La segmentación y el formulario para seguir subsidiado: aún sin novedades

La segmentación y el formulario para seguir subsidiado: aún sin novedades

A una semana de la promesa de ponerlo en marcha, el listado para permanecer subsidiado en las tarifas de luz y gas aún no se publicó. Sospechas de dudosa legalidad frenan su aplicación

Carlos Burgueño

Carlos Burgueño

El Gobierno no llegó a tiempo, y aún no está disponible el formulario para que puedan anotarse los usuarios que quieran mantener los subsidios en las tarifas a la luz y el gas. Pese a que la promesa oficial era que ya esta semana podría comenzar el trámite al que deberían acceder casi el 80% de los usuarios, en las páginas prometidas donde el Estado nacional habilitaría la opción aún no apareció la alternativa.

Y, lo más importante, por ahora no hay fecha. Ayer la vocera presidencial Gabriela Cerruti se refirió al tema en su presentación de ayer, asegurando que el plan continúa firme y que los tiempos generales se cumplirán. Sin embargo, el retraso demuestra un concepto del que se habla dentro del Gobierno desde el mismo día en que se anunció el plan de segmentación: la propuesta oficial, tiene problemas de potenciales cuestionamientos sobre su legalidad.

Y si se aplicara tal cual fue diseñada a partir de algunas reparticiones oficiales, como el ministerio de Economía, traería potenciales problemas de judicialización de la aplicación de la segmentación. Y que, en consecuencia, la aplicación debería tener un tiempo más de análisis exhaustivos y correcciones, antes de darla a conocer en sociedad. Más sabiendo que del otro lado estás preparadas las armas para embestir contra el intento de segmentación. Y que, políticamente, es una iniciativa donde el kirchnerismo dejó más que sólo al albertismo.

El gran temor del oficialismo albertista de corte legalista es que antes de aplicar la segmentación pura y dura, debe haber una vuelta más de estudios jurisprudenciales para determinar que no habría posteriormente a la puesta en marcha de la eliminación de los subsidios, presentaciones judiciales que traben toda la puesta en marcha de los aumentos.

Según muchos funcionarios (y funcionarias), el problema sería que la segmentación tal como está pensada podría dar lugar a cuestionamientos legales por "discriminación", dado que los criterios subjetivos para los que ingresen en los aumentos provocarían levantamientos de la Justicia. Se piensa que estos criterios (fundamentalmente percibir ingresos por más de 333.500 pesos mensuales netos sólo podrían haberse aplicado por ley.

Y no por una resolución del ministerio de Economía. El segundo cuestionamiento legal es no haber diseñado el formulario como una declaración jurada que refiera a próximas legislaciones que eventualmente se aprueben en el Congreso. Y que, en cambio, se ponga en práctica simplemente un mecanismo para anotarse como consumidor excluido de la lista a los cuales se les quitará el subsidio. Finalmente, pero no lo menos importante, se cuestiona que la suba tarifaria se aplique de manera retroactica; cuando el ABC de la jurisprudencia indica que una norma (sobre todo si es negativa) puede ejecutarse hacia atrás.

Dentro de estos controles enmarcados en las misiones del FMI, una de las cuentas más importantes para que haya tilde verde desde Washington, es que la administración de Martín Guzmán pueda mostrar en las pantallas fiscalizadoras, que el principal factor de reducción del gasto público propuesto por Argentina (bajar los subsidios a los servicios públicos) se cumple en no menos de ese 0,6% pactado. Y que, de paso, Alberto Fernández puede imponerse en un debate político contra el kirchnerismo en un capítulo clave para la credibilidad del cumplimiento del Facilidades Extendidas.

La idea general es que este incremento de tarifas se aplicaría a un 60% o 65% de los usuarios con incrementos promedio de entre 40% y 60%; mientras que a un 10% se le eliminarían totalmente los subsidios. En este último grupo ingresarán los que considere el Estado nacional que se ubican en regiones geográficas privilegiadas (en zonas de todo el país); y, fundamentalmente, a personas y familias donde se detecten ingresos que justifiquen el pago de tarifas planas.

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