La defensa de Lobos afirma que van camino a la absolución

La defensa de Lobos afirma que van camino a la absolución

Luego de la tercera jornada de debate, el abogado Fernando Luquez aseguró que ningún testigo ha mencionado a Lobos en sus declaraciones y sostuvo que "la acusación fue forzada con fines políticos". Admiten que existió un "caos administrativo", pero afirman que es algo normal en un municipio tan grande.

La causa contra Luis Lobos ya lleva tres jornadas de debate y los testigos han complicado la situación procesal de la suegra del exintendente, María Elena Fernández. Sin embargo, aún no existen certezas que permitan determinar si Lobos estaba al tanto de que su suegra cobraba el salario de dos empleados municipales que no sabían que formaban parte la planta municipal.

"Hasta ahora, nadie dice nada de Lobos", subrayó Fernando Luquez, el defensor del exjefe comunal. En este sentido, aseveró que "la acusación contra Lobos es forzada con fines políticos" y aseguró que el acusado será absuelto porque "no hay pruebas" en su contra.

Este lunes, brindaron testimonio dos empleados de la municipalidad de Guaymallén: Claudia Videla y Pablo Raddi. Ambos estuvieron a cargo de la auditoría municipal que se ordenó al comienzo de la gestión de Marcelino Iglesias, durante la cual se inspeccionaron 821 legajos, muchos de los cuales contenían irregularidades en los nombramientos.

Si bien las declaraciones sirvieron para demostrar el caos administrativo que existía en el manejo del municipio, el abogado defensor de Lobos subrayó que el desorden administrativo "es propio de la vorágine de un municipio con las dimensiones y población de Guaymallén". 

La denuncia de Laura Fara que dio origen al juicio es concreta. Ella planchaba en la casa de María Elena Fernández (suegra de Lobos) y su patrona se jactaba de tener una hija trabajando en Guaymallén (Claudia Sgró). Un día le propuso cobrar una "ayuda económica" del municipio y para ello Fara tuvo que ir a la municipalidad, firmó papeles y cobró un cheque en el Banco Nación. Además de darle el dinero a su empleadora, recibió una tarjeta de débito que también quedó en poder de Fernández. Años después, la empleada doméstica Fara se enteró que figuraba como empleada de planta permanente y que su salario había sido cobrado periódicamente por la suegra del exintendente. Lo mismo ocurrió con Pablo Muller, hijo de Fara.

Si bien las declaraciones testimoniales de Fara y Muller han dejado en una situación complicada a la suegra de Lobos, hasta el momento no existen pruebas contundentes contra el dirigente peronista.

Lo que están intentando demostrar desde la parte acusatoria es que Lobos estaba al tanto de lo que ocurría, que su participación fue necesaria para que los "ñoquis" ingresaran a la planta municipal sin que nadie notara su ausencia y que antes de dejar el cargo de intendente trasladó a Fara al área de turismo donde estaba nombrada su mujer Claudia Sgro.

"Ningún testigo ha hecho acusaciones concretas contra Lobos. Esto necesariamente tiene que terminar con su absolución", aseguró Luquez a MDZ  y remarcó que no hay pruebas contra su defendido. "Ni siquiera la denunciante Fara acusó de alguna manera a Lobos", aseveró.

Para el abogado defensor, la causa "es una campaña electoral de la UCR contra Lobos" y remarcó que hubo serias irregularidades en el peritaje de los decretos en los que supuestamente Lobos designaba, trasladaba y promovía a Laura Fara y Pablo Muller. Específicamente, se detectaron inconsistencias entre las conclusiones de los peritos caligráficos y los decretos originales, ya que no coincidían ni las fechas de los decretos ni la cantidad de artículos que habrían peritado.

El proceso continuará el miércoles a las 17, día para el cual se ha citado a los últimos testigos. Mientras tanto, la semana que viene tendrán lugar los alegatos de Lobos y su esposa Claudia Sgro. 

En la defensa están confiados de que no existen elementos que compliquen al exintendente y sostienen que lo único que existe es el pase a planta de 300 personas porque llevaban más de dos años como contratados. "Fue un mero acto administrativo que se da de forma casi automática. Es un trámite", aseveró Luquez. En cuanto a la situación de María Elena Fernández, afirmó que cuando se recupere de salud será sometida a proceso y volverán a citarse a todos los testigos. "Se realizará un careo entre ella y Fara cuando su salud lo permita", manifestó.

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