Bombazo en el caso Bento: un acusado confesó haber pagado una coima de US$722.000

La causa de las presuntas coimas en la Justicia Federal no da respiro. Minuto a minuto se suma información sobre lo que a esta altura se ha convertido en el mayor escándalo de los tiempos recientes en Mendoza. Y el bombazo de este lunes es que uno de los imputados, Javier Santos Ortega, confesó haber pagado US$ 722.000 para que modificaran su situación en una causa de contrabando.

Otra vez la hipótesis: dinero a cambio de beneficios. Con ello el panorama para el juez federal Walter Bento y los tres abogados que la fiscalía apuntó como sus posibles “punteros” -Luciano Ortego, Martín Ríos y Matías Aramayo- podría tornarse más complejo, si cabe.

Es que la principal acusación es, justamente, que otorgaban libertades y cambios de carátula tras recibir suculentos desembolsos en dólares. Frente a eso, las palabras del arrepentido adquieren peso propio, porque confirman las sospechas de la fiscalía.

“Si no lo cuento, me muero”

La confesión de Ortega cayó como un baldazo. Tras su detención, parecía que iba a hacer uso de su derecho a no declarar. Así lo informó cuando pasó por la U32, en Tribunales Federales. Pero más tarde, al llegar a una comisaría -las celdas del edificio federal estaban llenas- avisó que había cambiado de parecer. Llamó por teléfono y dijo:

—Quiero hablar.

Los investigadores, que ya se habían aflojado la corbata, prepararon otra tanda de café y volvieron a asentar sus posaderas.

Y la noticia sorprendió hasta a la propia defensa de Ortega, que le recordó que quizá convenía esperar hasta tener un concepto acabado de las pruebas que se estaban barajando. El imputado, sin embargo, largó todo.

“Si no lo cuento, me muero”, le escuchó comentar un testigo. La indagatoria se concretó con presencia de la defensa de Ortega, representantes de la fiscalía y del juzgado.

Temperamentos

“Le estaba pesando mucho este tema, sumado a que él permanece desde hace tiempo con tratamiento psicológico por depresión”, aportó una fuente que conoce el paño.

Entre las 15 personas imputadas en la causa, hay distintos caracteres. Algunos son atildados y cosmopolitas, otros se aproximan más a la rosca de escalera, otros ya están en la cárcel y otros -como Ortega- viven muy preocupados por no pisar nunca más un calabozo.

Tal vez por eso habló. Señaló que para “zafar” de una causa de contrabando pagó a los presuntos representantes de Bento los US$722.000 dólares, y mencionó también la sesión de un inmueble y una lancha.

Ahora se espera con gran expectativa que declare su primo, Juan Carlos Molina, quien estuvo envuelto en la misma causa de contrabando que Ortega y que podría sumar información.

Contrabando multimillonario

El caso de Ortega y Molina data de 2019, cuando investigadores detectaron la llegada irregular de miles de prendas deportivas provenientes de Chile que estaban comercializándose de forma ilegal en la provincia.

El cálculo oficial es que las prendas deportivas tenían un valor que superaba los doscientos millones de pesos

Entre la madeja de involucrados y negocios donde se vendían esos productos, había un depósito ubicado en la calle Alsina al 3800 (Maipú) donde se acopiaba la mercadería.

El titular de ese inmueble era justamente Javier Santos Ortega. Junto a él quedaron pegados su hija -que vendía lo que llegaba-, su marido -también metido en la venta- y el mencionado primo, Molina, que regenteaba el galpón y distribuía el material.

Un cálculo oficial señaló que la mercadería encontrada bajo el tinglado maipucino rondaba un total de $206.494.569. Sí: más de doscientos seis millones de pesos. El volumen del contrabando era “industrial”: sólo en calzados había 46620 pares. A ello se sumaba, de yapa, un invernadero de marihuana.

Cambio

En los albores del expediente, el juez federal Walter Bento imputó a Ortega y Molina por contrabando agravado por el monto y los detuvo el 24 de mayo de 2019.

Poco después, Ortega fue hallado en shock, con una sábana enroscada al cuello y una nota suicida al lado en la que desvinculaba a Molina. Por suerte lo salvaron. Pero estaba claro que el hombre tenía pavor a quedar preso.

El abogado inicial fue desplazado e ingresaron a la causa Aramayo, Ríos y Ortego: el trío acusado de colaborar con el juez Bento en las negociaciones "non sanctas"

En agosto del 19’, y tras algunas declaraciones indagatorias, la situación era así: Molina pasó de contrabandista a “encubridor”, al igual que Ortega. Extraños encubridores, ya que -como se señaló más arriba- se los encontró con doscientos millones de pesos de mercadería ilegal dentro de un galpón de su propiedad.

Para el Ministerio Público, esta modificación se dio porque comenzó a tallar en la causa la banda que "manijeaba" en la Justicia Federal: el abogado inicial de Ortega, de apellido Figueroa, fue desplazado y asumieron su representación Ríos y Aramayo, justamente dos de los letrados que están imputados como cómplices de Bento en la presunta cobranza de coimas.

Figueroa también fue desplazado de la defensa de Molina. Lo reemplazó otro viejo conocido: Ortego, que es precisamente el tercer abogado que se consideró partícipe probable de la asociación ilícita.

En cuestión de meses, Ortega y Molina quedaron libres. Una posible explicación es el pago en dólares que acaba de admitir el primero y que tiene relevancia porque coincide con la tesis que sostiene el fiscal Dante Vega respecto al modus operandi de la banda. ¿Era eso lo que valía una libertad?

A la cotización actual en las “cuevas” mendocinas, 722.000 dólares son aproximadamente 106 millones de pesos.

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