Condena histórica por cazar un yaguareté: tres años de prisión en suspenso
El comerciante Carlos Chagra reconoció haber perseguido y matado a un yaguareté en Formosa. La condena fue dictada en un juicio abreviado.
El comerciante Carlos Chagra fue condenado este martes a tres años de prisión en suspenso por la caza de un yaguareté en cercanías de Clorinda, Formosa. La pena, dictada por el Juzgado Federal N°2 de esa provincia, es la máxima prevista por la Ley 22.421 para el delito de caza prohibida de fauna silvestre agravada por la participación de tres o más personas.
La condena se conoció luego de un giro en el proceso judicial. Lo que estaba previsto como el comienzo de un juicio oral y público terminó resolviéndose mediante un juicio abreviado, acordado entre la Fiscalía, la defensa y las tres querellas: la Administración de Parques Nacionales, la Fundación Red Yaguareté y el Gobierno de Formosa.
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La audiencia se realizó de manera virtual y estuvo encabezada por la jueza federal Belén López Macé. Durante el encuentro, Chagra reconoció haber participado de la persecución y muerte del ejemplar, y admitió además que el daño provocado por la pérdida del animal no puede ser reparado económicamente.
Como parte del acuerdo también se estableció el pago de una suma de cinco millones de pesos, aunque todavía resta definir a qué organismo será destinado ese dinero. Los fundamentos de la sentencia y las reglas de conducta que deberá cumplir el condenado se conocerán el próximo 7 de septiembre, en una audiencia que, en principio, también sería remota.
Un cambio en la postura del acusado
La resolución marcó un cambio significativo respecto de la posición que Chagra había sostenido durante la investigación. Hasta antes del juicio había negado ser el hombre que aparecía en las imágenes, aseguraba que nunca había matado un animal y cuestionaba la autenticidad del video incorporado como evidencia.
Incluso había sostenido que no se encontraba en la Argentina cuando ocurrió el episodio. Sin embargo, al aceptar el juicio abreviado y ratificar el acuerdo ante la magistrada, reconoció finalmente su participación en la cacería.
La causa comenzó después de que se difundiera en redes sociales un video en el que se observa la persecución del yaguareté y su posterior muerte. El material había sido publicado por el propio acusado y se convirtió en una de las principales pruebas del expediente.
El yaguareté en peligro de extinción
El episodio ocurrió el 19 de diciembre de 2022, en una zona próxima a Clorinda, un día después de la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar.
En las imágenes se escuchaba a uno de los participantes describir la persecución y celebrar el hallazgo del animal, al que calificaba como un ejemplar macho de gran tamaño. La investigación también incorporó fotografías y otros elementos que permitieron vincular a Chagra con el hecho.
El yaguareté es una de las especies más amenazadas de la Argentina y se encuentra en peligro crítico de extinción. Su situación está relacionada, entre otros factores, con la pérdida de ambientes naturales, la disminución de sus presas y la caza furtiva.
Por su delicado estado de conservación, fue declarado Monumento Natural Nacional en 2001, la máxima categoría de protección que puede recibir una especie en el país. Parques Nacionales es la autoridad encargada de su protección a nivel nacional.
Condena histórica
La abogada Natalia Cardozo, coordinadora de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Jurídicos de Parques Nacionales, destacó la importancia de la resolución judicial y del reconocimiento realizado por el acusado.
“Es un logro muy importante. También lo es que Chagra haya reconocido el hecho”, señaló la funcionaria, quien participó de la audiencia junto con la letrada Mariel Schneider.
El fallo constituye el segundo antecedente de una condena judicial por la caza de un yaguareté en la Argentina.
El primer caso se produjo en agosto de 2025, cuando el Juzgado Federal N°1 de Formosa condenó a cuatro hombres por haber cazado y carneado otro ejemplar en julio de 2024, en la zona de Ibarreta.
En aquel expediente, tres de los acusados recibieron penas de dos años de prisión efectiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, mientras que el cuarto fue condenado a dos años de prisión en suspenso.
