El Gobierno lanza un plan de retiros voluntarios para un grupo de estatales de Mendoza
El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley en la Legislatura. Quienes opten por los retiros voluntarios, tendrán una compensación indemnizatoria de hasta el 120%.
El Gobierno de Mendoza propone una reestructuración del Instituto de Juegos y Casinos.
Alf Ponce Mercado / MDZEl Gobierno provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley que propone una reestructuración completa al Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPCyC) durante el plazo de un año, que busca "alcanzar" el equilibrio económico y asegurar sostenibilidad financiera.
La medida surgió tras análisis del Poder Ejecutivo respecto al incendio del Casino del Este, que representó para la Provincia una pérdida del 32% de su recaudación bruta.
Retiros voluntarios y movimientos dentro del Instituto de Juegos y Casinos
Como uno de los puntos importantes de esta reestructuración, aparece la posibilidad de retiros voluntarios de los empleados del IPJyC y otros movimientos por parte de los empleados del Casino.
- Retiros voluntarios
- Reubicación dentro del IPJyC
- Incorporación en otros sectores de la Administración Pública
- Extinción del vínculo laboral
En el Gobierno aseguran de igual forma que se priorizará "la continuidad del personal".
Respecto a la implementación del sistema de retiro voluntario, quienes adhieran podrán acceder a una compensación indemnizatoria de hasta el 120% de lo establecido por la normativa vigente. Quienes opten por este régimen no podrán reingresar a la administración pública por un período determinado, salvo reintegro proporcional de la indemnización percibida.
También contempla la posibilidad de reubicación dentro del propio Instituto, a través de la creación o utilización de vacantes en otras áreas, “siempre que exista acuerdo del trabajador y no se genere un perjuicio significativo”.
En los casos en que la nueva función implique una reducción salarial, se prevé el pago de un "adicional compensatorio" para preservar el nivel de ingresos.
Otra alternativa prevista en el proyecto es la incorporación voluntaria a otros organismos del sector público, en el marco de la legislación vigente. En estos casos, “se tendrá en cuenta la experiencia, capacitación e idoneidad del personal, garantizando el reconocimiento de la antigüedad y una remuneración equivalente a la percibida al momento de la transferencia, con mecanismos compensatorios en caso de ser necesarios.
Para las situaciones en las que no se concrete ninguna de estas opciones, el proyecto establece la “extinción del vínculo laboral”, con el correspondiente pago de la indemnización. El proyecto también dispone que, en caso de supresión de áreas, los adicionales específicos dejarán de percibirse, aunque se garantizará en todos los casos una remuneración bruta equivalente a la del momento de la reestructuración.
A su vez, se prevé la suspensión transitoria de determinadas disposiciones legales cuando resulte necesario para llevar adelante el proceso de reorganización. En paralelo, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, podrá disponer “los aportes necesarios para el funcionamiento del Instituto”.
Asimismo, se pide la autorización para realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para reforzar las partidas destinadas a personal, y se establece que será el propio Instituto quien reglamente los aspectos operativos necesarios para la implementación de estas medidas.
De este modo, la iniciativa busca “ordenar el funcionamiento del organismo, resguardar su rol social y garantizar su sostenibilidad en el tiempo”.