuación urgente ante la Junta Electoral Central. El planteo apunta a revisar cómo se incorporan al censo electoral los nuevos ciudadanos españoles que residen fuera de España y que accedieron a la nacionalidad por la Ley de Nietos.
Qué cuestiona la oposición en España
El foco de la denuncia está puesto en el voto CERA, es decir, el censo electoral de los españoles que viven en el extranjero. Allí quedan incluidos los ciudadanos españoles residentes fuera del país y, por lo tanto, también pueden ingresar quienes obtuvieron la nacionalidad a través de la Ley de Nietos.
Para la oposición, el punto sensible no es solo cuántas personas se suman al padrón, sino dónde queda registrado cada nuevo votante. En España, los votos del exterior se computan dentro de una provincia determinada y eso puede influir en el reparto de bancas, especialmente en distritos donde la diferencia entre partidos es ajustada.
Por eso, la denuncia de Iustitia Europa pide que se revisen los criterios usados para asignar una provincia a cada nuevo ciudadano español que vive fuera del país. El planteo busca saber qué documentación se exige y qué respaldo tiene esa inscripción cuando una persona accede a la nacionalidad mediante la Ley 20/2022.
En otras palabras, la sospecha de la oposición es que una incorporación masiva de nuevos votantes en el exterior podría tener efecto electoral si esos ciudadanos son ubicados en provincias clave. Por ahora, se trata de una denuncia y de una acusación política, ya que no hay una resolución que confirme irregularidades.
Luis María Pardo sostuvo en X que Iustitia Europa presentó la denuncia "ante la inacción de los políticos" y pidió medidas urgentes para "fiscalizar la adscripción provincial del voto exterior". Además, rechazó que el planteo sea una "teoría conspirativa" y aseguró que se trata de "velar por la transparencia electoral en España".
La Ley de Nietos y el voto exterior
La Ley de Nietos permitió que descendientes de españoles pudieran acceder a la nacionalidad en determinados supuestos vinculados con el exilio y la pérdida o renuncia de la nacionalidad española. La norma generó un fuerte interés en América Latina, especialmente en países con una amplia descendencia española.
En ese contexto, Argentina aparece como uno de los países donde la medida tuvo mayor repercusión. Miles de personas iniciaron trámites en consulados españoles para acceder a la nacionalidad y quedar reconocidas como ciudadanos de España.
El cuestionamiento político aparece ahora por el posible efecto electoral de esas nacionalizaciones. Feijóo aseguró que, si llega al Gobierno, reformará la ley de nacionalidad para evitar lo que considera un uso electoral de la medida. Desde su mirada, el Gobierno de Sánchez no actuó con ingenuidad y buscó ampliar el universo de votantes en el exterior.
Una polémica que puede crecer
Por ahora, la acusación forma parte de una disputa política y de una denuncia que deberá ser evaluada por la Junta Electoral Central. No hay una resolución que confirme irregularidades, pero el tema ya quedó instalado en la agenda pública de España.
La Ley de Nietos, que para muchos descendientes representó la posibilidad de recuperar una ciudadanía familiar e histórica, entró así en un terreno mucho más sensible: el de la competencia electoral. La discusión ya no pasa solo por quiénes pueden acceder a la nacionalidad española, sino también por cómo se incorporan esos nuevos ciudadanos al sistema de voto exterior.
La presidenta de la Comunidad de Madrid también se hizo eco de la polémica
Isabel Díaz Ayuso también se sumó a las críticas contra la Ley de Nietos y apuntó directamente contra los consulados españoles. La presidenta de la Comunidad de Madrid advirtió que otorgar la nacionalidad a personas que, según su criterio, no cumplen con los requisitos correspondientes, sería "ilegal". Por eso, lanzó un aviso a cónsules y funcionarios que intervienen en esos trámites.
Durante un coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección, Ayuso sostuvo que la aplicación de esta norma podría tener consecuencias electorales en España. Según afirmó, Argentina podría convertirse en la tercera provincia con mayor cantidad de votos en las próximas elecciones, en referencia al peso que tendría el voto exterior de nuevos ciudadanos españoles.
La dirigente del Partido Popular también cuestionó el despliegue de agentes gubernamentales en embajadas españolas. A su entender, esa estructura buscaría modificar las reglas del juego electoral y alterar el reparto de escaños mediante cambios en el censo. En esa línea, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de intentar cambiar el mapa electoral a través del voto exterior.
Además, Ayuso vinculó esta discusión con la regularización extraordinaria de migrantes, otra medida que también criticó con dureza. Según planteó, el Gobierno no debería tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria según el cálculo electoral. Para la presidenta madrileña, la política española “se está desquiciando” y se está poniendo en cuestión la soberanía expresada en las urnas.
Una polémica que puede crecer
Por ahora, la acusación forma parte de una disputa política y de una denuncia que deberá ser evaluada por la Junta Electoral Central. No hay una resolución que confirme irregularidades, pero el tema ya quedó instalado en la agenda pública de España.
La Ley de Nietos, que para muchos descendientes representó la posibilidad de recuperar una ciudadanía familiar e histórica, entró así en un terreno mucho más sensible: el de la competencia electoral. La discusión ya no pasa solo por quiénes pueden acceder a la nacionalidad española, sino también por cómo se incorporan esos nuevos ciudadanos al sistema de voto exterior.