La millonaria suma que deberá pagar un grupo cazadores por matar un yaguareté
Lo resolvió la Cámara Federal de Resistencia, Chaco, al rechazar un recurso de los tres condenados por el asesinato de un yaguareté en la provincia de Formosa.
La preservación del yaguareté se ha convertido en una prioridad ambiental.
NALa Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó un recurso de queja presentado por la defensa de Viterman Ponce de León, Walter Hugo Ponce de León y Claudio Hugo Cisneros, los tres cazadores condenados por la muerte de un yaguareté en la provincia de Formosa.
Asimismo, la Cámara ratificó la decisión del Juzgado Federal de Primera Instancia de Resistencia, Chaco, que supeditó el tratamiento de su solicitud de libertad condicional al cumplimiento previo de las obligaciones ambientales impuestas en la sentencia.
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La decisión implica que los condenados, para acceder a cualquier beneficio que implique su libertad, deberán primero cumplir con la reparación económica destinada a la conservación de la especie que cazaron ilegalmente y con la capacitación ordenada. De lo contrario, permanecerán privados de su libertad en los términos dispuestos en la sentencia condenatoria.
Así fue el proceso judicial que se derivó de la caza ilegal del yaguareté
El hecho se produjo el 15 de agosto de 2025, cuando los tres imputados fueron condenados a dos años de prisión efectiva por infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna.
En el fallo, el magistrado estableció dos obligaciones complementarias: el pago individual de cinco millones de pesos en un plazo de 90 días, con destino exclusivo al Programa de Conservación del Yaguareté dependiente del Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa, y la culminación de una capacitación sobre protección y convivencia con la especie Panthera Onca y otras especies protegidas.
En octubre, la defensa solicitó la libertad condicional de sus representados al amparo del artículo 13 del Código Penal. Frente a este pedido, el juez de ejecución dictó una providencia en la que requirió que, previo a dar tratamiento a la solicitud, se acreditará el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la sentencia, bajo apercibimiento de revocar la condicionalidad de la condena.
La Cámara Federal priorizó la reparación del daño ambiental
La defensa interpuso un recurso de apelación argumentando que la resolución afectaba la libertad ambulatoria de sus defendidos al supeditar el pedido al pago de una obligación económica. Frente a esto, el juez denegó el recurso por considerar que se trataba de una providencia simple, es decir, una medida de mero trámite no apelable.
La defensa, a la vez, articuló un recurso de queja directa ante la Cámara Federal, que ahora fue rechazado. Los camaristas coincidieron con el juez de primera instancia en que el proveído cuestionado se limitaba a ordenar una medida de impulso y constatación previa, necesaria para encauzar el trámite del planteo, sin resolver el fondo del pedido ni modificar materialmente el régimen de cumplimiento de la condena. "No se configura en esta etapa un gravamen irreparable que habilite la apelación", sostuvieron los jueces Rocío Alcalá y Enrique Bosch.
De esta forma, para acceder a cualquier beneficio que implique su libertad, los acusados deberán primero cumplir con la reparación económica destinada a la conservación de la especie que cazaron ilegalmente y con la capacitación ordenada. De lo contrario, permanecerán privados de su libertad en los términos dispuestos en la sentencia condenatoria.
El fallo adquiere especial relevancia en la provincia de Formosa, donde la preservación del yaguareté, especie en peligro crítico de extinción en Argentina, se ha convertido en una prioridad ambiental; especifica el diario El Comercial de Formosa.