El Senado aprobó la ley "ómnibus" con un fuerte rechazo del peronismo

La Cámara de Senadores aprobó este martes el proyecto de ley "ómnibus" que impulsa una serie de reformas profundas que buscan mejorar la eficiencia en el uso de los recursos estatales y generar mejores condiciones para la inversión privada en Mendoza. La medida tuvo un fuerte rechazo del peronismo, pero de igual manera

Entre los cambios, se promueven la adhesión al Régimen de Incentivos a las Medianas Inversiones (RIMI) nacional; la disolución del Fondo para la Transformación y Crecimiento (FTyC); cambios en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC); y también el saneamiento de activos remanentes de los ex bancos oficiales.

La iniciativa, que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, recibió modificaciones técnicas pero no de fondo durante su tratamiento en el Senado, por lo que volverá a la Cámara Baja para que los diputados analicen los cambios incorporados y le otorguen sanción definitiva.

Durante el tratamiento del expediente, la presidenta de la comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, la senadora Patricia Sánchez, destacó que el proyecto fue analizado en reuniones conjuntas de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Legislación y Asuntos Constitucionales, en las que el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad expuso en detalle el alcance de cada uno de los capítulos y respondió las consultas formuladas por los legisladores.

No obstante, desde el peronismo, dentro del Interbloque Encuentro Mendocino, votaron en contra y aseguraron que los cambios en los proyectos sirven solo para "abandonar a las pymes y legislar para los grandes grupos económicos”.

El megaproyecto tuvo 27 votos afirmativos y 10 negativos y volverá a la Cámara Baja para su revisión y sanción final.

Mendoza se suma al RIMI

Un capítulo del proyecto de ley es la adhesión de la Provincia al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

El RIMI es un régimen nacional orientado a promover diferentes inversiones productivas en el país, utilizando como herramientas una serie de incentivos fiscales.

Está destinado a empresas calificadas como MiPyMes (micro, pequeñas y medianas empresas) y contempla beneficios como la amortización en el impuesto a las ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA.

Además de la adhesión a la ley nacional, el proyecto provincial agrega una serie de beneficios a largo plazo para las empresas y proyectos que ingresen al régimen para maximizar el impacto de las inversiones.

En primer lugar, el proyecto establece una estabilidad impositiva, evitando que se creen nuevos impuestos o se aumenten las alícuotas de los existentes por un plazo de 10 años.

A su vez, quienes ingresen al régimen contarán con prioridad para programas de formación, asistencia técnica, promoción de exportación a través de ProMendoza, programas provinciales de generación de empleo y preferencia en la localización y utilización de espacios en parques industriales.

Eliminación del Fondo para la Transformación y el Crecimiento

En segundo lugar, el proyecto propone la disolución y liquidación de la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC).

Señala que, tras más de 30 años desde su creación, el organismo ha visto reducida su disponibilidad patrimonial debido al agotamiento de los recursos extraordinarios que le dieron origen.

En ese sentido, el Ejecutivo considera que el sistema financiero privado ha alcanzado un nivel de madurez que permite al Estado reorientar su rol hacia la corrección de fallas de mercado específicas.

El organismo fue creado en octubre de 1993 en momentos en los que la provincia ganó un juicio a la Nación por regalías petrolíferas mal liquidadas, donde recibió U$S 617 millones. Meses después, llegó a manejar incluso recursos superiores a los U$S 1.000 millones, lo que hoy equivale a los famosos fondos del resarcimiento que se están utilizando para obras públicas.

Lo cierto es que, tras 33 años, producto de las crisis macroeconómicas, devaluaciones de la moneda e inflación, el Fondo ha ido achicándose en recursos. Al dar constantemente créditos a productores a tasa real negativa, los fondos se han licuado, y de los más de U$S 1.000 millones, hoy solamente cuenta con U$S 25 millones.

Reorganización del Casino

Asimismo, la iniciativa faculta al Instituto Provincial de Juegos y Casinos a llevar adelante un proceso de reorganización con el objetivo de optimizar la gestión, racionalizar el uso de los recursos públicos y garantizar la sustentabilidad institucional y financiera.

Esta medida se vincula con el impacto negativo derivado del siniestro ocurrido el 11 de marzo de 2026 en el complejo Tótem Boulevard, en San Martín, que destruyó por completo el Anexo Zona Este del Casino de Mendoza, provocó el cierre de la sala y la interrupción de sus actividades.

En este contexto, y considerando también los cambios tecnológicos y operativos en la industria del juego, el proyecto plantea la necesidad de “avanzar en un proceso de reorganización integral” del Instituto para adecuar su estructura a criterios de eficiencia, sostenibilidad y equilibrio económico.

Desde el Ejecutivo indicaron que la situación impacta en la recaudación, el presupuesto, la organización interna y la asignación de recursos, además de comprometer transferencias a salud, bibliotecas populares y rentas generales según la Ley Nº 7.314.

Según informó MDZ, el Tótem Boulevard, que representaba un tercio de lo que generan los casinos estatales de Mendoza (está la sede central del Casino de Godoy Cruz y el de General Alvear), y además dejará de percibir por lo menos $2.450 millones en lo que resta del año.

Además, el Instituto debió desembolsar $53 millones en abril para sostener el piso de la bonificación compensatoria del personal -que ya no está trabajando-, mientras que el costo proyectado para el resto del año rondará los $650 millones. Son 50 los trabajadores estatales del anexo de la zona Este (60 habían sido contratados por el Grupo Kristich, concesionario del lugar).

Liquidación de activos

Por último, el proyecto establece el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes Nº 6276, Nº 6523 y sus modificatorias, mediante la liquidación de los activos que integran el patrimonio del ex EFOR, actualmente bajo la órbita de la Dirección de Administración de Activos Ex Bancos Oficiales (D.A.A.B.O.).

En este punto, se remarca la necesidad de cerrar definitivamente los procesos de liquidación derivados de la privatización de los ex bancos. Según explica el Ejecutivo, esta decisión se toma teniendo en cuenta que existen carteras de créditos con más de 30 años de antigüedad que, en su mayoría, se encuentran prescriptos o corresponden a deudores en estado de insolvencia, lo que representa un costo para el Estado.

En esa línea, se plantea que la autorización de la baja contable en el sistema SIDICO y la cancelación de las garantías reales permitirá reinsertar a miles de deudores en el circuito económico y financiero, además de evitar eventuales demandas judiciales contra la Provincia por la falta de levantamiento de gravámenes sobre créditos ya extinguidos.

Crítica del peronismo a los proyectos

Mientras tanto, el Interbloque Encuentro Mendocino rechazó el proyecto para adherir al RIMI y avanzar con la eliminación del FTyC, al considerar que representa un "nuevo retroceso del Estado en su rol de promoción del desarrollo productivo y deja a las pequeñas y medianas empresas mendocinas libradas a un mercado financiero al que hoy no pueden acceder".

La presidenta del bloque PJ, Adriana Cano, sostuvo que se "demuestra una clara decisión política de retirar al Estado de su rol promotor del desarrollo productivo y beneficiar únicamente a quienes ya tienen capacidad económica para invertir. Las pymes mendocinas atraviesan una crisis profunda. El consumo cae, las empresas cierran y acceder a un crédito hoy es prácticamente imposible. Sin embargo, el Gobierno elimina la principal herramienta de financiamiento productivo que tenía la provincia mientras crea beneficios pensados para los grandes jugadores de la economía".

Cano advirtió que los montos mínimos exigidos por el nuevo régimen "dejan afuera" a la enorme mayoría del entramado productivo provincial. "Nos dicen que es un régimen para medianas inversiones, pero la realidad demuestra que ninguna pyme mendocina está en condiciones de alcanzar esos montos. Es una ley pensada para unos pocos mientras miles de comerciantes y productores luchan todos los días por sobrevivir", señaló.

La legisladora cuestionó además la decisión de eliminar el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, herramienta histórica de financiamiento para productores y pequeñas empresas. "El problema del Fondo nunca fue su existencia, sino el vaciamiento que el propio Gobierno fue realizando durante años. En lugar de fortalecerlo, capitalizarlo y modernizarlo, decidieron directamente hacerlo desaparecer".