Poder Judicial

Errores y contradicciones en el segundo día de juicio contra Lobos

Este miércoles, se llevó a cabo una nueva jornada de debate en la causa contra el exintendente de Guaymallén, acusado de Defraudación en perjuicio de la administración pública. El testimonio de un perito que certificó la firma de Lobos en decretos municipales quedó en duda por discrepancias con los decretos originales

miércoles, 17 de abril de 2019 · 17:19 hs

Avanza la causa contra el exintendente de Guaymallén Luis Lobos pero aún no hay certezas de su participación en la supuesta defraudación en perjuicio de la administración pública. Si bien su suegra María Elena Fernández y su esposa Claudia Sgro han sido comprometidas por testigos, hoy no quedó claro si Lobos firmó decretos como intendente para beneficiar a Pablo Muller y Laura Fara, empleados municipales cuyos salarios eran cobrados por la suegra de Lobos.

En una hora y media de debate, dos testigos pasaron por el banquillo a prestar declaración. Uno de ellos era el perito caligráfico Sergio Montano, quien junto a otros peritos trabajó para certificar que las firmas de distintos decretos había sido realizada por Luis Lobos o si se trataba de una falsificación. Si bien aseguró que pudo determinar de manera "absoluta" que el propio exintendente había rubricado los decretos 1060 y 1061 del 2015, algunas inconsistencias en el trabajo dejaron un manto de dudas que sin lugar a dudas será aprovechado por la defensa de Lobos.

En concreto, se pudo constatar que Montano aseguraba haber revisado dos decretos firmado en mayo del 2015, cuando en realidad la firma se había realizado en noviembre de ese año. Incluso, en su trabajo hablaba de una cantidad de artículos que se contradecía con la cantidad de artículos que tenían los decretos originales. Por eso, si bien aseguró que existían "gestos personales" que permitían asegurar que la firma fue realizada por el propio Lobos, la contundencia de la afirmación queda endeble por las inconsistencias detectadas en su trabajo.

Egresado en la facultad de Santa Fe, Montano trabaja en el Cuerpo Médico Forense y junto a otra perito llegaron a la conclusión de que las firmas no habían sido falsificadas y que el propio Lobos había rubricado los decretos. Esto en disidencia con otro perito que opinó diferente.

Más allá de que Montano ejerce desde 1983 y dijo haber realizado más de 5.000 pericias, quedó claro que existían datos inexactos en su conclusión. No solo en esos dos decretos encontraron errores en las fechas y la cantidad de artículos de los decretos que revisaron los peritos. También pasó lo mismo con el decreto 368/14.

Si bien esto significa un claro golpe para los investigadores, desde el Ministerio Público intentaron restarle importancia y señalaron que hay mucha prueba que compromete a Lobos y deja de manifiesto que estaba al tanto de lo ocurrido.

Por otro lado, también fue citada como testigo la presidenta del Concejo Deliberante de Guaymallén, Evelin Pérez. Si bien sus palabras complicaron a Claudia Sgro y la apuntan como una de las involucradas en el engaño contra Laura Fara y Pablo Muller, también existieron contradicciones entre su testimonio y lo que dijo Fara el lunes pasado.

En concreto, Pérez manifestó que Claudia Sgro fue quien le dijo a Fara a fines de 2015 que había ingresado a planta de la Municipalidad de Guaymallén. En su declaración, Fara relató que fue María Elena Fernández la que le dio la novedad y que luego de eso empezó a trabajar con Sgro en el área de turismo de la municipalidad.

Claudia Sgro, Luis Lobos y María Elena Fernández

Además, dijo que a Fara le sacaron la tarjeta de débito aduciendo un error bancario. Pero el lunes la empleada que iba a planchar a la casa de María Elena Fernández dijo que fue la suegra de Sgro la que le pidió la tarjeta de débito en 2011 y en 2015 le dijo que la declare como robada.

Si bien en el Ministerio Público y en la defensa de Luis Lobos aún no quieren revelar su estrategia judicial, está claro que los defensores del exintendente sospechan que Fara estaba al tanto de su situación. Además, apuntan a comprobar que la actual gestión está detrás de la denuncia de Fara y que por eso más allá de las irregularidades hoy sigue siendo empleada municipal con clase elevada.

Por lo pronto, habrá que esperar hasta el próximo lunes 22 de abril cuando se realizará un nuevo debate en el cual prestarán declaración otros cuatro testigos. Lobos está acusado de haber hecho nombrar en planta de la municipalidad a la mujer que iba a planchar a la casa de su suegra y a su hijo de 18 años. En concreto, la suegra de Lobos, María Elena Fernández tenía las tarjetas de débito de ambos empleados y cobraba sus suelos sin que ellos supieran que eran empleados municipales.