Destapan fraude millonario en Vialidad Provincial

Un sismo interno se vive en la Dirección Provincial de Vialidad. Sumarios administrativos, despidos e investigaciones penales son algunas de las réplicas que dejó el escándalo por la malversación de millones de pesos por parte de empleados de esa dependencia estatal. Entre ellos, aparece Corina Gallardo, una persona que trabajaba desde hace años con el administrador General de Vialidad, Oscar Sandes. Los montos oscilarían entre 2 y 5 millones de pesos.

El caso se destapó en el mes de octubre del año pasado y el Tribunal de Cuentas inició un juicio parcial de cuentas que va desde enero hasta septiembre del 2019. Entre los involucrados se apunta a la responsable de Recursos Humanos Corina Gallardo, pero también aparecen la tesorera Miriam Herrera y Jaime Obrador. Este último falleció hace meses y ahora sus herederos podrían ser obligados a devolver dinero que su padre utilizó de forma indebida.

En concreto, ese grupo de personas se dedicaban a adulterar facturas para hacerse del dinero de la caja chica de Vialidad. Incluso, Corina Gallardo habría falsificado en más de una oportunidad la firma de su superior para rendir fondos permanentes. Gallardo lleva años trabajando junto a Sandes, a quien secundaba desde que este se desempeñaba como funcionario en la Municipalidad de Godoy Cruz.

Desde el Tribunal de Cuentas aclararon que la investigación se encuentra en proceso y se ha notificado a las partes. Si bien no profundizaron en detalles, reconocieron que una práctica recurrente por parte de los involucrados era agregar números en facturas reales para pasar montos más abultados por servicios que se habían contratado. Pero también hay facturas con proveedores que nunca prestaron servicios a Vialidad.

La mecánica era simple. Si un servicio costaba 500 pesos en Recursos Humanos le sumaban un número delante o detrás a esa cifra. El servicio se pagaba y los empleados se hacían con la diferencia.

Pero además se comprobó que hubo numerosas oportunidades en que se utilizó la caja chica de Vialidad para gastos personales como cargas de combustible en balnearios y almuerzos en la costa.

Según los investigadores la práctica comenzó en el año 2018 y se extendió hasta mediados del 2019, cuando revisores del Tribunal de Cuentas detectaron la maniobra. A raíz de ello, Oscar Sandes ordenó un sumario interno en el organismo y radicó una denuncia penal ante la fiscalía de Delitos Económicos. Desde la Justicia confirmaron que se encuentran investigando y afirman que el perjuicio oscila los 5 millones de pesos.

Por estas horas los expedientes se encuentran en revisión a la espera de las contestaciones de los responsables y es inminente el fallo del Tribunal de Cuentas sobre ambos ejercicios. Una vez que eso ocurra, todo indica que les exigirán a los empleados que reintegren el dinero que sustrajeron de forma indebida.

En el caso de Jaime Obrador, quien falleció hace pocos meses, la responsabilidad podría recaer sobre sus herederos. Por ese motivo el Tribunal de Cuentas ya notificó a la esposa del difunto y a los cinco hijos para que presenten la rendición de cuentas en su nombre.