La Justicia convalidó la investigación contra Alberto Fernández por la denuncia de Fabiola Yáñez por violencia de género
La Cámara Federal Porteña rechazó el pedido de nulidad del expresidente y ordenó al juez Daniel Rafecas producir nuevas medidas de prueba antes de definir el cierre de la instrucción.
La Sala II de Cámara Federal porteña desestimó el planteo de nulidad presentado por la defensa de Alberto Fernández y confirmó la validez de la investigación por presunta violencia de género iniciada a partir de la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yáñez. Con esta decisión, el expediente continúa su curso, aunque el juez Daniel Rafecas deberá producir una serie de medidas de prueba solicitadas por la defensa previo a resolver si la causa queda en condiciones de avanzar hacia el juicio oral.
Según el fallo al que tuvo acceso MDZ, los camaristas Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron la resolución que había rechazado el pedido de anular todas las actuaciones realizadas por el entonces juez Julián Ercolini.
La defensa de Alberto Fernández, encabezada por la abogada Silvina Carreira, sostuvo que el apartamiento de Ercolini por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, tras admitir la recusación por una situación de enemistad manifiesta con el expresidente, debía provocar la nulidad absoluta de todo lo actuado durante su intervención.
El rechazo a la nulidad y los estándares internacionales de protección
Sin embargo, el tribunal de segunda instancia concluyó que ese argumento no podía prosperar porque la propia Casación, al resolver la recusación, había establecido expresamente que el apartamiento del magistrado era "sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos". Para los jueces, esa definición ya resolvió el alcance jurídico de la decisión y no puede ser reinterpretada por instancias inferiores.
En su voto, Boico sostuvo que la propia cámara ya había fijado una posición clara sobre la cuestión al preservar la validez de todas las actuaciones realizadas durante la instrucción. A su entender, aceptar ahora la nulidad significaría desconocer una decisión adoptada por un tribunal superior. "Frente a la contundencia del decisorio de Casación, en lo que hace a la validez de los actos del proceso, la moción de nulidad propuesta por la defensa no podrá ser receptada", afirmó.
En ese marco, los magistrados también respaldaron el criterio de la Casación respecto de que la investigación no debía retrotraerse por tratarse de un expediente vinculado con presuntos hechos de violencia de género.
Del mismo modo, señalaron que las obligaciones contraídas por el Estado argentino en virtud de la Convención de Belém do Pará, la CEDAW, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Ley 26.485 imponen el deber de asegurar el acceso a la justicia y de prevenir la revictimización de quienes efectúan la denuncia. Sobre esa base, los camaristas consideraron que retomar el proceso desde el inicio resultaría contrario a dichos estándares internacionales.
Medidas de prueba pendientes y el futuro procesal del exmandatario
No obstante, la decisión no cierra completamente la discusión planteada por la defensa. El magistrado Boico recordó que cuando revisó anteriormente el procesamiento de Fernández, había considerado que todavía faltaban producir pruebas relevantes. Ante ello, propuso que el juez Rafecas incorpore esas medidas pendientes y, una vez obtenidos sus resultados, reevalúe la situación procesal del exmandatario antes de decidir si corresponde avanzar hacia la etapa prevista para la elevación a juicio.
Farah coincidió con ese criterio. Si bien rechazó la pretensión de declarar inválida toda la investigación, sostuvo que corresponde garantizar plenamente el derecho de defensa mediante la producción de aquellas pruebas que fueron oportunamente solicitadas y no llegaron a realizarse. "El nuevo magistrado interviniente provea aquella que resulte estrictamente conducente y con su resultado reevalúe la situación del imputado", expresó en su voto.
La investigación, impulsada por el fiscal Ramiro González, ya cuenta con un requerimiento de elevación a juicio oral. Fernández está procesado por lesiones leves reiteradas y lesiones graves agravadas por el vínculo, además de amenazas coactivas, en el marco de la denuncia presentada por Yañez. La causa se originó a partir del hallazgo de conversaciones e imágenes durante el análisis del teléfono celular de María Cantero en otra investigación judicial, lo que derivó en la apertura del expediente por presunta violencia de género.