La Ciudad de Buenos Aires refuerza el control para atacar la mafia de los celulares robados
El Gobierno de Jorge Macri endureció los controles para evitar que celulares robados ingresen al circuito comercial de Buenos Aires. Los alcances del decreto.
El Gobierno porteño refuerza controles sobre venta y reparación de celulares usados en la ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un nuevo esquema de control sobre la comercialización y reparación de celulares usados, con el objetivo de atacar el circuito de venta y desarme de equipos robados. La medida fue instrumentada a través de un decreto firmado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
La nueva legislación declara por 90 días la emergencia de la actividad y establece controles extraordinarios sobre comercios, equipos, partes y repuestos.
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“Se terminó la mafia de los celulares robados. Declaramos la emergencia para caerles con todo el peso de la ley”, afirmó Macri al anunciar la iniciativa. Y remarcó: “El que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante: es un delincuente que forma parte de una red mafiosa”.
El mandatario porteño sostuvo además que en las zonas consideradas de mayor riesgo no se habilitarán nuevos locales dedicados a la reparación de celulares. “Van a tener que demostrar el origen de cada pieza que tengan. Ley y orden”, señaló.
Más controles y trazabilidad en Buenos Aires
Uno de los principales puntos del decreto es la creación de un registro destinado a garantizar la trazabilidad de las actividades vinculadas con la reparación y comercialización de celulares usados.
La Agencia Gubernamental de Control (AGC), junto con el Ministerio de Seguridad porteño, deberá reforzar durante el período de emergencia la fiscalización de los establecimientos y desarrollar operativos coordinados en aquellos puntos donde se detecten mayores indicadores de riesgo.
Los comercios deberán acreditar la procedencia legítima de los teléfonos, piezas y repuestos que tengan para la venta o reparación. En aquellos casos en los que no puedan demostrar el origen de los elementos, la AGC podrá disponer la clausura del establecimiento.
La intención es avanzar sobre uno de los eslabones centrales del circuito del robo de celulares: la posibilidad de introducir los equipos sustraídos en el mercado formal, ya sea para su reventa completa o para el desarme y comercialización de sus componentes.
Cuatro zonas de alta criticidad
El decreto establece además la creación de “Zonas de Alta Criticidad”, definidas a partir de distintos indicadores vinculados con el delito y la actividad comercial.
Entre los criterios considerados figuran la concentración territorial de delitos e infracciones, los secuestros y recuperos de celulares, denuncias e investigaciones, los resultados de operativos de control, la cantidad de establecimientos dedicados al rubro y los antecedentes de incumplimientos.
Las primeras áreas alcanzadas por la intervención son Retiro-Microcentro, Balvanera-Once, Liniers-Límite Oeste y Chacarita-Villa Crespo.
Durante los 90 días de emergencia, en esos sectores quedará suspendido el inicio y la tramitación de nuevas autorizaciones para actividades vinculadas con la comercialización o reparación de celulares usados.
La restricción también alcanzará las transferencias de habilitaciones y las ampliaciones de rubro o superficie destinadas a esas actividades.
Un esquema que busca cerrar el circuito
Según el Gobierno porteño, las medidas forman parte de un esquema escalonado. En una primera etapa se reforzarán los controles durante la emergencia; luego se focalizarán las intervenciones en las zonas consideradas críticas y, como mecanismo permanente, se consolidará un sistema de registro y trazabilidad.
El objetivo es que puedan identificarse los establecimientos, los equipos y las operaciones involucradas, dificultando que teléfonos robados sean incorporados nuevamente al circuito comercial.
La iniciativa se inscribe, además, en la política de seguridad y orden urbano que la gestión de Jorge Macri asegura haber profundizado desde diciembre de 2023.
Desde el Ejecutivo porteño mencionaron como parte de ese proceso el desalojo de 670 cuadras ocupadas por manteros en parques, plazas y veredas comerciales, los operativos de control en los accesos a la Ciudad y en grandes centros de transporte, la recuperación de más de 900 propiedades usurpadas y los controles sobre nuevas construcciones en barrios y villas, entre ellas la Villa 31 y La Carbonilla.
Con la emergencia sobre el mercado de celulares usados, el Gobierno porteño busca ahora avanzar sobre otro circuito que vincula delito, comercio informal y reventa de bienes robados, con la trazabilidad como herramienta para seguir el recorrido de cada equipo y sus componentes.