El juez Sarmiento rompió el silencio: cuestionó el proceso del Jury y presentó una nulidad

El juez de ejecución penal, Sebastián Sarmiento, lanzó un contraataque ante la comisión del jury de enjuiciamiento que lo suspendió de su puesto el jueves pasado, y presentó un planteo de nulidad sobre la decisión del organismo, que le abrió proceso a un juicio político por presuntas irregularidades en su desempeño como magistrado.

Sarmiento difundió un comunicado este miércoles en el que expresó su postura en contra frente al órgano acusador y planteó objeciones formales al trámite en curso. Sostuvo particularmente que no se incorporaron ni valoraron desde la comisión "pruebas" centrales que presentó durante su defensa a su accionar como juez, que ha sido objetado por la mayoría de los miembros del organismo, compuesto por los 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia, 7 diputados y 7 senadores.

Sarmiento afirmó que desde el inicio del procedimiento mantuvo “una actitud de colaboración y apego al marco institucional” y remarcó que "la adopción de una decisión de esta naturaleza requería la consideración previa de pruebas fundamentales ofrecidas por esta parte”, señaló.

También marcó que su intervención busca “aportar una visión contextualizada de la situación”, con “el debido respeto por las instituciones”.

Entre esos elementos que presentó y que no fueron tenidos en cuenta, Sarmiento enumeró “informes estadísticos oficiales que acreditan mi nivel de producción jurisdiccional desde 2018, antecedentes jurisprudenciales coincidentes con los criterios aplicados, informes institucionales del Ministerio Público Fiscal y del Servicio Penitenciario, y testimonios técnicos de magistrados y especialistas del fuero”.

Planteo de nulidad y mensaje al Ministerio Público Fiscal de Sarmiento

Este planteo de nulidad es, según Sarmiento, “de carácter estrictamente técnico” contra el acta que dispuso la continuidad del juicio y su suspensión preventiva. Según explicó, el cuestionamiento se basa en que “dicho instrumento no consigna de manera expresa los fundamentos de la decisión adoptada ni el voto individual de cada uno de los miembros del Jury”, requisitos que, tal como aseguró "exige para actos de esta trascendencia".

Además, apuntó contra el Ministerio Público Fiscal (MPF), liderado por Alejandro Gullé, sobre el cual sostuvo que en los casos analizados y por los que supuestamente lo llevaron al inicio de este juicio político, "el Ministerio Público Fiscal no promovió objeciones oportunas y que, en uno de ellos, prestó conformidad expresa para el otorgamiento de la libertad anticipada”.

“La preservación de la independencia judicial y el pleno respeto del debido proceso constituyen exigencias constitucionales e internacionales”, sostuvo, y agregó que su inobservancia “puede generar responsabilidad internacional para el Estado”.

En ese sentido, mencionó que su situación funcional fue aludida “en el marco de la reciente 83ª sesión del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas”.

Y cerró: "Reitero mi disposición a continuar colaborando con el Jury de Enjuiciamiento, con apertura y buena fe, en la búsqueda de una solución institucional adecuada que resguarde tanto mis derechos como la confianza pública en el sistema de justicia".

Con relación al hecho que fue tomado en el Comité contra la Tortura, se expresó que "el comité entiende que el Juez enfrenta un proceso de remoción en base a 5 casos, pero que no parecieran haber cuestiones de mala conducta respecto de su labor; y que si ello es así podría tener un efecto inhibidor en el resto de la Justicia Provincial. Nos gustaría que la delegación pudiera expresarse sobre estos hechos", manifestaron.

El Jury de Enjuiciamiento al juez Sarmiento

Por 13 votos afirmativos contra 8 negativos, el órgano constitucional encargado de juzgar la conducta de magistrados decidió avanzar con el juicio político contra Sarmiento y suspendió al juez de su cargo, a la vez que determinó que cobrará la mitad del sueldo mientras dure el proceso.

El juez Sarmiento fue acusado por fallos en los que ordenó liberar a delincuentes de manera anticipada y que reincidieron en hechos de gravedad. La denuncia fue presentada por el diputado radical Franco Ambrosino.

El legislador representó a la familia de Héctor Pelayes, un policía retirado asesinado en septiembre de 2024 en su casa por un delincuente que había salido de prisión beneficiado por una resolución del juez de Ejecución Penal, a sabiendas que el recluso contaba con un informe de una psicóloga del Organismo Técnico Criminológico (OTC) en contra de la libertad condicional.

Pero además, el magistrado ha sido criticado en reiteradas oportunidades por el gobernador Alfredo Cornejo por los fallos en los que ha otorgado beneficios penitenciarios a delincuentes. A principios de este año, desde el Gobierno provincial también apuntaron contra Sarmiento por suspender el retiro de los celulares en las cárceles de Mendoza, un beneficio excepcional implementado durante la pandemia pero continuaba en las penitenciarias de la provincia.

El comunicado completo de Sarmiento ante el Jury

Sobre la decisión del Jury de Enjuiciamiento

Ante la resolución adoptada por el Jury de Enjuiciamiento que dispuso la continuidad del proceso y mi suspensión preventiva, considero oportuno realizar esta comunicación con el debido respeto por las instituciones y con el objetivo de aportar una visión contextualizada de la situación.

Desde el inicio del trámite he mantenido una actitud de colaboración y apego al marco institucional. Al contestar la denuncia, dejé expresamente consignado, y así surge de las presentaciones incorporadas al expediente, que la adopción de una decisión de esta naturaleza requería la consideración previa de pruebas fundamentales ofrecidas por esta parte, destinadas a contextualizar adecuadamente las decisiones jurisdiccionales cuestionadas y a desvirtuar los hechos alegados. Dichas pruebas incluyen informes estadísticos oficiales que acreditan mi nivel de producción jurisdiccional desde 2018, antecedentes jurisprudenciales coincidentes con los criterios aplicados, informes institucionales del Ministerio Público Fiscal y del Servicio Penitenciario, y testimonios técnicos de magistrados y especialistas del fuero. Hasta el momento, estos elementos no han sido incorporados ni valorados, pese a su relevancia para una decisión debidamente fundada.

En este contexto, he formulado un planteo de nulidad de carácter estrictamente técnico respecto del acta que dispuso la continuación del juicio y la suspensión preventiva, en atención a que dicho instrumento no consigna de manera expresa los fundamentos de la decisión adoptada ni el voto individual de cada uno de los miembros del Jury, extremos que la normativa aplicable exige para actos de esta trascendencia institucional. Este planteo se orienta a resguardar la debida documentación, motivación y constancia de la votación nominal, no como un cuestionamiento personal o institucional al Tribunal, sino como una herramienta destinada a fortalecer la regularidad, validez y legitimidad del procedimiento, en resguardo de las garantías propias del debido proceso.

Resulta asimismo relevante considerar que, en los casos analizados, el Ministerio Público Fiscal no promovió objeciones oportunas y que, en uno de ellos, prestó conformidad expresa para el otorgamiento de la libertad anticipada, extremos que forman parte del contexto institucional en el que se dictaron las resoluciones cuestionadas.

La preservación de la independencia judicial y el pleno respeto del debido proceso constituyen exigencias constitucionales e internacionales. Su inobservancia en procedimientos disciplinarios puede generar responsabilidad internacional para el Estado, circunstancia que ha sido señalada por los organismos internacionales de derechos humanos, incluso en el marco de la reciente 83ª sesión del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, donde se formularon referencias vinculadas a mi situación funcional.

Reitero mi disposición a continuar colaborando con el Jury de Enjuiciamiento, con apertura y buena fe, en la búsqueda de una solución institucional adecuada que resguarde tanto mis derechos como la confianza pública en el sistema de justicia.

Dr. Miguel Sebastián Sarmiento