El curioso rol que desarrollaba Diego Aliaga en la Policía de Mendoza

Diego Aliaga (51), que fue asesinado en 2020 por motivos que aún resta dilucidar, era informante de la Policía de Mendoza. El dato da otro barniz a la causa de las coimas en la Justicia Federal, porque explica en parte por qué el hombre sindicado por la fiscalía como posible mano derecha del juez Walter Bento tenía acceso a información que lo habilitaba para hacer algunos “negocios” bajo sospecha.

La confirmación llegó en exclusiva a MDZ desde fuentes que consiguieron acceder a material clasificado. Aliaga era, desde septiembre de 2019, informante en una lista oficial pero secreta del Ministerio de Seguridad de Mendoza.

El dinero para pagar a este tipo de servicios sale de fondos reservados. Lo que está claro es que, en ese rol, el malogrado ex despachante de aduanas ocupaba un lugar estratégico, que le habría permitido rosquear con personas que estaban cometiendo algún ilícito y sacarles dinero.

En ese contexto, es verosímil que cobrara plata por no abrir causas judiciales. Quizá se enteraba, por ejemplo, de un grupo de delincuentes que estaba concretando algún delito: en lugar de dar aviso a las autoridades, ponía un precio a su silencio y a evitar que se abrieran las causas judiciales. Es una posibilidad; una opción que explica cómo puede haber funcionado la presunta asociación ilícita que habría beneficiado a narcos y contrabandistas en la Justicia Federal.  

Una causa llena de sorpresas

Desde que el miércoles 5 de mayo MDZ adelantó que había 15 imputaciones en la causa de las presuntas coimas en el fuero federal, muchas cosas han ocurrido.

A la noticia de que el juez Bento estaba sindicado como posible líder de una asociación ilícita, más enriquecimiento ilícito y lavado de activos; se le sumó el hecho de que hubiese tres abogados tras las rejas y otros varios acusados de haber pagado las coimas. Hasta la esposa del magistrado, Marta Boiza, fue imputada por enriquecimiento y lavado.

Pasados algunos días, uno de los detenidos, Javier Ortega, admitió que había abonado 722.000 dólares a cambio de un cambio de carátula en un expediente de contrabando. Y luego fueron dos de los abogados bajo la lupa, Martín Ríos y Matías Aramayo, los que se acogieron a la figura de “arrepentidos” para recuperar su libertad a cambio de colaborar con la investigación.

Así las cosas, se espera que en breve el juez Bento -patrocinado por el mediático letrado Mariano Cúneo Libarona- dé explicaciones sobre su vínculo con los hechos que se le atribuyen en la investigación que lleva adelante el fiscal Dante Vega.

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