Piden el jury del juez que investiga las "presuntas" irregularidades en el sistema de fotomultas y VTV en PBA
El escándalo por los manejos irregulares de la VTV y las fotomultas en la PBA tiene otro capítulo. Piden el Jury por "parcialidad manifiesta" de un magistrado.
Desde la Coalición Cívica pidieron el Jury al Juez de Garantías platense, por "parcialidad manifiesta" en causas de corrupción que debe investigar. El Juez Juan Pablo Masi investiga las "presuntas" irregularidades en el sistema de fotomultas y VTV durante la gestión del massista Jorge D'Onofrio al frente del ministerio de Transporte bonaerense
Archivo MDZLa investigación por el escándalo de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en provincia de Buenos Aires suma otro capítulo, que le pone condimento a “una trama” atravesada por denuncias sensibles, internas judiciales. El pedido de la Coalición Cívica de Jury contra el titular del Juzgado de Garantías N.º 4, Juan Pablo Masi, por “parcialidad manifiesta” pone nuevamente en foco la causa en la que interviene la justicia bonaerense.
El accionar de la justicia bonaerense por las presuntas irregularidades en el esquema de fotomultas y la VTV no solo mantiene bajo la lupa a funcionarios y exfuncionarios del ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, intendentes y empresas del sector, sino que también comenzó a generar tensiones en el ámbito judicial a partir de la incorporación de nuevas presentaciones que podrían ampliar el alcance del expediente judicial.
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El pedido de jury contra el juez de Garantías platense
En las últimas horas la causa que investiga el entramado de “irregularidades” en la VTV y el sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires tuvo un giro que podría derivar - si es que la Secretaría Permanente de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires acepta el pedido de jury- en la suspensión preventiva y eventual destitución por presunto mal desempeño, abuso de autoridad y parcialidad manifiesta del Juez de Garantías platense Juan Pablo Masi.
El jury contra el magistrado platense fue impulsado por el diputado provincial de la Coalición Cívica Luciano Bugallo y el ex concejal “lilito” de Pilar, Matías Yofe; quienes acusan al juez Juan Pablo Masi de haber intentado interferir en una investigación federal por lavado de activos vinculada al sistema de fotomultas y a la Verificación Técnica Vehicular (VTV) –en la causa está procesado el exministro de Kicillof, Jorge D’Onofrio- y de intentar separar de la causa al empresario que lleva adelante las denuncias contra funcionarios de transporte de la provincia de Buenos Aires por la connivencia con municipios, en ámbitos tribunalicios sostienen que, por el carácter de la denuncia, prontamente deberían ser incorporados a la causa.
En diálogo con MDZ, Luciano Bugallo, diputado bonaerense de la Coalición Cívica afirmo que “el pedido de jury de Enjuiciamiento contra el juez Juan Pablo Masi se basa en un historial alarmante como magistrado interviniente en causas de corrupción estructural que, una y otra vez, concluyen sin investigación real, con sobreseimientos de fundamentos endebles o directamente contrarios a la ley”.
“Masi volvió a actuar del mismo modo: forzó una competencia que no le correspondía, avanzó sobre una causa federal ya definida como tal y dictó una resolución que ignoró deliberadamente la Constitución y el principio de supremacía federal. No fue desconocimiento: fue una decisión consciente. (Juan Pablo) Masi no es un juez que se equivoca, es un juez que siempre falla para el mismo lado”, dijo el legislador provincial de la Coalición Cívica y agregó: “Cuando un juez aparece sistemáticamente donde la corrupción necesita oxígeno, el problema deja de ser judicial y pasa a ser un escándalo político de impunidad estructural. El jury no es persecución: es defensa propia de la República”.
La desconfianza en la investigación por el escándalo de las fotomultas y la VTV
En ámbitos judiciales y políticos comenzó a tomar fuerza que el pedido de Jury sería una reacción directa a la reciente incorporación de una denuncia “sensible” dentro del mismo expediente que lleva adelante el Fiscal platense Álvaro Garganta, que pone bajo la lupa a uno de los principales empresarios del sistema de fotomultas y amenaza con ampliar el alcance de la causa más allá de los exfuncionarios, intendentes y empresas del sector.
Es de destacar que tanto los empresarios como los funcionarios y exfuncionarios del ministerio de Transporte bonaerense investigados; afirman que el ex concejal pilarense, Matías Yofe es un “denunciador serial”.
La investigación por “presuntas” maniobras de corrupción en el esquema de Fotomultas y la VTV durante la gestión de Jorge D’Onofrio al frente del área de Transporte de la provincia de Buenos Aires derivo en investigaciones paralelas: dos causas federales, una por lavado de activos radicada en el Juzgado Federal de Campana y la otra en el Juzgado Federal de tres de febrero que investiga el desvió de fondos de universidades y fundaciones universitarias para ser “repartidas” entre municipios. Y la causa provincial por fraude a la administración pública, que tramita bajo la órbita del, cuestionado, Juez de Garantías platense Juan Pablo Masi.
Los avances de la justicia en las diferentes causas
En la causa Federal Campana, Jorge D’Onofrio fue procesado como presunto responsable del delito de lavado de activos y se ordenó un embargo por 350 millones de pesos en su contra por la compra de una lujosa camioneta Audi.
La medida también alcanzó a Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de VTV. Ambos continúan en libertad, con inhibición general de bienes.
En ese contexto, en lo últimos días se incorporó al proceso que lleva adelante el Juez de Garantías platense Juan Pablo Masi, una nueva presentación judicial que generó inquietud en sectores del empresariado vinculado al negocio de las fotomultas.
Se trata de un escrito presentado por Laura Andino, una exsocia de Leandro Camani, quien denuncia al empresario -uno de los actores centrales del sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires- , por presuntas irregularidades societarias y contractuales vinculadas a la empresa Secutrans S.A.
Según consta en la presentación, Andino sostiene que durante años fue ocultada su condición de socia de Secutrans S.A y que, tras iniciar acciones judiciales el empresario Leandro Camani reconoció formalmente esa participación mediante un acuerdo que luego habría sido incumplido.
Asimismo, denunció que, tras prestar declaración testimonial en una de las causas investigadas por la justicia federal, sufrió represalias como la suspensión de pagos, el bloqueo de acceso a documentación.
En su presentación alerta sobre una presunta maniobra de vaciamiento de la empresa mediante el traspaso de contratos y recursos de Secutrans S.A a la firma Tránsito Seguro S.A. Además, cuestiono la legalidad de convenios firmados por Secutrans S.A con universidades para la prestación del servicio de fotomultas, advirtiendo sobre posibles nulidades administrativas denunciando la connivencia de funcionarios de la anterior gestión, que aún continúan en el esquema del ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, con los municipios.
Para algunos operadores judiciales la irrupción de esta denuncia, que compromete directamente a un empresario clave del sistema integral de fotomultas, habría reconfigurado el expediente motivando el pedido del jury, para apartar al juez que hoy tiene bajo su control esa investigación.



