¿Revisar el celular de tu pareja puede ser delito? Qué dice la ley

En ese sentido, conocer la contraseña de un teléfono tampoco implica necesariamente contar con autorización permanente para revisar todas las conversaciones o archivos almacenados.

“Estar en pareja, convivir o estar casado no elimina el derecho a la intimidad. Incluso conocer la clave del teléfono no necesariamente significa tener permiso permanente para revisar conversaciones privadas”, remarca el abogado.

Por eso, cada situación debe analizarse de manera particular: qué autorización existía, para qué fue otorgada y si posteriormente fue excedida.

Un celular, mucho más que chats

La dimensión del problema cambió con la tecnología. Un teléfono puede contener mensajes personales, fotografías, documentación, información bancaria, datos laborales, contraseñas, archivos y registros de ubicación.

“Acceder al celular de otra persona puede implicar una intromisión mucho más profunda que simplemente ‘mirar un mensaje’”, sostiene García Vautrin.

La privacidad, además, no desaparece dentro de una relación de pareja. El Código Civil y Comercial contempla una protección específica de la intimidad y permite reclamar tanto la prevención como la reparación frente a una lesión de ese derecho.

Por eso, la cuestión no termina necesariamente en establecer si hubo o no un delito. También puede ser relevante qué información fue obtenida, cómo se utilizó, si fue difundida y qué consecuencias produjo en la vida personal, familiar o laboral de la persona afectada.

No es lo mismo acceder que divulgar

Otro aspecto que puede modificar la situación jurídica es lo que ocurre después de ingresar al dispositivo.

“No es lo mismo acceder a una conversación privada que acceder, copiarla y después divulgarla”, explica el penalista.

El Código Penal contempla consecuencias específicas cuando una comunicación obtenida indebidamente es posteriormente comunicada o publicada. Y la situación puede adquirir mayor complejidad si la información obtenida se utiliza para cometer otras conductas ilícitas.

“Si el contenido obtenido se utiliza para amenazar, extorsionar, hostigar, suplantar una identidad o perjudicar deliberadamente a otra persona, la situación jurídica puede ser considerablemente más compleja”, advierte.

También deben analizarse situaciones como el acceso reiterado, la utilización de programas para ingresar a cuentas, el cambio de contraseñas, la vinculación de nuevos dispositivos o la apropiación de información.

Por eso, aclara García Vautrin, no existe un único agravante derivado de “revisar el celular”. Lo que se analiza es la secuencia completa de conductas y qué ocurrió después del acceso inicial.

¿Cómo se puede probar?

Los conflictos vinculados con la privacidad digital suelen dejar rastros. Mensajes, correos electrónicos, capturas de pantalla, notificaciones de inicio de sesión, dispositivos vinculados, modificaciones de contraseñas, copias de seguridad, testimonios y pericias informáticas pueden aportar elementos para reconstruir lo sucedido.

“Una captura de pantalla puede servir como indicio, pero puede ser discutida respecto de su autenticidad o integridad”, explica el abogado.

Cuando el caso llega a la Justicia, una pericia informática puede permitir determinar qué dispositivo ingresó a una cuenta, cuándo ocurrió, desde qué usuario o equipo y qué información pudo haber sido obtenida.

Los accesos también pueden detectarse a través de sesiones abiertas en servicios como WhatsApp Web, Telegram, Gmail, redes sociales o plataformas de almacenamiento en la nube.

“Muchas veces quien accede cree que no dejó rastros, pero técnicamente los accesos suelen generar registros que después pueden reconstruirse”, señala García Vautrin.

¿Qué penas contempla la legislación?

El artículo 153 del Código Penal contempla penas de prisión para determinadas conductas vinculadas con la apertura, acceso o interceptación indebida de comunicaciones, mientras que el artículo 153 bis establece también una pena de quince días a seis meses para quien, a sabiendas y sin autorización —o excediendo la autorización que posee— acceda a un sistema o dato informático de acceso restringido.

Sin embargo, hablar de una pena concreta requiere conocer las circunstancias particulares del caso.

“Antes de hablar de una pena concreta, hay que reconstruir exactamente cómo se produjo el acceso y qué se hizo después con la información”, sostiene el especialista.

Esto resulta especialmente relevante cuando, además del acceso indebido, aparecen otras conductas que podrían constituir delitos independientes.

La intimidad también existe dentro de la pareja

La legislación argentina protege desde hace años las comunicaciones electrónicas y el acceso restringido a datos informáticos. A esto se suma la protección civil del derecho a la intimidad.

“El hecho de que la información esté dentro de un teléfono no la convierte en información pública ni disponible para una pareja”, resume García Vautrin.

El desafío, en este punto, no es solamente jurídico. También existe una dimensión cultural. Pedir permanentemente la ubicación, exigir contraseñas, controlar conversaciones o revisar redes sociales son conductas que en determinados vínculos pueden haberse naturalizado.

Pero la tecnología amplificó el alcance de esas prácticas y también sus posibles consecuencias.

“Una relación afectiva no transforma la vida privada de una persona en información disponible para la otra. Ese límite sigue existiendo”, concluye el abogado penalista.