La batalla en el Tribunal de Cuentas para salvar a un cornejista

Las serias irregularidades que se detectaron entre el año 2018 y el 2019 en Vialidad Provincial fueron castigadas por el Tribunal de Cuentas. En un extenso fallo publicado esta semana se decidió formular multas y cargos por casi 3 millones de pesos contra los responsables. Pero puertas adentro del órgano de control se generó una batalla en torno a la responsabilidad que tuvo en el fraude el administrador de Vialidad Oscar Sandes, hombre del riñón del diputado nacional Alfredo Cornejo. Las máximas autoridades del Tribunal votaron de manera dividida y esto deja en una situación incómoda al presidente de la institución Néstor Parés.

Al igual que ocurre en la Suprema Corte de Justicia, que se encuentra partida en dos, en el Tribunal de Cuentas parece que la política partidaria también mete la cola. Al menos así quedó presentado el escenario luego del fallo 17357 sobre de Vialidad. Para empezar, mientras que los vocales Héctor Caputo, Mario Angelini y Ricardo Pettignano votaron por responsabilizar a Oscar Sandes, el presidente del Tribunal Néstor Parés y la vocal Liliana Muñoz entendían que no había certezas de que Sandes estaba al tanto de la situación y que en todo caso debería profundizar la investigación la Justicia. 

Pero lo más llamativo son los argumentos que se esgrimieron. Tanto es así, que en cierto punto el dictamen de Secretaría Relatora y el voto en disidencia de Parés y Muñoz parece más una denodada defensa de la inocencia de Oscar Sandes en toda esta historia.

Para entender el caso es necesario recordar  algunos gastos incluidos en la investigación. Además de cargas de combustibles fuera horario en vehículos ajenos a la DPV, se visualizó un gasto efectuado por un viaje a Mar de Ajó con estadía a nombre de la responsable de Recursos Humanos, Corina Gallardo. La funcionaria se pagó en sus vacaciones el combustible,comidas en restaurantes, mercados (mayoristas y minoristas) y almuerzos para varias personas con dinero de Vialidad. También se usaba la caja del ente estatal para comidas en fin de semana o en horario fuera de la jornada laboral o habitual y sin vinculación alguna a una comisión oficial. A modo de ejemplo, existen cuatro facturas  en concepto de almuerzos: entre 25 y 30 personas, por $19.625, $23.550, $23.746 y $28.495.

También se cuestionaron gastos vinculados a obsequios, con motivo del día de los enamorados, día de la mujer, día de la secretaria, regalos empresariales, juguetes varios, fin de año y un cinturón.A eso se suman gastos de personal, talleres mecánicos, facturas apócrifas y préstamos de dinero.

Al detectarse las irregularidades el Tribunal de Cuentas inició un juicio parcial de cuentas y corroboró las irregularidades. Incluso, el propio Oscar Sandes le pidió la renuncia a la responsable de Recursos Humanos Corina Gallardo, inició un sumario y suspendió a la tesorera Miriam Herrera y realizó una denuncia penal.

La polémica en el Tribunal de Cuentas se destapó a la hora de formular cargos contra los responsables. La secretaría Relatora, Néstor Parés y la vocal Liliana Muñoz entendían que Sandes no estaba al tanto del fraude y se basaban en la declaración que Corina Gallardo hizo ante escribano público. Específicamente, la funcionaria más complicada en la investigación dijo que ella misma le había falsificado las firmas a Oscar Sandes y que él no estaba al tanto de nada.

En base a ello entendían que no existen certezas de que Sandes estaba en conocimiento de la mecánica fraudulenta. "Al ofrecer descargo, el Arquitecto Sandes efectúa una expresa negación de su intervención en la conducta observada desconociendo su participación en los hechos, lo que a su vez es ratificado por la asunción de responsabilidad (genérica) que hace la Gerente de Recursos Humanos y Administración mediante declaración ante escribano y que diera origen a la denuncia penal que se encuentra en curso. Esta situación merece ser valorada a la luz de los principios que informan la responsabilidad en el juicio de cuentas a la hora de imputar una responsabilidad por daño por la configuración de un partida no comprobada, como es el caso bajo análisis", sostiene el secretario Relator Gustavo Riera.

"Entiendo que, dentro de las competencias del juicio de cuentas, el Tribunal ha agotado los medios probatorios sin poder obtener la certeza necesaria en cuanto al responsable de la firma, ya que cualquier pericia que se practique fuera del ámbito judicial, no deja de ser un elemento más de prueba o un nuevo indicio, que en ningún caso garantiza el grado de certeza necesaria de vinculación del nexo causal", adhiere fundando esa postura. 

Se impusieron por mayoría

A pesar de que el propio presidente del Tribunal de Cuentas, Néstor Parés, entendía que  les faltaban elementos para castigar a Sandes y pedía que sea la Justicia la que defina las responsabilidades y el daño patrimonial, tres vocales inclinaron la balanza y formularon cargos millonarios contra el funcionario de Vialidad provincial.

En concreto, los vocales Héctor Caputto, Mario Angelini y Ricardo Pettignano impusieron el argumento de que más allá de la evidente responsabilidad de Corina Gallardo "por haberse declarado autora de las firmas del Sr. Sandes, insertas en la mayoría de los comprobantes observados" Sandes es merecedor de los cargos por no haber controlado de forma correcta.

"Independientemente de la falsificación que se hizo de la firma del Administrador, éste tiene una clara responsabilidad, correspondiendo que se le formule también cargo. La misma deviene por incumplimiento de su 'responsabilidad in vigilando'”, esgrimieron.

Finalmente la votación terminó tres a dos y se impuso el criterio de la mayoría, por lo que las multas y cargos también alcanzaron a Oscar Sandes, quien pese a todo aún sigue en el cargo. Esta división tensó la relación puertas adentro del Tribunal de Cuentas, donde la fuerza ha quedado partida después de años de armonía.