Sergio Massa, entre la agenda propia y la necesidad de flexibilizar al FMI

Al menos en lo que tiene que ver con las posibilidades ciertas de modificar la posición pétrea del Fondo Monetario Internacional (FMI) ante las metas de déficit fiscal y emisión monetaria (ya fueron flexibilizadas la de reservas en el Banco Central) del crédito de Facilidades Extendidas vigente, las dos reuniones más importantes que mantendrá en Washington la delegación argentina de máximo nivel que viajó a los Estados Unidos, habrá que seguir el trayecto del ministro de Economía, Sergio Massa por la capital norteamericana.

El ministro de Economía estará presente en la reunión abierta con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que comenzará inmediatamente después de la bilateral, cara a cada entre los dos presidentes. Pero antes o después de la presencia con el jefe de Estado dueño de casa, el titular del Palacio de Hacienda se reunirá con altos funcionarios de la secretaría del Tesoro, Janet Yellen, y con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

Y será en ambas reuniones en las que Massa podrá plantear la máxima alternativa a la que puede aspirar la conducción económica: que se flexibilice también la meta de déficit fiscal pactada para este año en un 1,9%.

La culpa es de la lluvia

El argumento del ministro es el mismo que se concretó en el pedido de comienzo de marzo en la reunión que Massa y Georgieva mantuvieron en la India en la Cumbre del G-20, donde la titular del Fondo aceptó flexibilizar la meta de reservas ante el knock out que representa la sequía para el ingreso de divisas, medida que la semana pasada se efectivizó desde un comunicado del staff técnico del FMI, y que (se supone) el Directorio aprobará cuando se reúna esta semana.

Sin embargo, en esa misma reunión de la India, la Kristalina Georgieva le dejó en claro a Massa que no pueden discutirse las metas fiscal y monetaria, las que para el organismo representan el único anclaje que puede tener Argentina con la racionalidad económica.

El funcionario coincidió en ese momento con la economista búlgara. Sin embargo, recalculando ingresos fiscales, ahora se hablará sobre las severísimas dificultades que genera la caída en la liquidación sojera en los ingresos por las retenciones a las exportaciones sojeras, y la realidad que marca que la recaudación impositiva está hoy 10 puntos porcentuales por debajo de la inflación. 

Es una variable que el FMI mira de cerca en cada misión fiscalizadora. Esto, cruzado con la imposibilidad política de avanzar en esta etapa en bajas en el gasto público, provocan que la meta de 1,9% se convierta en difícil de lograr. Aun avanzando con la revisión tarifaria, con la eliminación de subsidios a los consumidores de mayores recursos. Se descarta que Georgieva dirá que no. Salvo que llegue una orden desde las oficinas de Yellen. De ahí la importancia de los encuentros de Washington que mantendrá Massa.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, le dejó en claro a Massa que no pueden discutirse las metas fiscal y monetaria, las que para el organismo representan el único anclaje que puede tener Argentina con la racionalidad económica.

El tira y afloje

Según la información que llega desde la sede del Fondo en Washington, varios de los países con peso específico (al menos oral) en el Directorio de la entidad que conduce Kristalina Georgieva, quieren más precisiones sobre la situación real de la Argentina. Y cuáles son las posibilidades concretas de que caiga el acuerdo en el corto o mediano plazo.

Los embajadores presentes en el board, que representan a los Estados accionistas de la entidad, leen y escuchan permanentemente las noticias que llegan desde Buenos Aires, que hablan de las dudas que existen en la Argentina, no solo ante la meta de aumento de reservas (ya anunciada su renegociación), sino del cumplimiento del déficit fiscal de 1,9% pactada para el 2023, y que para el staff técnicos del FMI es irreductible.

Muchos de los países integrantes del Directorio, habían marcado en la difícil sesión del 25 de marzo del año pasado, cuando se aprobó el crédito de Facilidades Extendidas, que Argentina volvería a caer en desgracia ante el FMI; y que nuevamente habría que renegociar. Y varios ya habían anticipado que ese momento llegaría este mismo año.

En esta posición militaban, entre otros, Japón, los Países Bajos y Gran Bretaña, quienes en realidad siempre muestran posiciones duras contra el país.

En el otro costado, defendieron aquel día la posición nacional Alemania, Francia y, en parte, Canadá. Luego fueron los Estados Unidos quienes, sin intervenir verbalmente, definieron con su voto positivo la balanza a favor de las Facilidades Extendidas. La posición de este país, que con el 17% de los votos domina el organismo, era que debía aprobarse las Facilidades Extendidas, pero responsabilizando directamente al staff del FMI por la fiscalización del acuerdo.

Fiscalización

Aquel 25 de marzo había quedado en claro que el entonces director gerente para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn (hoy en el Banco Interamericano de Desarrollo, BID), debería concentrarse en que Argentina no volviera a caer. O, caso contrario, fiscalizar con marca hombre a hombre al país para informar al Directorio antes que a nadie, si el gobierno argentino tuviera dificultades serias de cumplir el acuerdo. Goldfajn ya no está. Y su reemplazante es el chileno Rodrigo Valdes, que asumirá los primeros días de mayo. 

En el tema votos del board, la situación está marcada de manera clara. Cada Estado soberano tiene un porcentaje de votos dependiendo de su PBI; reservas y aportes directos al funcionamiento del organismo con sede en Washington.

Cualquier acuerdo normal (Stand By o Facilidades Extendidas) es aprobado con un porcentaje mínimo del 70%; pero se necesita mayoría del 85% para planes especiales o alteraciones de la Carta Orgánica, por lo que el voto de Estados Unidos con 17%, es esencial.

Recientemente, esta mayoría fue la necesaria en casos como la crisis griega de 2010 y la de Portugal de 2011. La necesidad de lograr ese porcentaje fue lo que le jugó en contra a la Argentina en 2001, cuando se desaprobó en el Directorio el último desembolso comprometido en el acuerdo vigente (US$ 1.264 millones) ante la negativa de EE.UU. de avalar la propuesta (por recomendación directa de la número dos de esos años, Anne Krueger). 

También la aprobación del pacto de 2003, cuando Néstor Kirchner negoció directamente con George Bush, un plan de cuotas por fuera de los tratados vigentes.

En el caso actual, también se hace imprescindible que el director norteamericano avale el pedido, ya que su voto a favor o en contra (o su abstención) definirá la suerte de la propuesta argentina. En total, el board está integrado por 24 directores ejecutivos que representan porcentualmente diferentes niveles de poder dentro del organismo. Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido pueden elegir un director sin ayuda de ningún otro país. China, Arabia Saudí y Rusia eligen de facto un director cada uno; mientras que los 16 restantes lo eligen según bloques de estados. Argentina, ocupa el grupo con Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay.