Righi desmintió que las casas de la Tupac estuvieran mal hechas

Righi desmintió que las casas de la Tupac estuvieran mal hechas

El intendente de Lavalle desconoció las auditorías de la Justicia que hablan de problemas estructurales y afirmó que las viviendas sociales se paralizaron sólo porque la Nación cortó el envío de fondos. Confirmó además que se presentará mañana ante la fiscal Chaves y dijo que su imputación, a pocos días de las elecciones, es "una operación política muy baja que va a salir mal".

"Voy a presentarme para estar ajustado a derecho y para que me saquen alguna foto", adelantó este jueves, con ironía, el intendente de Lavalle, Roberto Righi.

Righi ha sido citado por la fiscal Gabriela Chaves mañana a tribunales para ser imputado por peculado y fraude a la administración pública en la causa por las viviendas de la organización Tupac Amaru en su departamento.

Esta será la primera derivación política de la causa Tupac, aunque no sería la única, ya que también están en la mira el ex presidente del IPV, Omar Parisi, y personas que eran miembros de su directorio.

La causa de ese modo superará el ámbito de la familia de Nélida Rojas, que quedó en la mira por las irregularidades en torno a las operatorias de vivienda social de la época del kirchnerismo.

Righi volvió a atribuir su citación judicial a una operación política montada por el Gobierno para que tenga impacto en las elecciones del domingo, ya que Lavalle es uno de los cuatro departamentos en los que habrá PASO para elegir candidatos a intendente.

"La gente lo ve como una operación política, bastante baja, que le va a salir mal", pronosticó Righi, quien sostuvo por otra parte que maneja un municipio "prolijo", que sigue haciendo obras con fondos propios, y dijo que la Justicia lo persigue hace varios años.

Sin embargo, en una entrevista de Radio Nacional, el jefe comunal también ejerció una defensa concreta de la participación de su comuna en las operatorias de vivienda social por al menos 90 millones de pesos que quedaron envueltas en un escándalo.

"Desde la época de Cobos para adelante se ha firmado la misma documentación, que son los certificados de obra. Esto ha pasado en todos los departamentos, incluido Godoy Cruz, cuando era intendente Cornejo. Pero al que citan es al intendente de Lavalle", se quejó Righi, quien además aclaró que los municipios "no controlan las cooperativas" que tienen a su cargo la construcción de casas.

Sin atacar en ningún momento a la organización kirchnerista que ha sido acusada por Chaves de desviar los fondos de viviendas sociales a las cuentas personales de sus líderes, el intendente también desmintió que las viviendas tuvieran problemas estructurales.

En este sentido, el intendente desconoció las auditorías técnicas de la Justicia, que hablarían de deficiencias graves "¿Quién le dijo que hubo problemas de construcción? ¿Dónde están las pericias? No hay ninguna pericia, a mi entender", afirmó Righi.

Según publicó este miércoles MDZ, la fiscal Chaves cuenta con auditorías de los barrios de la Tupac en las que se detallen falencias tales como columnas rellenas con material de descarte, paredes que se desgranan, ladrillos crudos, bases que tienen menos espesor del calculado, ninguna obra de infraestructura básica y precariedad en la calidad de los materiales.

Estos problemas refuerzan la teoría de que los fondos para casas sociales fueron desviados al patrimonio personal de quienes los administraban.

Pero para Righi,  las viviendas que se hacían en Lavalle se frenaron simplemente porque la Nación dejó de destinarles dinero. "Hay 250 casas para las que sólo hubo anticipos. Luego del anticipo, la Nación y el IPV dejaron de enviar fondos y las casas quedaron en el estado que quedaron cuando en su momento salió el tema de las denuncias y toda esa historia", explicó.

Y agregó: "Algunas viviendas quedaron por arriba y otras por abajo del 25 por ciento. Las casas están paralizadas y abandonadas hace tres años".

Por otro lado, el intendente se desligó de responsabilidades personales al sostener que firmaba los certificados de obra después de que participaran técnicos del municipio y de la Provincia y "cuando el IPV mismo decía que había que pagar".

"Tengo los dictámenes del Tribunal de Cuentas que dicen que está todo ordenado desde lo contable y administrativo", completó Righi.

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