Poder Judicial

Juicio a Lobos: estrategias al desnudo, testigos incómodos y enojos de familia

El exintendente de Guaymallén rompió el silencio y tomó distancia de su suegra. Un testigo cercano a Lobos y a Claudia Sgró los complicó con sus declaraciones y los abogados revelaron sus estrategias judiciales. Detalles de la causa que tendrá sentencia el próximo jueves.

jueves, 2 de mayo de 2019 · 20:49 hs

Si bien el dato destacado es que el fiscal pidió una pena de 4 años y seis meses de prisión para Luis Lobos -con inhabilitación para ejercer cargos públicos-, lo cierto es que se trató de una jornada extensa y en la que los abogados desnudaron sus estrategias. Pero además se tomó indagatoria al último testigo, un viejo conocido de Luis Lobos gracias al cual se concretó el matrimonio con Claudia Sgró. Hoy, no los ayudó con sus declaraciones.

Alejandro Luis Moreno se desempeñó como asesor legal en la Presidencia del Concejo Deliberante y en 2014 se convirtió en secretario legislativo. Si bien dijo que tuvo una buena relación con Lobos cuando era su jefe, sus palabras sembraron dudas respecto a la verdadera relación entre Lobos y su suegra María Elena Fernández. Es que si bien Lobos aseguró que tiene una mala relación con la madre de su esposa, Moreno afirmó todo lo contrario.

Moreno no es un abogado más. Se trata del profesional que representó a Lobos en su primer divorcio e hizo lo propio con Claudia Sgró, quien también se divorció antes de formar pareja con el exintendente. "Los he conocido siempre", sostuvo Moreno y dijo que María Elena Fernández visitaba con frecuencia el Concejo Deliberante cuando Lobos era el presidente y Sgró se desempeñaba allí. "Trabajaba en un privado con Alejandra Sgró, la hermana de Claudia. También lo vi a Abraham llegar para reunirse con Lobos", sostuvo el abogado.

Justamente, la estrategia de Lobos ha sido despegarse de su suegra e intentar tomar distancia de todo lo que tenga que ver con los nombramientos de Laura Fara y su hijo Pablo Muller. Fara era empleada doméstica de María Elena Fernández y empezó recibir "ayuda social" de la Municipalidad de Guaymallén al igual que Muller. Pero en realidad, ambos habían sido dados de alta como empleados municipales sin que lo supieran y sus salarios eran cobrados por Fernández, a quien le habían entregado sus tarjetas de débito.

Qué dijeron Lobos y Sgró

El exintendente declaró hoy pero sin someterse a preguntas de fiscalía y la querella. En su argumentación subrayó que nunca conoció a Fara ni a Muller y dijo que nunca autorizó a nadie para que nombre como empleada municipal a la empleada doméstica de su suegra. Incluso, remarcó que tiene una mala relación con María Elena Fernández.

De todas maneras, admitió que en mayo del 2015 firmó el pase a planta permanente de 300 personas entre las que se encontraban Muller y Fara. Pero aclaró que lo hizo de la misma forma que se viene haciendo en el municipio desde 1983. "No hay concursos. Primero se observa si existe presupuesto. Después si se necesita personal y los directores de área le manifiestan al intendente la necesidad de contratar. El intendente firma, pero eso no quiere decir que ponga los nombres", expresó Lobos y subrayó que lo que hace el intendente es "la formalidad de la firma del decreto después de un largo proceso".

Para Lobos ese es el mecanismo que se ha seguido "por uso y costumbre" en las últimas décadas y agregó que en mayo del 2015 faltaba un mes para las elecciones y se encontraba de campaña electoral, por lo que no tenía tiempo de revisar nombre por nombre.

Mientras tanto, Sgró intentó poner en tela de juicio las declaraciones de Laura Fara, quien ante los jueces dijo haber hablado con Sgró al cobrar su primer salario. Incluso, había narrado que cuando le dijeron que era empleada municipal en noviembre del 2015 -justo antes del cambio de gestión- empezó a trabajar con Sgró en el área de turismo. "Yo no conozco a Fara. No la vi en el Concejo Deliberante ni en Turismo", manifestó.

En base a esos argumentos y a la ausencia de prueba fáctica que demuestre que Lobos y Sgró participaron de forma activa para nombrar a los empleados ñoquis, el abogado defensor Fernando Luquez pidió el sobreseímiento por "beneficio de la duda".

Estrategias al desnudo

Si bien ya estaba clara la estrategia de las partes, este jueves los abogados mostraron su juego de forma abierta y expusieron sus argumentos frente al tribunal integrado por los jueces Ezequiel Crivelli, Marcelo Gutiérrez de Barrio y Jorge Luis Del Pópolo. El fiscal Sebastián Capizzi construyó su ponencia en un solvente marco legal pero aclarando que al tratarse de un caso de corrupción no es sencillo encontrar prueba fáctica. Específicamente, pidió tener en cuenta que la corrupción genera un perjuicio a todos los ciudadanos y por eso solicitó una pena ejemplar.

"La corrupción rompe la confianza y la fe en la cosa pública. Cada peso que se desvía en casos de corrupción no llega a los servicios públicos y acá lo que pasó con María Elena Fernández fue eso", manifestó Capizzi en relación a la suegra de Luis Lobos. Fernández cobraba todos los meses el salario municipal de Laura Fara y Pablo Muller, quienes no sabían que eran trabajadores de Guaymallén. Fara era conocida de Fernández e iba a planchar a su casa.

Para el jefe de la unidad fiscal de Delitos Económicos está claro que Fernández logró que el municipio contrate como temporarios a Fara y Muller gracias a la intermediación de Claudia Sgró: su hija y esposa de Lobos. Para Capizzi el propio Lobos reconoció haber firmado el decreto para incorporar a esas dos personas que no trabajaron para la municipalidad pero cobraban un sueldo. Y agregó que ambos llegaron al ámbito municipal gracias a María Elena Fernández y Claudia Sgró. Fara en 2011 y Muller dos años después, primero como temporarios cobrando sueldo pero sin ver un centavo más de los que les daba Fernández en concepto de una supuesta "ayuda social" de la comuna.

Claudia Sgro, Luis Lobos y María Elena Fernández

Para el ministerio Público, los acusados intentaron a lo largo del proceso cargar toda la prueba fáctica contra Fernández, pero la mujer no era funcionaria ni tenía el poder de nombrar empleados. Los funcionarios eran Sgró y Lobos y Capizzi sostiene que fue el intendente quien designó de forma definitiva a dos personas que cobraban sin trabajar. Además, reconoció que existe una cadena de mandos pero recordó que Lobos designó a sus funcionarios de confianza. En este sentido, destacó que es el intendente el que nombra a su personal y que violó los deberes de su cargo al firmar pases a planta de personas que no iban a trabajar. "Se da la falacia del autoengaño. Intenta ocultar una verdad que no le conviene", disparó el fiscal y dijo que hablar de "persecución política" es un "slogan" que repiten los acusados que intentan victimizarse.

Los argumentos de la defensa

Mientras tanto, la defensa de Luis Lobos eligió tres caminos para lograr el sobreseimiento del exintentente y su esposa. Por un lado, distanciarse de María Elena Fernández. Por el otro descalificar el testimonio de Laura Fara. Y por último, cuestionar la intencionalidad política detrás del procesamiento contra Lobos.

"Quieren condenar a Lobos por el partido político que integra", manifestó Luquez ante el tribunal y sostuvo que una muestra de ello es que pese a haber sido ñoqui durante años a Fara no la echaron de la Municipalidad e incluso le reconocen adicionales de mayor dedicación.

Para la defensa, Fara incurrió en numerosas contradicciones durante las indagatorias a las que fue sometida. Por ejemplo, sostienen que una oportunidad dijo que Fernández le había pedido que denuncie como robada su tarjeta de débito cuando se produjo el cambio de gestión y que ella había llamado al 0800 para concretar la operación. Sin embargo, en otra declaración había manifestado que la tarjeta la dio de baja luego de ir al banco nación para hacerlo.

La hora de la verdad

El próximo jueves 9 de mayo los jueces Ezequiel Crivelli, Marcelo Gutiérrez de Barrio y Jorge Luis Del Pópolo deberán dar su veredicto. La justicia investiga la situación irregular de la empleada doméstica de la suegra de Lobos, que fue incorporada como empleada municipal en 2011 sin que ella lo supiera. Su tarjeta de débito era utilizada por la suegra de Lobos, que todos los meses extraía el salario de la mujer y solo le daba una pequeña parte bajo la excusa de que era un apoyo económico que le otorgaba la municipalidad. Lo mismo ocurría con su hijo.

El Ministerio Público solicitó esta mañana 4 años y 6 meses de prisión efectiva para Lobos, y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos en la función pública, por defraudación al Estado y administración fraudulenta. Además 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo para la esposa de Lobos, Claudia Sgró.

Por su parte, la querella -la Municipalidad de Guaymallén-, pidió penas más duras para el exintendente: 5 años de prisión por defraudación al estado y administración fraudulenta, y a Sgró 4 años y 6 meses por considerarla partícipe necesaria.

Mientras tanto, para la defensa corresponde la absolución de Lobos y Sgró por beneficio de la duda.