La Justicia se prepara para avanzar contra los involucrados en la causa de la Tupac Amaru, y se espera que antes de que termine la semana se produzcan una batería de imputaciones contra funcionarios, ex funcionarios e integrantes de esa agrupación.

Esta mañana el intendente de Lavalle, Roberto Righi, fue citado por la Justicia para el viernes, cuando será imputado por peculado por la fiscal Gabriela Chaves. El funcionario no se encontraba dentro de la Municipalidad, pero de todas maneras quedó citado. Ese es el paso previo a quedar imputado. 

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Righi no es el único que será imputado en esta causa. Los integrantes de la Tupac mendocina, Nélida Rojas y Ramón Martínez serán imputados por fraude a la administración pública.

Otros que podrían ser imputados son el actual diputado Omar Parisi, y el ex presidente del IPV, Carmelo Simó. Al igual que Righi, Chaves considera que el ardid delictivo fue posible debido a que estos funcionarios no cumplieron con su deber de control. Esa falta de control permitió que se pagaran por obras no realizadas o mal hechas y que se liberaran fondos de manera aparentemente discrecional. Incluso la acusación podría llegar a funcionarios nacionales por haber avalado de manera irregular el funcionamiento de las cooperarivas nucleadas bajo el paraguas de la Tupac. 

La imputación a Righi llegará dos días antes de que se voten las PASO en Lavalle, en las que el actual intendente es precandidato a renovar su cargo. Ese dato genera una fuerte tensión. 

Errores en las casas

Columnas rellenas con material de descarte, paredes que se desgranan, ladrillos crudos, bases que tienen menos espesor del calculado, ninguna obra de infraestructura básica y precariedad en la calidad de los materiales. Las casas de la Tupac que quedaron a medio hacer en Lavalle tienen errores constructivos que hacen presumir, como sospechaba la justicia, que los recursos destinados a esas obras fueron desviados. Pero además, que no hubo controles en la construcción.

Esos datos surgen de la auditoría técnica que ordenó la Justicia para evaluar las obras de la Tupac en el marco de la causa donde se investiga cómo operó esa organización con un programa de vivienda social por el que le delegaron la construcción de más de 600 casas. Ese elemento es clave para cerrar el círculo de las sospechas que tiene la fiscal Gabriela Chaves y que fue incorporado como prueba. En paralelo hay otro dato. El IPV licitó las obras para terminar las casas. Y las empresas que se harán cargo de esa tarea también denuncian “vicios” en las obras heredadas que son más graves de lo esperado.

Esos son los elementos con los que la fiscal avanzará en la acusación contra los líderes de la Tupac por fraude a la administración pública. Ese dato es trascendente porque de ese delito está dentro de los previstos en la ley de extinción de dominio sancionada por la Legislatura. Es decir que cuando la imputación se haga efectiva se detonaría el sistema para que le pidan a un fiscal civil que inicie el proceso para quitarles a los acusados todos los bienes que están embargados. Se trata de camionetas, autos, camiones y otros vehículos que fueron secuestrados en el marco de la causa por asociación ilícita.

La investigación sobre la Tupac comenzó con la denuncia de personas que eran parte de las cooperativas a las que les habían prometido una casa, pero que para acceder debían cumplir una serie de pautas políticas. Esa causa inicialmente era por extorsión; pero la investigación creció y se puso la figura de asociación ilícita. En paralelo se denunció en la justicia federal el posible fraude al Estado por el uso de fondos federales.

El año pasado la misma fiscal Gabriela Chaves requirió investigar ese delito en el fuero provincial. La Corte Suprema de la Nación le dio la razón y habilitó el avance local de esa investigación que apunta a saber cuál fue el destino real de los recursos que la Nación enviaba para la construcción de casas y que tenían la mediación de la Municipalidad de Lavalle y el IPV.

La hipótesis de la justicia es que la Tupac usó la figura de las cooperativas “ficticias” para captar los recursos del programa de vivienda Integración Socio Comunitaria y desviar esos fondos y también hacer un uso político de las personas que se asociaban. Entre otras cosas, mencionan que esa organización usaba la extorsión para sumar “socios” y se desvirtuaban los objetivos del programa.