Legislatura bonaerense: oficialismo y oposición buscan prohibir que los presos usen celulares
En la casa de las leyes presentaron proyectos que apuntan a frenar los delitos cometidos desde las cárceles, prohibiendo que los presos tengan celulares.
Buscan que los presos dejen de usar celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
La Legislatura bonaerense parece ser el lugar donde la oposición y un sector del oficialismo saltan la grieta con proyectos que apuntan al "sentido común", pocas veces usado en la política. En marzo se presentaron en ambas cámaras legislativas tres iniciativas (una oficialista y dos opositoras) que persiguen el mismo objetivo: prohibir que los presos tengan celulares en las cárceles.
No es algo nuevo
Los proyectos para prohibir que presos usen celulares en cárceles, no es algo nuevo. Legisladores opositores vienen insistiendo con este tema desde que la administración Kicillof, adhiriendo a la medida tomada en pandemia por el gobierno de Alberto Fernández, autorizó el ingreso de telefonía móvil a las cárceles dependientes del Servicio Penitenciario provincial bajo el argumento de que los reos debían mantener el vínculo con sus familias y amigos mientras durara el aislamiento social producto de la cuarentena por el coronavirus.
Esto, en las cárceles bonaerenses, por guiños de la justicia y del estado provincial llego para quedarse, posibilitando que los presos desde su lugar de reclusión puedan seguir administrando sus "negocios" o generar nuevos "emprendimientos" delictivos. Ante el crecimiento del ciberdelito (estafas, extorsiones y secuestros virtuales) desde las cárceles bonaerense, se presentaron en pandemia y postpandemia proyectos de ley para prohibir que los reclusos sigan usando celulares.
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Las iniciativas del senador del PRO Alex Campbell y de la exdiputada radical Nazarena Mesías, perdieron estado parlamentario producto de las "trabas" puestas por el peronismo que, romantizando la delincuencia, hizo uso de su mayoría en las comisiones parlamentarias para que ambas iniciativas no lleguen a ser debatidas; una complicidad que posibilitó a los presos seguir "facturando con sus Pymes delictivas".
El proyecto de La Libertad Avanza en diputados
Tras el suicidio en la Quinta de Olivos del soldado Rodrigo Gómez, quien fue víctima de una extorsión telefónica desde una prisión bonaerense, el diputado de La Libertad Avanza Oscar Liberman presentó un proyecto de Ley para prohibir el uso de telefonía celular en los establecimientos penitenciarios dependientes de la provincia.
La iniciativa cuenta con el apoyo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y de sus compañeros de bloque. La misma fue presentada bajo el nombre de "Ley Rodrigo" en homenaje al soldado que se quitó la vida tras no poder soportar el chantaje al que era sometido por presos que actuaban en simultaneo desde dos cárceles bonaerenses.
El proyecto del legislador de Bahía Blanca propone dejar sin efecto el "Protocolo para el uso de teléfonos celulares" en las cárceles que rige desde el 2020 por la pandemia del coronavirus; y la modificación del inciso 5 del artículo 0 de la Ley de Ejecución Penal bonaerense, estableciendo que las personas recluidas de su libertad solo podrán tener una comunicación telefónica con los dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario".
En ese sentido, el tiempo de comunicación que tendrá cada preso será limitado a un máximo de dos horas diarias y solo podrán mantener comunicación con hasta 5 personas previamente autorizadas. Y en caso de que no se garantice ninguna de estas cuestiones, la autoridad penitenciaria podrá solicitar al juez competente la restricción o interrupción de las comunicaciones.
Asimismo, el proyecto prevé la instalación de sistemas de inhibición de señal de telefonía móvil y la transmisión de datos en los pabellones carcelarios; promoviendo además medidas de control permanentes como: requisas periódicas, controles tecnológicos para detectar celulares y acciones preventivas para evitar el ingreso de dispositivos móviles.
Los dos proyectos que ingresaron por el Senado
Tanto la coalición opositora HECHOS, liderada por los hermanos Passaglia, como el Frente Renovador, mediante la mano de Malena Galmarini, presentaron por mesa de entrada del Senado dos iniciativas de similares características, aunque con matices que vale la pena desmenuzar.
El objetivo es idéntico: recuperar el control del espectro radioeléctrico dentro de las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). En pocas palabras, voltear el "call center delictivo" montado por los presos en las cárceles.
La iniciativa impulsada por Malena Galmarini
Desde el oficialismo, Malena Galmarini, número dos del Frente Renovador, presentó un proyecto de ley orientado a la protección de las víctimas. Su iniciativa no solo busca la prohibición del uso de celulares en los establecimientos penitenciarios, sino que le pone un cronómetro al Ejecutivo provincial estableciendo un plazo máximo de 180 días para que los sistemas de inhibición de señal estén operativos.
La oposición propone el fin de la anomia tecnológica en las cárceles
El proyecto impulsado por los senadores del boque HECHOS, tiene un fuerte componente de restauración institucional en las cárceles. El argumento central de la iniciativa es que la resolución que permitió el ingreso de celulares en las unidades penitenciarias, en la actualidad carece de sustento legal y, sobre todo, de una evaluación de impacto que justifique su continuidad.
Para los legisladores opositores, el uso de celulares dejó de ser un derecho humanitario para los presos para convertirse en una "práctica habitual" que facilita el crimen organizado desde donde deben cumplir condena.
La propuesta de HECHOS es quirúrgica: derogar toda normativa administrativa previa, implementar inhibidores de señal y, un punto no menor, considerar la tenencia de un dispositivo móvil como una falta grave.
Puntos de contacto entre los proyectos de Ley para impedir a los presos usar celulares
La comparación de los textos presentados en la Cámara alta bonaerense, presenta coincidencias estructurales. Ambos espacios políticos, uno perteneciente al frente oficialista y otro opositor, entienden que el Estado cedió soberanía dentro de los muros carcelarios.
- Inhibidores obligatorios: ambos proyectos coinciden en que la requisa manual ya no alcanza, por lo que la tecnología se combate con tecnología. La instalación de bloqueadores de señal es el corazón de ambas iniciativas.
- Derecho a la comunicación: ninguna de las dos iniciativas plantea el aislamiento total de los reclusos. Se reconoce el derecho que tienen los presos a mantener contacto con sus abogados y familiares, pero bajo el sistema de "teléfono público" o líneas fijas supervisadas.
- Sanciones: el bloque de HECHOS es más explícito en la tipificación de la falta, mientras que el proyecto de Malena Galmarini pone presión sobre los tiempos de implementación técnica por parte del Estado.
La única verdad es la realidad
Si bien ambos proyectos tienen el sello de mesa de entrada de la Cámara alta provincial, chocan con la inacción producto de la interna peronista que reina en el Senado bonaerense, donde todavía la vicegobernadora Verónica Magario no pudo designar las autoridades de las comisiones parlamentarias.
Como dijo hace unos días un asesor legislativo de uno de los bloques opositores: "Este va a ser un año de mucha plancha, nosotros tenemos que mostrarnos presentando proyectos sabiendo que van a ser cajoneados porque Magario no puede contener su tropa".