Qué pasará con los polémicos pozos de agua de Agrelo y la "nueva norma" de Irrigación
El titular de Irrigación, Sergio Marinelli, dio detalles del fallo de la Suprema Corte y cómo seguirá trabajando el organismo con la implementación de una nueva legislación.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió luego de más de una década el conflicto por el otorgamiento irregular de una veintena de pozos de agua en las zonas de Agrelo y Ugarteche (Luján de Cuyo) por parte del Departamento General de Irrigación en la década del 2010, que desembocó en un escándalo político, renuncias con sospechas de corrupción y una ausencia de una investigación penal a fondo.
El Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, explicó cómo seguirá todo el proceso a partir del fallo de la Corte, ya que abrió el camino a una nueva legislación y normativas dentro del organismo de control del recurso hídrico de Mendoza.
Fallo "novedoso" con los pozos de agua y cambios en Irrigación
En diálogo con el programa MDZ Club (por la FM 105.5 MDZ Radio), Marinelli dijo que el fallo es novedoso ya que "indica aplicar al agua subterránea una normativa que se usa para el agua superficial del río Mendoza: la de los permisos precarios".
Actualmente, las concesiones de permisos de acceso a agua subterránea son de por vida, mientras que Irrigación otorga permisos "precarios" al acceso de agua superficial, por plazos que suelen ser de hasta 10 años.
De esta forma, la aplicación de permisos precarios al agua subterránea, como determinó la Corte en estos casos, lo tendrá que implementar Irrigación. Esto ha sido así ya que en esa zona de Agrelo y Potrerillos (en Luján) donde se encuentran los emprendimientos no hay posibilidad de acceder a agua superficial, por lo que toma un valor mayor el acceso que se obtuvo a la subterránea.
"Esos permisos duran hasta diez años y dependen de la disponibilidad de agua. Es decir, quien use el recurso lo hará con carácter precario, sabiendo que está sujeto a la disponibilidad hídrica", planteó Marinelli.
Acotó que "lo que van a tener es un permiso de perforación —que ya lo tuvieron y ya perforaron— pero el uso del agua será una concesión limitada cada año o en los períodos que se estipulen, de acuerdo a la disponibilidad del acuífero".
Y dejó en claro que primero se tendrá en cuenta a quienes "tienen derechos plenos" y ellos tendrán una regulación distinta acorde a los años hidrológicos.
El "valor llave" y los fondos que deberán pagar los empresarios
Por otro lado, sostuvo que los empresarios deberán "pagar un valor que significa pagar su cuota parte de todas aquellas inversiones que se hicieron en la cuenca del río Mendoza, que el resto de los usuarios ya soportaron", que es el llamado "valor llave".
Como ya dijo MDZ, ese pago se hará usando el “Fondo Potrerillos”, que fue creado para que el Estado amortice las obras ejecutadas (como la represa). Esa solución generó controversia dentro de la Corte, pues hubo ministros que sugirieron en su voto que no tenían por qué buscar una solución.
"El derecho es inherente al suelo, a la tierra. Cada propiedad en algún momento pagó todas aquellas obras que se hicieron. Esta es una particularidad que tiene Mendoza en las obras de riego. Entonces, en este caso tenemos que abrir una nueva legislación —la que estaba en el 944 del tribunal— pero adaptarla al agua subterránea", sostuvo Marinelli, y agregó que "en los años venideros, si son años normales o períodos de tiempo razonables —tres, cinco o diez años— tendrán agua como la han tenido hasta ahora, pero con un permiso".
En caso que no acepten las condiciones del fallo de la Suprema Corte, el pozo de agua subterránea se cegará. "O se alinean a estas reglas que establece la Corte como una opción para que no tengan que cegar los pozos y no se seque la producción ni dejen de funcionar los establecimientos que hay allí instalados, o tendrán que cegar el pozo", ultimó el funcionario.