Qué hay detrás del plan de retiros voluntarios y reestructuración del Casino de Mendoza
El Gobierno Provincial presentó un proyecto de ley para reformular el Instituto Provincial de Juegos y Casinos.
El Gobierno presentó un proyecto de reestructuración total del Instituto Provincial de Juegos y Casinos.
Prensa GobiernoEl Gobierno provincial puso en marcha una de las transformaciones más fuertes en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC), en medio de una delicada situación financiera que combina el incendio del casino de la Zona Este, que hizo desplomar los ingresos, con problemas estructurales que están vinculados al cambio de hábitos en la industria del juego en Mendoza.
Este jueves, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, anunció el envío de un proyecto de ley que habilita por el plazo de un año una "reorganización integral" del organismo, con facultades para modificar estructuras, eliminar áreas, reformular funciones y avanzar con un programa de retiros voluntarios para parte del personal del Instituto, que en total agrupa a unos 480 empleados.
Problemas económicos en áreas del Casino y un incendio que motoriza cambios
Todo esto trae aparejada la necesidad de mejorar las cuentas, en base a la caída de ingresos que vienen azotando algunas áreas del IPJyC, más el factor coyuntural del incendio total del Casino del Este, el Tótem Boulevard, que representaba un tercio de lo que generan los casinos estatales de Mendoza (está la sede central del Casino de Godoy Cruz y el de General Alvear), y además dejará de percibir por lo menos $2.450 millones en lo que resta del año.
Además, el Instituto debió desembolsar $53 millones en abril para sostener el piso de la bonificación compensatoria del personal -que ya no está trabajando-, mientras que el costo proyectado para el resto del año rondará los $650 millones. Según informó MDZ, son 50 los trabajadores estatales del anexo de la zona Este (60 habían sido contratados por el Grupo Kristich, concesionario del lugar).
El incendio ocurrió el 11 de marzo de 2026 en el complejo Tótem Boulevard, donde funcionaba el mencionado anexo Zona Este del Casino de Mendoza. Según el propio proyecto oficial, el siniestro provocó daños totales en las instalaciones y dejó fuera de operación una de las principales unidades de negocio del Instituto.
Pero el Ejecutivo sostiene que el problema excede al incendio. De hecho, en el Instituto sostienen que el organismo arrastra un modelo de funcionamiento que quedó desactualizado frente a la transformación del mercado del juego.
En diálogo con los medios de comunicación, Fayad dijo que la cuestión "coyuntural" que fue el incendio en el Casino del Este, llevó a pensar en la cuestión de fondo, o estructural del IPJyC.
“Ha habido cambios de hábito en el juego también, con el juego online, y eso ha provocado, junto con probablemente la situación del ingreso disponible de las familias, una caída muy importante en el juego”, afirmó Fayad.
Recaudación a la baja en sectores
El ministro incluso planteó que el Estado Provincial "no puede tener unidades de negocio que obligan a ser financiadas por el erario público”, remarcó.
La evaluación oficial es que algunas áreas ya no resultan sostenibles. “Hay sectores del juego que no alcanzan a financiar ni un tercio de sus costos. Ante esto, la idea es reorganizar esas estructuras para que se sigan generando los beneficios fiscales que tiene operar estas unidades”, agregó el funcionario.
En ese sentido, el proyecto enviado a la Legislatura habilita expresamente al Instituto, durante el plazo de un año, “a suprimir y/o modificar estructuras, funciones y puestos de trabajo” para alcanzar el equilibrio económico y asegurar la sostenibilidad financiera del organismo.
Por otro lado, la caída de la recaudación del IPJyC afecta a los recursos que realiza el organismo a programas de salud, bibliotecas populares y rentas generales de la Provincia.
Los fundamentos del proyecto sostienen que la situación actual repercute “en forma directa” sobre la capacidad del IPJyC para cumplir con las transferencias destinadas a programas especiales de salud, bibliotecas populares y Administración Central, por lo que el proyecto habilita una medida excepcional, que es la de "suspender transitoriamente" la aplicación de normas que obligan al IPJyC a remitir fondos a otros destinos provinciales, siempre que eso sea “funcionalmente necesario” para ejecutar la reorganización.
El artículo en referencia es el 38 de la ley de Responsabilidad Fiscal, que establece que las transferencias netas que el IPJyC a programas especiales "no podrán ser inferiores al 35% del total de ingresos".
Asimismo, se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar aportes o remesas al organismo si el Instituto no logra afrontar con recursos propios las erogaciones derivadas del proceso.
En paralelo, el texto oficial plantea que las nuevas tecnologías modificaron de manera sustancial el funcionamiento de la industria. Según el Ejecutivo, la digitalización cambió las necesidades operativas del Instituto y obliga a revisar integralmente las estructuras internas.
“A lo expuesto se agrega que las actuales tendencias en la industria del juego y la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la gestión, los procedimientos administrativos, el control y la explotación de los juegos oficiales han modificado sustancialmente las necesidades operativas del Instituto”, sostiene el proyecto.
Bajo esa lógica, el Gobierno entiende que la estructura actual del IPJyC “resulta inadecuada frente a las exigencias contemporáneas de eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad”.
Bajar el personal de Juegos y Casinos con retiros voluntarios
Uno de los puntos más sensibles de la iniciativa pasa por la situación laboral de los empleados. El proyecto prevé la implementación de un Programa de Retiro Voluntario y deja abierta la posibilidad de modificar áreas y funciones. Además, podrán acceder a una reubicación dentro del Instituto o la incorporación en otros sectores de la Administración Pública. Caso contrario, se realizará una extinción del vínculo laboral.
Quienes adhieran al programa de retiro voluntario, podrán acceder a una compensación indemnizatoria de hasta el 120% de lo establecido por la normativa vigente. Aquellos que opten por este régimen no podrán reingresar a la administración pública por un período determinado, salvo reintegro proporcional de la indemnización percibida.
En los casos en que la nueva función implique una reducción salarial, se prevé el pago de un "adicional compensatorio" para preservar el nivel de ingresos.
Además, se contempla que, en caso de eliminación de sectores específicos del organismo, los trabajadores dejarán de percibir determinados adicionales salariales vinculados a esas tareas, pero se garantizará “una remuneración bruta equivalente a la devengada al momento de la supresión del área”.
Otra alternativa prevista en el proyecto es la incorporación voluntaria a otros organismos del sector público, en el marco de la legislación vigente. En estos casos, “se tendrá en cuenta la experiencia, capacitación e idoneidad del personal, garantizando el reconocimiento de la antigüedad y una remuneración equivalente a la percibida al momento de la transferencia, con mecanismos compensatorios en caso de ser necesarios.
Para las situaciones en las que no se concrete ninguna de estas opciones, el proyecto establece la “extinción del vínculo laboral”, con el correspondiente pago de la indemnización. El proyecto también dispone que, en caso de supresión de áreas, los adicionales específicos dejarán de percibirse, aunque se garantizará en todos los casos una remuneración bruta equivalente a la del momento de la reestructuración.
Las reformas previstas del Gobierno en el proyecto
Artículo 15: Facúltese al lnstituto Provincial de Juegos y Casinos, por el término de un (1) año a partir de la vigencia de la presente, a suprimir y/o modificar estructuras, funciones y puestos de trabajo en los términos de la presente ley, con el objeto de alcanzar el equilibrio económico, asegurar la sostenibilidad financiera del organismo y garantizar la continuidad de los fines de bien público que justifican su existencia, así como el cumplimiento de las obligaciones de remisión de fondos establecidas por la Ley 7.314.
Artículo 16: Suspéndase, con carácter transitorio, la aplicación del Artículo 38 de la Ley Provincial 7314 y Artículo 13 de la Ley de Presupuesto 9.681, o la norma que lo reemplace, en la medida en que ello resulte funcionalmente necesario para la ejecución del proceso de reorganización previsto en el Artículo precedente.
Artículo 17: EI Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, dispondrá las remesas y/o aportes al lnstituto Provincial de Juegos y Casinos que resulten necesarios, conforme al Artículo 54 de la Ley Provincial 9.681.
Artículo 18: Autorizase al lnstituto Provincial de Juegos Casinos a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para reforzar las partidas destinadas a erogaciones de personal, conforme lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley Provincial 9.681.
Artículo 19: EI lnstituto Provincial de Juegos y Casinos reglamentará el Capítulo lll y IV de la presente ley en susaspectos que no sean directamente operativos.