Corrupción

Los $90 millones y 500 casas por los que la Tupac y Righi están acusados

La justicia sospecha que hubo fraude al Estado porque se desviaron fondos que debían tener como destino la construcción de viviendas. Las casas fueron mal construidas y por eso también acusan a los funcionarios. 

jueves, 25 de abril de 2019 · 11:17 hs

La sospecha de fraude que hay sobre el manejo que hicieron de un programa de vivienda social la organización política Tupac Amaru, la Municipalidad de Lavalle y el IPV tiene un monto especificado: $90 millones. Ese es el total de recursos que se transfirieron a las cooperativas de la para construir 517 viviendas en Lavalle. No es el total de las casas delegadas a la Tupac, pero sí el coto que puso la fiscalía de delitos económicos para avanzar. Y se tiene en cuenta el monto total porque en la Justicia consideran como irregular a todas las operatorias; desde la creación de las cooperativas, hasta la transferencia y uso de fondos.

El inicio del camino son los contratos con las cooperativas. El final, las extracciones de dinero registradas en el Banco Nación y el Banco Credicoop, que aparentemente tenían como únicos receptores Ramón Martínez y su familia. Los 90 millones de pesos no sería el total de dinero que manejó la Tupac, pues la AFIP determinó que esa organización había evadido 29 millones de pesos y los movimientos de dinero en las cuentas sería mayor.

La fiscal Gabriela Chaves acusa de fraude a los líderes de la Tupac, con Nélida Rojas y Ramón Martínez a la cabeza. Y con idéntica imputación hacia los presidentes de las cooperativas. Pero la novedad política es que avanzó sobre los funcionarios políticos que, según la sospecha, permitieron las maniobras. Por eso quedó involucrado el intendente Roberto Righi, a quien notificaron “en ausencia” ayer por la mañana. La acusación es por peculado. Ese delito pena al funcionario público que “sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”. La fiscal entiende que Righi permitió y avaló las maniobras al suscribir los ACU (acuerdos entre las partes donde se consignan los desembolsos y el ritmo de obra que debe haber), al avalar las “falsas cooperativas”, suscribiendo las actas de inicio de obras, las certificaciones de obra, emitiendo y suscribiendo las órdenes de pago y habilitando con su firma los pagos a las falsas cooperativas.

La acusación de Righi no pasa desapercibida por el contexto político. El intendente es candidato a la reelección y el domingo son las elecciones primarias en ese departamento. Por eso el propio Righi consideró que la acusación es parte de una “persecución política”. Desde el Gobierno, ante la consulta de MDZ, aseguraron que no tenían noticias sobre la acusación. El Poder Ejecutivo es querellante en la causa.

Desde Tribunales aseguraron que para avanzar necesitaban elementos de prueba que recién se concretaron en los últimos días, tratando de alejar las interpretaciones políticas que tiene el caso.

El otro elemento clave que la ley de extinción de dominio. La fiscal Gabriela Chaves había ordenado el embargo de una gran cantidad de bienes que están en depósito judicial. El fraude es uno de los delitos contemplados en la ley de extinción de dominio. Por eso cuando se concrete la imputación, se detona el mecanismo para que un fiscal civil pida la extinción de dominio de esos bienes.

Los líderes de la Tupac están acusados de asociación ilícita y aún está pendiente de resolución la prisión preventiva de ellos. 

Las acusaciones no terminan allí. La causa por fraude, cuya investigación fue habilitada por la Corte Suprema de la Nación, también apunta a funcionarios que pasaron por el IPV, como Omar Parisi. En ese caso, se trata de un funcionario con fueros, porque actualmente es diputado. Allí la justicia debe seguir un proceso particular para informar al acusado a través de la presidencia de la cámara. 

Las casas del proyecto "Tulumaya Dúo" están en plan de terminación por parte del IPV. Es decir, es el segundo intento de construcción.