No hay respiro para los Adorni: Rafecas puso bajo la lupa el patrimonio de Francisco, hermano del exfuncionario
En el marco que investiga al diputado bonaerense por La Libertad Avanza, el juez dispuso una serie de diligencias para avanzar en el expediente que analiza un posible enriquecimiento ilícito y una presunta “omisión maliciosa” en sus declaraciones juradas.
Rafecas deberá evaluar la información obtenida a partir de los informes requeridos antes de tomar una decisión sobre el pedido de indagatoria planteado por la fiscalía.
Avanza la causa y el magistrado busca reunir más elementos antes de definir si corresponde avanzar con el pedido de indagatoria realizado por el fiscal Guillermo Marijuán. La investigación apunta a determinar si el crecimiento patrimonial que había informado Francisco, el hermano de Manuel Adorni, cuenta con documentación que respalde su origen.
La causa quedó centrada en la revisión de los movimientos económicos, bienes declarados y documentación oficial presentada por el legislador. El juzgado federal inició una etapa de recopilación de información para establecer si existieron inconsistencias en los datos informados.
Las nuevas medidas ordenadas por Rafecas analizan pedidos a organismos públicos y entidades financieras. Así es como la Justicia pretende reconstruir el recorrido de fondos y verificar la situación patrimonial del diputado provincial.
Un crédito y algunas propiedades
Las propiedades son un tema recurrente en la familia Adorni y, en este caso, Francisco no se queda atrás. La Justicia solicitó información al Banco Provincia sobre los pagos realizados por el funcionario entre 2024 y 2026 vinculados con la cancelación de un crédito hipotecario por $60.000.000. Esto permitiría analizar las operaciones relacionadas con ese préstamo y sus movimientos asociados.
Si la información se coteja con la solicitada al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires -a la cual se le pidió información para verificar los datos de titularidad, valuación y las condiciones de incorporación al patrimonio de dos propiedades específicas-, la Justicia podría terminar de corroborar la situación propietaria del legislador.
Sin embargo, no todo son propiedades: La Legislatura bonaerense también quedó involucrada en la investigación. El juzgado pidió formalmente la última declaración jurada presentada por Adorni como diputado provincial para incorporarla al expediente, junto con una rectificación realizada por Adorni después de que comenzara el expediente judicial. La modificación no es menor, dado que el diputado incorporó -nada menos que- $21.000.000 en este tramo, monto que le atribuyó a una sucesión familiar.
Los investigadores buscan determinar si ese monto tiene respaldo documental y si el origen de esos fondos coincide con la información incorporada al expediente. Dado que el fiscal Guillermo Marijuán había acusado a Adorni por una presunta omisión maliciosa de documento público. La acusación sostiene que el diputado habría ocultado información relacionada con cuentas bancarias y bienes patrimoniales.
Marijuán también hizo referencia a la formación profesional de Adorni como perito contador y a su paso por el Consejo de la Magistratura provincial. Según el fiscal, esos antecedentes le otorgaban suficiente conocimiento sobre la confección y presentación de declaraciones juradas.
Otro expediente bajo análisis en Comodoro Py
Las diferencias entre la información patrimonial declarada por Francisco Adorni y los datos presentados por su hermano Manuel Adorni forman parte de los puntos que la Justicia revisa dentro del expediente.
El juzgado analiza si los montos vinculados con la herencia familiar coinciden con los registros patrimoniales disponibles. La investigación continúa en una etapa previa a una eventual definición sobre la situación procesal del diputado provincial.
La Cámara Federal también intervino en otra causa que involucra a Francisco Adorni. El tribunal decidió unificar en los tribunales de Comodoro Py un expediente relacionado con presuntas irregularidades en un préstamo de $40.000 millones.
Ese caso está vinculado al Instituto de Ayuda Financiera (IAF) y al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). El expediente quedó incorporado dentro del ámbito de Comodoro Py, aunque se trata de una investigación diferente.
