Caja de Pandora: detectan otros fraudes millonarios en Vialidad

Caja de Pandora: detectan otros fraudes millonarios en Vialidad

El Tribunal de Cuentas volvió a encontrar serias irregularidades cometidos durante la gestión de Oscar Sandes en Vialidad Provincial. En total, le formularon cargos a funcionarios y exfuncionarios por más de 2.150.000 pesos. Detalles de los desmanejos detectados.

Mariano Bustos

Mariano Bustos

Irregularidades administrativas y maniobras fraudulentas. El Tribunal de Cuentas volvió a encontrar ilícitos cometidos por las autoridades de Vialidad Provincial en el año 2018, cuando Oscar Sandes era el administrador general de esa dependencia estatal. Tanto Sandes como la exgerenta de Recursos Humanos, Corina Gallardo, aparecen en la larga lista de sancionados que incluye empleados que siguen trabajando en la institución. En total, el órgano de control sostiene que generaron un perjuicio al estado por más de 2 millones de pesos a valores de ese año.

Entre otras cosas, el fallo 17362 habla de fraude en la carga de combustible, distribución de viáticos y otras practicas irregulares que profundizan aún más el escándalo que se destapó en el juicio parcial de cuenta del ejercicio 2019 en el que ya se habían detectado perjuicios al Estado por otros 3 millones de pesos.

Entre las irregularidades que enumera el Tribunal de Cuentas aparecen movimientos de cuentas sin comprobantes, diferencias en los balances, desvío de fondos, falta de documentación respaldatoria de gastos e inconsistencias entre el organigrama y el manual de funciones de la institución.

Pero además de ello, una vez más aparecieron irregularidades en el anticipo de viáticos al personal y cómo se otorgaban. "Los responsables manifiestan además que el cumplimiento de formalidades correspondía a la División Tesorería, la cual no dependía de la Gerencia de Economía y Finanzas de hecho ya que las responsables de esa área estaban subordinadas a la Coordinación de Recursos Humanos”, se puede leer en el fallo. Justamente, quien estaba a cargo de Recursos Humanos era la principal involucrada: Corina Gallardo

En ese solo concepto se pudo certificar  un daño para el Estado por partida no comprobada por la suma $243.392 ($119.292 correspondientes a ejercicios anteriores y $124.100 correspondiente al ejercicio 2018).

A eso se suma el hecho de que existieron graves negligencias en el control de la carga de combustible y se detectó un perjuicio al Estado en la rendición de esos gastos. Pese a que existía un sistema de provisión de combustible llamado Edenred, se hacían cargas por compra directa y de los comprobantes se desprende que las cargas se realizaban fines de semana en vehículos no oficiales.

"En los comprobantes observados no se encuentran identificados los rodados a los cuales se les cargó dicho combustible, motivo por el cual no se encuentra acreditada la efectiva utilización del insumo en vehículos oficiales del organismo. Se observa que la mayoría de los comprobantes presentados corresponden a cargas efectuadas fuera del horario de trabajo de la DPV, incluso en días sábados y domingos. Cabe destacar que según lo manifestado por los responsables, los vehículos oficiales de la DPV quedan guardados en las instalaciones del organismo una vez finalizada la jornada laboral", establece el fallo.

Por otro lado, se constató que en el 2018 también hubo irregularidades detectadas en la rendición de gastos en restaurantes y servicios gastronómicos. Al igual que con el combustible se presentan comprobantes con horario de emisión fuera del horario de trabajo del organismo, inclusive días sábados y domingos por un total de $526.730. Por ejemplo, el 18 de diciembre del 2018 se efectuó un gasto de 187 mil pesos.

Además, se encontraron gastos injustificados en el pago de Servicios Profesionales sin contrato ni detalle de tareas realizadas y también irregularidades en la adquisición de obsequios. Otra irregularidad es la rendición de gastos con facturas apócrifas por servicios no reconocidos por el proveedor.

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas decidió sancionar con multas a los partícipes pero además los emplazó a devolver 2.1 millones de pesos en concepto de cargos por perjuicio al Estado.

Diferencias internas

El fallo fue firmado en disidencia parcial por el presidente del Tribunal de Cuentas Néstor Parés y la vocal Liliana Muñoz. Al igual que el secretario relator, Gustavo Riera, entendían que no correspondía formular cargos sino que en realidad el mecanismo debería haber sido simplemente la multa y correr vista a Fiscalía de Estado y la Justicia para que se encarguen de investigar el perjuicio al Estado.

"El fundamento del voto apunta a no liberar de responsabilidad patrimonial a dichos funcionarios, y dejar así expedita la vía judicial para que la Fiscalía de Estado haga el reclamo del daño que a cada uno corresponda dentro del ámbito judicial, donde deben desentrañarse algunas situaciones que impiden en el caso obtener el grado de certeza necesario para la aplicación del cargo por el daño patrimonial producido al erario público", sostienen.

Sin embargo se impuso por mayoría el criterio de los vocales Héctor Caputto, Mario Angelini y Ricardo Pettignano.

El caso Gallardo

La situación de la exgerenta de Recursos Humanos es la más complicada. Además de los cargos que enfrenta por los fallos del Tribunal de Cuentas, fue denunciada penalmente por el propio Oscar Sandes. Pese a que Gallardo admitió que le falsificaba la firma a Sandes y se hizo cargo de haber adulterado documentación pública, hoy trabaja en la Municipalidad de Godoy Cruz donde tenía un cargo reservado.

Gallardo expresó ante escribano público que falsificó la firma y ahora la Justicia penal deberá valorar ese ilícito, o en sede civil, podría sustanciarse un eventual juicio civil de responsabilidad patrimonial.

Para la secretaría relatora no correspondía sancionar al administrador teniendo en cuenta que Gallardo reconoció haber falsificado la firma y el Tribunal de Cuentas no cuenta con herramientas para tener la certeza respecto a quién fue el responsable de haber firmado las autorizaciones de pago.

El Tribunal (en concreto los vocales Caputto, Angelini y Pettignano) no comparte esta interpretación porque la Secretaría Relatora tiene en cuenta el acta ante escribana, con la manifestación de la Sra. Gallardo, para no imputarle responsabilidad al Administrador, presumiendo que lo que en esa acta consta puede llegar a ser verdad, pero bien podría haber presumido que fuese falso y en consecuencia imputar la responsabilidad respectiva.

Además aclaran que "corresponde formular cargo a Corina Gallardo por haberse declarado autora de las firmas del Sandes, insertas en la mayoría de los comprobantes observados. Es decir, fue la Corina Gallardo la que intervino directamente en la utilización de fondos con destino indebido, mediante el refrendo (falsificando la firma del Sr. Sandes) de la documentación que daba sustento a gastos no relacionados con el fin del ente, que en algunos casos rayaron lo burdo y/o ridículo.

Independientemente de la falsificación que se hizo de la firma del Administrador, éste tiene una clara responsabilidad, correspondiendo que se le formule también cargo. La misma deviene por incumplimiento de su “responsabilidad in vigilando”, pues: - No obró con diligencia normal respecto del control del manejo de los fondos observados y más teniendo en cuenta los ingentes montos que se malversaron y las características de la documentación, rendida sin ninguna relación con los fines del ente, así como la prolongación en el tiempo de los hechos ilegales.

Temas

¿Querés recibir notificaciones de alertas?