Anularon los cargos millonarios

En un fallo dividido, la Corte salvó al exfuncionario cornejista Oscar Sandes

El juez Julio Gómez consideraba que había que ratificar el fallo que obligaba al extitular de Vialidad Provincial a devolver millones de pesos. Pedro Llorente y Teresa Day lo excusaron de lo sucedido.

Mariano Bustos
Mariano Bustos lunes, 22 de abril de 2024 · 10:37 hs
En un fallo dividido, la Corte salvó al exfuncionario cornejista Oscar Sandes
Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Luego de cuatro años, la Suprema Corte de Justicia se expidió respecto al planteo del extitular de Vialidad Provincial, Oscar Sandes, y en un fallo dividido lo eximió de pagar los cargos millonarios que le había impuesto el Tribunal de Cuentas por serias irregularidades detectadas en el ejercicio 2019. En aquel entonces, el órgano de control detectó maniobras fraudulentas por más de 5 millones de pesos y formuló cargos para que los responsables devolvieran el dinero. Entre ellos, Oscar Sandes. Pero gracias al voto de los jueces Pedro Llorente y Teresa Day, el exfuncionario cornejista fue salvado, a pesar de que el juez Julio Gómez lo consideraba responsable por omisión en el cumplimiento de sus funciones.

Para entender el caso es necesario recordar que el Tribunal de Cuentas confirmó que el dinero de la caja chica de Vialidad se usaba de forma discrecional y que habían vales personales con cargas de combustible de vacaciones de funcionarios, compras de regalos particulares, préstamos y otros manejos ilegales para hacerse con fondos del Estado. Al destaparse el escándalo, la gerenta de Recursos Humanos, Corina Gallardo, admitió ante escribano público que había falsificado la firma de Sandes para poder disponer del dinero y lo había utilizado con fines personales.

El desvío está confirmado y los propios responsables admiten que el hecho ocurrió. Al enterarse de ello, Oscar Sandes denunció penalmente a Corina Gallardo y la causa avanzó en el fuero penal. Pero el Tribunal de Cuentas entendió, a la hora de formular cargos para que se devuelva a las arcas estatales ese dinero, que Sandes era responsable por no haber detectado lo que estaba ocurriendo con los fondos del organismo que él conducía. Así lo determinaron los vocales Héctor David Caputto, Ricardo Pettignano, y Mario Francisco Angelini a pesar de que el presidente del Tribunal de Cuentas, Néstor Parés y la vocal Liliana Muñoz (ambos designados por Alfredo Cornejo) entendían que Sandes debía ser multado, pero no emplazado a devolver el dinero.

El caso se politizó y el Tribunal de Cuentas quedó partido en dos. Por un lado, los vocales de origen peronista argumentaban que Sandes era responsable por la falta de control, y por el otro los cornejistas -sumados al secretario Relator Gustavo Riera- afirmaban que la falta de control es una responsabilidad indirecta a la que le corresponde la sanción de multa. Es decir, el cargo le correspondía a los responsables directos del desvío de fondo y le pateaban la pelota a la Justicia y a la Fiscalía de Estado para que determinaran quiénes eran esos responsables.

Oscar Sandes fue titular de Vialidad entre 2015 y 2019.

La discusión llegó a la Corte

En la Corte la historia no fue muy diferente. Julio Gómez, persona que conoce mejor que nadie el funcionamiento del Tribunal de Cuentas por haber sido durante años secretario Relator, coincidió con los argumentos de Caputto, Pettignano y Angelini. "Considero que la responsabilidad del Sr. Sandes deriva de la importante y concreta función que cumplía como Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad quien, como tal, tenía el deber de hacer observar la ley, los reglamentos y las resoluciones del Consejo Ejecutivo y ejecutar estas últimas conforme lo previsto en el art. 11 de la Ley N° 6.063", manifestó Julio Gómez.

"El actor no podía desconocer las observaciones en relación al manejo de los fondos ni los defectos en la reglamentación que había dado anteriormente lugar a las irregularidades advertidas, circunstancias que debieron ser especialmente tenidas en cuenta para lograr el correcto control sobre los fondos", agrega Gómez en su argumentación y adhiere que el propio Sandes reconoce que los hechos ocurrieron pero se escuda en que él no estaba al tanto y su firma fue falsificada por Corina Gallardo.

"Aún confiriéndole validez a todas aquellas afirmaciones, es claro que el más mínimo control sobre los fondos permanentes, habría puesto en evidencia las groseras falencias en las cuentas, tal como ocurrió cuando puso en marcha, aunque tardíamente en el mes de octubre de 2.019, una auditoría contable", destacó Gómez y votó a favor de ratificar los cargos formulados por el Tribunal de Cuentas agregando que según la investigación penal el perjuicio económico a Vialidad Provincial sería superior a lo estimado y llegaría a los 12 millones de pesos (a valores del 2019).

"El desorden extremo que se enuncia en la demanda no puede constituir un argumento de liberación de responsabilidad contable, esto es, no puede justificar en sí mismo el uso indebido de los fondos que el Administrador debe rendir. Por el contrario, aparece ligado al incumplimiento de deberes establecidos a su cargo. Todas las circunstancias señaladas me llevan a considerar que el Fallo N° 17.357, resulta razonable y acorde a las circunstancia de hecho y derecho verificadas en la causa, por lo que debe ser confirmado", sentencia Julio Gómez.

Los votos que salvaron a Sandes

Sin embargo, los jueces Pedro Llorente y María Teresa Day discreparon con Gómez y liberaron de culpa a Oscar Sandes, anulando los cargos millonarios y excusándolo de devolver cerca de 5 millones de pesos.

"Disiento respetuosamente con mi distinguido colega de Sala y estimo pertinente adelantar que el fallo aquí cuestionado resulta manifiestamente arbitrario tanto por las razones que se desprenden del texto del mismo y que a continuación abordaré, como por el resto de las circunstancias que surgen de la tramitación de la causa y que ponen en evidencia la ilegitimidad del obrar administrativo", manifestó Llorente y tomó como propios los argumentos que habían vertido en su momento Néstor Parés, Liliana Muñoz y Gustavo Riera sobre el tema.

"El voto disidente, del Dr. Parés y de la Dra. Lázzaro, coincidió con la Secretaría Relatora en cuanto a dejar expedita la vía judicial para que Fiscalía de Estado reclame el daño patrimonial en la justicia, donde deben desentrañarse algunas situaciones que impiden en el caso obtener el grado de certeza necesario para la aplicación del cargo por el daño patrimonial producido al erario público. Es decir, consideró al acta notarial de reconocimiento como un elemento más a tener en cuenta, debiendo la veracidad de los hechos ser desentrañada en el ámbito judicial", esgrime Llorente afirmando que al admitir Gallardo la falsificación de firmas, no hay certezas sobre la participación de Sandes y por ende no corresponde hacerlo responsable de la generación del daño.

Para Llorente y Teresa Day la falsificación de la firma de Sandes por parte de Corina Gallardo se rompe "el nexo de causalidad que debía existir entre los hechos investigados y la conducta desplegada, para dar lugar a responsabilidad". Señalan que es "ilógico" que se responsabilice tanto a Gallardo como a Sandes

El núcleo de la disidencia es que para Llorente y Day respecto a la responsabilidad de Sandes por las tareas delegadas a sus subalternos.  "Se advierte sesgada la interpretación que realizó el Tribunal de Cuentas al considerar que del articulado se extraía con claridad la responsabilidad del Administrador en el control de toda la actuación de la repartición", esgrimió Llorente. "Por el contrario, las irregularidades endilgadas parecerían hallarse en la órbita de competencia propia de los funcionarios que tenían a su cargo el Sector Contable y la Tesorería del organismo en cuestión", adhiere.

Por todo ello, se resolvió darle lugar al planteo de Sandes y anular los cargos que se le formulaban en el fallo 17.357. Pero eso no libera de responder patrimonialmente al resto de los exfuncionarios sancionados, entre los que aparecen la propia Corina Gallardo. 

El fraude en Vialidad

En el año 2019 se detectaron gastos irregulares en Vialidad Provincial. Además de cargas de combustibles fuera horario en vehículos ajenos a la DPV, se visualizó un gasto efectuado por un viaje a Mar de Ajó con estadía a nombre de la responsable de Recursos Humanos, Corina Gallardo. La funcionaria se pagó en sus vacaciones el combustible,comidas en restaurantes, mercados (mayoristas y minoristas) y almuerzos para varias personas con dinero de Vialidad. También se usaba la caja del ente estatal para comidas en fin de semana o en horario fuera de la jornada laboral o habitual y sin vinculación alguna a una comisión oficial.

Otras compras que se detectaron, por ejemplo, fueron regalos para el Día de los Enamorados, joyas, bombones, flores, comidas en restaurantes de alta cocina y préstamos personales a empleados. Gallardo reconoció haber sido la responsable de falsificar la firma de Sandes para autorizar la salida de dinero de la caja chica. En total se establecía un perjuicio cercano a los 3 millones de pesos.

A eso se sumaron otros casos de desvíos identificados en el ejercicio 2018 por más de 2 millones de pesos. Según consta en el fallo de la Corte publicado este lunes, en la investigación penal se ha determinado un perjuicio al Estado superior a los 12 millones de pesos.

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