Coimas en la Justicia Federal: en busca del mecanismo secreto

Coimas en la Justicia Federal: en busca del mecanismo secreto

A 10 días de la multitudinaria imputación y después de varias declaraciones de arrepentidos, los investigadores intentan completar el rompecabezas de lo que puede haber sido una organización que cobraba a cambio de beneficiar a narcos y contrabandistas. El mapa completo.

Facundo García

Facundo García

El 5 de mayo, Mendoza despertó con la sorpresa de que 16 personas, incluido el juez federal con competencia electoral Walter Bento, habían sido imputadas por haber participado de un presunto circuito de coimas en el que se beneficiaba a narcotraficantes y contrabandistas. La semana que pasó trajo más testimonios y hoy ya es posible trazar un boceto nítido de la acusación que sostiene el fiscal Dante Vega.

Se supone que existía un mecanismo de relojería. Las piezas, especializadas en cada función, eran seres humanos. Algunos más cercanos al mundo de la aduana y las exportaciones, otros con un perfil más tribunalicio y otros más “pesados”.

Pero todos -sospecha el fiscal- bajo el paraguas de un magistrado sumamente poderoso.

PARTE UNO: el funcionamiento

  • Sondeo

Con los datos que hay a la fecha, puede aventurarse que existían miembros del grupo con posiciones estratégicas. Diego Aliaga, por ejemplo, era informante de la Policía de Mendoza por lo menos desde septiembre de 2019. Eso puede haberle dado acceso a los uniformados de calle, los investigadores y, sobre todo, a la posibilidad de obtener datos de primera mano sobre el mundo del crimen en Mendoza.

Con esa información, es verosímil que se iniciaran negociaciones entre la banda de las coimas y los delincuentes. La organización se contactaba con los sospechosos y les pedía dinero. De lo contrario, la Justicia pasaba a la acción.

  • Beneficio

La segunda etapa se iniciaba cuando ya había una causa abierta. Narcos y contrabandistas eran imputados y detenidos. Llegado cierto punto del proceso, entraban a la cancha los abogados de la asociación ilícita, que conseguían resultados muy notables en poco tiempo. Es más: la rutina parece repetirse en las causas analizadas por el Ministerio Público. En un tramo los defensores originales eran despedidos y se daba pie a los que hoy están acusados de haber transado con el juez.

Es así que muchos letrados se sorprendían al comprobar que estos colegas que ingresaban a las causas lograban casi sin esfuerzo pasos a domiciliarias y cambios de carátula, por no hablar de los sobreseimientos y las libertades condicionales.

El secreto -analiza la fiscalía- es que los imputados pagaban para que el juez les diera ese beneficio. Todavía no hay certezas sobre los montos, pero se cree que eran en dólares y muy altos.

  • Lavado

¿Y después del pago? Los fondos se repartían según la jerarquía de cada uno de los miembros del grupo. Aquí el destino de la plata se ramificaba. Mientras algunos hablan de inversiones inmobiliarias, otros apuntan a un circuito financiero que salía de la Argentina y se relacionaba con fondos de inversión en el extranjero, lo que explicaría la cantidad de viajes breves al exterior que realizó Bento, el principal acusado.

Para sostener toda esta teoría, la acusación se basa en seis casos, dentro de una lista que podría ampliarse. En todos esos expedientes ocurre más o menos lo mismo. Llamativo.

PARTE DOS: quién era quién

  • Los de arriba

Juez Federal Walter Bento, alias “primo”: se lo señala como el jefe de la asociación ilícita que cobraba el dinero. Para la fiscalía, es quien habría cambiado carátulas u otorgado libertades a cambio de recibir cuantiosas sumas. Un testigo, de hecho, dice que pagó 722.000 dólares para comprar su libertad.

Además, se acusa a Bento por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, ya que -siempre según el Ministerio Público- habría legalizado sus ingresos a través de diferentes negocios que ponía a nombre de sus familiares.

Se pidió su detención, pero está libre porque tiene fueros de magistrado, al menos hasta que se pida licencia o el Consejo de la Magistratura decida quitárselos.

Marta Boiza: es la esposa de Bento. Se la acusa de haber participado en los mismos delitos que el juez, en virtud de que sería propietaria de algunos bienes malhabidos fruto de las negociaciones de la presunta banda y los delincuentes. Está libre, aunque fue citada a declarar.

El juez federal Walter Bento.
  • El mano derecha

Diego Aliaga, alias “Fernández”: está sindicado como el “mano derecha” de Bento. Múltiples testigos aseguran que tenía una mesa fija en el Bar Argentino, ubicado frente a los Tribunales Federales mendocinos. Desde ahí “rosqueaba” con imputados para determinar los beneficios que se habrían otorgado a cambio de suculentas entregas en dólares.

Entre las últimas revelaciones de la causa, está su trabajo como informante de la Policía de Mendoza, lo que lo ponía en un lugar ideal para “apretar” a delincuentes y reclamarles dinero bajo amenaza.

Hacia 2019, la reputación de Aliaga estaba en decadencia y, de hecho, las escuchas revelan que varias personas se lo querían “limpiar”. Fue asesinado a mediados del 2020, en una causa que actualmente está caratulada como “secuestro extorsivo seguido de homicidio”.

Aliaga la mañana en la que lo atacaron.
  • Los tres mosqueteros

Luciano Ortego: abogado e investigado como uno de los tres profesionales que tomaban la defensa de los imputados y luego conseguían “milagrosamente” que salieran u obtuvieran beneficios. Se lo apunta como miembro de la asociación ilícita y como uno de los cobradores de las coimas. Está preso.

Martín Ríos: también abogado. Se cree que, como Ortego, era parte del trío que asumía las defensas de los imputados y mantenía las negociaciones. Fue detenido y poco después decidió acogerse a la figura del “arrepentido”, que implica ciertas ventajas tras revelar hechos de personas que tengan una responsabilidad penal igual o mayor que la del declarante. Ya recuperó su libertad.

Matías Aramayo: el tercer abogado en cuestión. Vinculado con Ortego y Ríos en la trenza de posibles negociados. Comparte defensa con Ríos y, como él, fue detenido y declaró como arrepentido. Luego de brindar información relevante, quedó libre.

  • Un engranaje que hizo ruido

Walter Bardinella Donoso, alias “Estanquito”: actualmente está preso por una causa vinculada al narcotráfico. En marzo de 2020 fue detenido en la vía pública por este motivo. Al peritar su celular, se comprobó que tenía llamadas y mensajes en los que se realizaban negociaciones sobre causas federales. No borraba la mayor parte de sus comunicaciones, y eso permitió reconstruir la estructura que habría tenido la organización que operaba en Tribunales. 

  • Los contrabandistas que no quieren volver a la cárcel

Javier Santos Ortega: fue detenido la semana pasada. Sufrió una crisis de angustia e intempestivamente pidió declarar. Confesó que había abonado 722.000 dólares a la asociación ilícita a cambio de una modificación en su carátula, que pasó de contrabando a encubrimiento, lo que implicó una sensible reducción de su pena.

Es paciente psiquiátrico desde hace años, debido a que sufre de depresión. Cuando lo encarcelaron la vez anterior, intentó suicidarse con una sábana. Hoy cumple reclusión domiciliaria.

Fuentes que dialogaron con MDZ contaron que le tocó pasar dentro del complejo penitenciario Boulogne Sur Mer el famoso motín vendimial del año 2000. “Debe haber visto algo que lo afectó mucho, porque no quiere volver a estar preso de ninguna forma”, comentaron las fuentes.

Juan Carlos Molina: imputado en la misma causa de contrabando en la que cayó Ortega, que es su primo. Ortega insiste en que Molina es inocente. Sin embargo, ambos están acusados de haber puesto dinero para mejorar su panorama judicial.

  • Pagadores y cobradores

Mariano Enrique Castro y Leandro Manuel Cirot: se los señala como cómplices secundarios del pago de coimas. No están detenidos, pero podrían tener data importante, ya que sobrevuelan sobre varias causas relacionadas con Aliaga.

Eugenio Javier “loco” Nasi: imputado por contrabando. Consiguió la prisión domiciliaria “porque tenía hemorroides”, en una causa en la que otro de los acusados, el chino Zheng “Esteban” Cheng, se profugó de forma rarísima. El día en que excarcelaron a Nasi, este se sacó la foto con el abogado Ortego que compartimos a continuación:

Nasi (izquierda) junto a Ortego.

Marcos Adrián Calderón: señalado por estafas a la AFIP. Bento le dictó falta de mérito y esa decisión no fue apelada. Se lo acusa de haber pagado por ese beneficio.

Omar Armando Rodríguez: vinculado a la misma causa que Calderón, se lo imputó como pagador de coimas.

  • Los sospechados de haber mentido

Además de todos los anteriores, hay tres personas que están acusadas de haber faltado a la verdad.

Jéssica Miere: se la imputó por recibir plata a cambio de cambiar un testimonio para favorecer a Bardinella Donoso. Las escuchas sugieren que se le pagó para que fingiera no reconocerlo. Está libre.

Juan Ignacio Aliaga, el hijo de Diego Aliaga: cuando lo llamaron a declarar, dijo no saber nada sobre Bardinella, aunque luego se comprobó que tenía vínculo e incluso se contactaba con él con relativa asiduidad.

Luis Francisco Álvarez, alias “chato”: era uno de los jugadores de truco del “grupo de los jueves” que reunía en Palmares a Diego Aliaga y sus amigos. También está acusado por falso testimonio, ya que negó su vínculo con Daniel Martínez Pinto. ¿Y quién es Pinto? Un sujeto complicado con causas de contrabando que perdió el beneficio de la domiciliaria cuando se comprobó que se juntaba a timbear justamente con este “grupo de los jueves”.

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