Caso Tupac: el PJ acusa de manipulación de la justicia

Guillermo Carmona, a través de un comunicado,  expresó su rechazo a la citación de Roberto Righi - intendente de Lavalle y precandidato para continuar con ese cargo- ,  para comparecer a declarar "dos días antes de la realización de las elecciones PASO" y acusa a Cornejo de utilizar "resortes institucionales para desgastar y descalificar a los opositores".

redacción mdz

Inspección Barrio Tulumaya Duo

Pachy Reynoso/MDZ

Por la causa Tupac, luego de que se conociera que el intendente de Lavalle, Roberto Righi, fuera citado por la Justicia para el viernes, cuando será imputado por peculado por la fiscal Gabriela Chaves, el Partido Justicialista de Mendoza se pronunció en rechazo a esta decisión, a la que considera como una "maniobra político-judicial protagonizada por la fiscal Gabriela Chaves" y acusa al gobernador Alfredo Cornejo de utilizar "resortes institucionales para desgastar y descalificar a los opositores". 

El mensaje, firmado por el titular del PJ mendocino, el diputado Guillermo Carmona:

El Partido Justicialista de Mendoza repudia enérgicamente la maniobra político-judicial protagonizada por la fiscal Gabriela Chaves en contra del Intendente Municipal de Lavalle, Roberto Righi, de los ex directores del Instituto Provincial de la Vivienda Omar Parisi y Carmelo Simó, de ex funcionarios provinciales y de funcionarios municipales lavallinos, a quienes la fiscal ha imputado por fraude a la administración pública. De manera especial, expresamos el rechazo a la citación del intendente Righi para comparecer a declarar en tal carácter dos días antes de la realización de las elecciones PASO en las que es precandidato a la Intendencia Municipal. Denunciamos que tanto la imputación de los dirigentes mencionados como la citación a Roberto Righi tienen como finalidad provocar un daño político y electoral al Justicialismo mediante el montaje de un show político mediático con fines electorales, orquestado por el gobernador Alfredo Cornejo y operativizado por el procurador general de la Provincia Alejandro Gullé y la fiscal Chaves.

En esta ocasión, la fiscal Chaves ha traspasado todos los límites legales para actuar como brazo político al servicio de los intereses del gobernador Cornejo y la alianza oficialista Cambia Mendoza, como lo reflejan las siguientes circunstancias:

- A pesar de haber designado peritos para la constatación de las obras realizadas por la organización barrial Tupac Amaru en once municipios de la provincia, ha dispuesto la imputación antes referida sin que se haya realizado tales pericias;

- No han sido notificados los peritos de parte de ninguna actuación judicial relacionada con la realización de tal informe pericial;

- Aún cuando la investigación abarca al periodo 2008-2016, la fiscal ha dispuesto la imputación de ex funcionarios del IPV solo de las gestiones justicialistas, excluyendo a los funcionarios de la gestión de Cornejo que tuvieron intervención en la operatoria de construcción de viviendas de la mencionada organización, otorgando certificados de obras y ordenando la liberación de fondos para el pago de las mismas;

- La fiscal solo ha avanzado en la investigación contra la gestión municipal de Lavalle sin que se registre movimiento alguno en el expediente recientemente abierto para el departamento de Godoy Cruz, municipio en el que la organización Tupac Amaru construyó viviendas del mismo programa que en Lavalle durante la gestión municipal de Alfredo Cornejo;

- La fiscal excluye de la imputación a funcionarios del IPV que actuaron como certificadores del avance de obras y que actualmente forman parte de la gestión de Alfredo Cornejo;

- A pesar de no contar con los informes periciales, la fiscal dispone las imputaciones dos días antes de que comience la veda electoral de las elecciones que se realizarán el próximo domingo en cuatro municipios, entre los que se encuentra Lavalle;

- La fiscal dispone la citación para el próximo viernes de solamente dos imputados: Roberto Righi y el director de Vivienda de la Municipalidad de Lavalle. De tal manera, el intendente Righi deberá comparecer ante la Fiscalía dos días antes de las elecciones;

- Resulta evidente que la conmocionante noticia de la imputación de Roberto Righi y otros dirigentes justicialistas fue filtrada para que tomara estado público en el contexto del cierre de la campaña electoral, configurando una suerte de “cierre de campaña” de la alianza Cambia Mendoza de cara a las elecciones del domingo.

El gobernador Cornejo ha instaurado una peligrosa utilización de resortes institucionales para desgastar y descalificar a los opositores, en una campaña creciente de difamación, intento de extorsión y estigmatización.

Cornejo aplica en Mendoza la “guerra jurídica” en una extendida acción tendiente a conservar el poder y ampliarlo. Las presiones sobre el Poder Judicial son permanentes, las operaciones de denuncias y su instalación mediática no cesan, la utilización de mecanismos institucionales con fines políticos no dejan de producirse. Los destinatarios de tales medidas son dirigentes opositores –especialmente justicialistas-, militantes sociales, dirigentes gremiales y trabajadores del Estado.

El Partido Justicialista ha rechazado este tipo de prácticas tanto en el último Congreso Provincial partidario como desde el Consejo Nacional, las que han sido denunciadas como maniobras persecutorias y estigmatizantes contra el peronismo y otras fuerzas opositoras. Desde nuestro partido hemos denunciado situaciones que implicaron la persecución de militantes sociales, de docentes y estudiantes, y hasta de legisladores opositores.

Las operaciones mediáticas que anuncian la persecución judicial contra el intendente Righi y ex directores del Instituto Provincial de la Vivienda por la ejecución del Programa Federal de Integración Comunitaria en la construcción de viviendas por parte de la organización barrial Tupac Amaru no toman en cuenta la decisión del Tribunal de Cuentas que determinó que no existieron irregularidades administrativas ni financieras que pudieran dar lugar a algún tipo de responsabilidad penal del intendente y los otros ex funcionarios. La espectacularidad con la que la fiscal Chaves actuó en allanamientos en la municipalidad de Lavalle y en el IPV, y el trascendido mediático de que volverá a la carga contra esas personas no presenta otra justificación que finalidades político-electorales.

Al mismo tiempo, no parece ser casual la arbitraria exclusión del actual gobernador de Mendoza en la investigación penal que involucra a la ejecución del Programa Federal de Integración Comunitaria por parte de la Organización Barrial Tupac Amaru, llevada adelante por la fiscal Chaves. En efecto, dicha organización concretó la construcción de viviendas sociales en distintos departamentos de la provincia de Mendoza, entre los que se encuentra el municipio de Godoy Cruz que gobernó como intendente el Licenciado Alfredo Cornejo hasta diciembre de 2015. Llama la atención que la fiscal interviniente en los casos denunciados haya excluido de la investigación a ese municipio entre los que la organización investigada llevó adelante el mencionado programa. Es así como la fiscal ha requerido información a todos los municipios en los que la organización barrial Tupac Amaru llevó adelante el programa, con la sola exclusión de la Municipalidad de Godoy Cruz. De tal forma han quedado sin obligación de dar explicaciones el ex intendente Alfredo Cornejo –hoy gobernador de la Provincia-, los ex Directores de Vivienda municipal, Damián Salamone –hoy presidente del Instituto Provincial de la Vivienda- y Néstor Majul –actualmente subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad de Mendoza y precandidato a Intendente en el Departamento de Maipú-, entre otros. Dichas personas tuvieron intervención administrativa en las operaciones de construcción de viviendas en el departamento de Godoy Cruz bajo la actuación de la Organización Barrial Tupac Amaru, certificando obras, avalando desembolsos, gestionando el otorgamiento de beneficios a la organización para hacer posible el cometido del programa, etc. No existen constancias de denuncias de dichos funcionarios ni de otros funcionarios de ese municipio de irregularidades ni en la ejecución de las obras ni en el modo de funcionamiento de la organización barrial. Esto resulta especialmente relevante porque, entre otras imputaciones, la fiscalía ha pretendido sostener que la organización barrial Tupac Amaru tenía un accionar extorsivo sobre sus asociados, creador de las condiciones para la realización de actividades en el marco de una supuesta asociación ilícita. No existe ninguna constancia de que la Municipalidad de Godoy Cruz haya establecido condiciones de funcionamiento a esa organización distintas a las que llevaba a cabo en otros municipios de la provincia de Mendoza, ni tampoco que, como hemos sostenido más arriba, se hayan realizado denuncias por parte de las autoridades municipales de un funcionamiento irregular o delictivo.

No solo en esta causa se registra un accionar arbitrario e ilegal del Ministerio Público Fiscal. Evidentemente, la Procuración ha impuesto un criterio de doble vara para las causas que tienen connotaciones políticas: duermen las causas contra intendentes (como es el caso del Intendente de Guaymallén) y funcionarios provinciales oficialistas; se activan en tiempos electorales las causas contra dirigentes justicialistas como ocurre en el caso que hoy denunciamos; existen irregularidades graves en el accionar de los peritos del Cuerpo Médico Forense en otra causa contra el intendente Righi; se niega el sobreseimiento del Dr. Diego Martínez Palau y se lo amenaza con la aplicación de la extinción de dominio, a pesar de que tanto los informes periciales como los informes de bienes en el exterior han resultado contradictorios con la existencia de delito, entre otros casos.

Vivimos momentos críticos en Mendoza. La situación económica y social se agrava día a día como consecuencia de las decisiones gubernamentales que extienden el ajuste a la mayoría de nuestra sociedad y con las sistemáticas omisiones del gobierno provincial en el necesario acompañamiento a los amplios sectores de la producción y el trabajo que padecen una crisis cuyo fin no se avizora. En este contexto, se acrecientan en el oficialismo conductas que denotan un peligroso modus operandi: por un lado, promueven la persecución y estigmatización política de los opositores con objetivos electoralistas; por el otro, buscan distraer la atención del pueblo de Mendoza de la grave crisis económica, social y política que sufrimos en nuestra provincia y en el país como consecuencia de las políticas que llevan adelante el gobernador Cornejo y el presidente Macri. Tales situaciones no se corresponden con el respeto del Estado de Derecho y la calidad institucional de las que siempre nos enorgullecimos los mendocinos y mendocinas. Por ello, exigimos al gobernador Cornejo el cese de las acciones de hostigamiento político y de disciplinamiento de los magistrados, y un reforzado compromiso del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal con la imparcialidad en favor del imperio del Derecho y la Justicia.

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