Los gestos altruistas de Cornejo con Milei en la provincia de la cultura del rebusque

Sus aliados, como Alfredo Cornejo, siguen la misma lógica de “acompañamiento”, pero con preocupaciones más agudas por lo que la historia reciente marca. “No sabemos qué va a pasar”, dicen alrededor del oficialismo. La esperanza que tenían era que haya muestras de repunte en el día a día y que el malestar no se traduzca en bronca. Todo, con la perspectiva de construir un escenario electoral menos áspero para el año que viene; pues Cornejo y el oficialismo siguen atados a las energías de Milei.

Tan atado está Cornejo a Milei que en las últimas semanas hubo gestos que ni los propios seguidores originales del Presidente se animaron a tanto. Cornejo fue, por ejemplo, el único que se dejó fotografiar junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni, imagen que ha ilustrado más de una nota con una carga negativa compleja para el gobernador mendocino. Más fidelidad demostró en el Congreso, con un gesto de “altruismo” político para sacar a Mendoza de los beneficios tarifarios por estar en la llamada “zona fría”. Es decir, entienden que se hizo justicia con las cuentas fiscales nacionales en detrimento del “confort” de los mendocinos que tienen acceso a la reducción de tarifa.

Sin mayores reclamos, los legisladores que responden al mando del Gobernador borraron con el codo lo que había votado en 2021, Cornejo incluido (el gobernador era diputado en ese momento). El “beneficio” tarifario implicaba un gasto extra de unos 300 millones de dólares al Gobierno nacional porque el fondo creado para financiar esa tarifa no alcanzaba. El impacto político podría superar esa magnitud de dinero cuando lleguen las boletas en el invierno. Creen en el cornejismo que es un tema que pueden adjudicarle a la Nación. Difícil, pues más allá de la discusión técnica y financiera, la facilidad con la que el equipo de Cornejo avala cualquier medida de Milei es notable, aún cuando va contra los intereses de los mendocinos y la provincia. Alcanza con ver el desfinanciamiento de programas y servicios clave que la Provincia debe suplir con recursos propios. Más aún, la falta de reclamo en defensa del interés general por los incumplimientos presupuestarios y de gestión.

Un ejemplo notable de la adaptación es lo que ocurre con las obras públicas, pues la Nación abandonó el tema y dejó en estado de baldío las que se habían iniciado.

El Gobierno nacional anunció la concesión de la ruta 7 en Mendoza. El Gobierno provincial lo festejó; pero hay un mansaje que puede resultar engañoso.

El proceso lanzado por el Gobierno es una concesión, no una obra en sí. La inversión previta ronda los 300 millones de dólares para más de 300 kilómetros de ruta, una cifra inviable para un proyecto de obra. Hay que bajar a tierra: los trabajos que se harán están muy alejados de la expectativa y la necesidad que tiene esa ruta troncal para la provincia. En los pliegos está claro, pues es más un privatización que un plan de obras. Y los peajes estarán antes de lo que se supone, pues hay un modelo progresivo que le permitirá al concesionario futuro cobrar con las obras mínimas indispensables ejecutadas.

Entre las obras obligatorias que debe ejecutar el concesionario está una intersección en Uspallata, la reconstrucción de un puente sobre el arroyo uspallata y 30 kilómetros de ruta de hormigón en alta montaña. La empresa se hará con la recaudación de los peajes que habrá en la Variante Palmira y a la salida de Potrerillos, que se sumarán a los de La Paz y el límite con Chile. Literalmente reemplazará a las tareas de Vialidad Nacional, salvo en los momentos de mayor trabajo: el operativo de invierno seguirá a cargo del Estado. “El Operativo Invernal estará a cargo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, para garantizar las condiciones de circulación y seguridad de todos los usuarios”, dice el pliego. En cambio, el concesionario podrá usar como propias todas las instalaciones de Vialidad: desde las cabinas de peaje, hasta los campamentos y estacionamientos. En principio hay que dejar de ilusionarse con el nuevo túnel caracoles, con la ampliación de las trazas y otros proyectos que hacían al plan original de mejora de la ruta 7, que es el eje del corredor comercial terrestre más importante del continente.

La inversión prevista para los más de 300 kilómetros de ruta entre La Paz y el Túnel Cristo Redentor es desproporcionadamente baja respecto a otras obras que habrá casi en simultáneo: la provincia destinará unos 100 millones de dólares por solo 30 kilómetros de la “ex Ruta 7” que se provincializaron para mejorar el Acceso Este. Justamente allí habrá otra combinación compleja: la nueva ruta provincial 22 tendría peajes provinciales, que convivirán con los del concesionario nacional.

En ese ida y vuelta de favores, Milei salió ganando. La provincia destinó un volumen importante del Fondo de Resarcimiento en obras que dependen originalmente de la Nación. A La provincialización del tramo urbano de la ruta 7 se le suman otros como la ruta 143 y, también, obras de transporte eléctrico, así como obras de agua y cloacas que tenían comprometido financiamiento de programas nacionales desaparecidos. En cuanto a las obras viales que son financiadas con recursos del Fondo de Resarcimiento hay un dato conceptual importante. La mayoría son obras de pavimentación, reparación y ampliación de vías existentes. Es decir, no se expande la red de rutas y autopistas, sino que se ponen parches.

De los 1023 millones de dólares, que por las inversiones financieras sumaron otros 20 millones extra, queda poco por “comprometer”. Cornejo ejecutó un plan intensivo este año y tendrá cintas para cortar el año que viene. Del grupo de proyectos en carpeta hay uno que sobresale: la construcción de viviendas con un aporte del 40% de parte del Estado con los fondos de resarcimiento. Hacia el futuro inmediato a quien gobierne Mendoza le tocará tener pericia para gestionar, pues no le quedará nada de las “joyas de la abuela” y, como le ocurre a los mendocinos, deberá rastrear algún rebusque.