El futuro incierto de las dos reformas clave de la gestión de Suarez

El presente del escenario político mendocino puede resultar, en cierta medida, engañoso. Oficialismo y oposición encadenaron este martes su segundo acuerdo semanal en la Legislatura, con el respaldo que el peronismo le dio en el Senado a la ley que le permitirá al Gobierno volver a impulsar la producción de petróleo con rebajas impositivas para que YPF, fundamentalmente, vuelva al trabajo en los pozos que clausuró en el ultimo año como consecuencia de la crisis económica y de la pandemia. El martes pasado, el radicalismo y el PJ, también habían conseguido ponerse de acuerdo en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto, para permitir que Rodolfo Suarez pueda endeudarse en el ejercicio 2021 para hacer obras y pagar deuda.

Sin embargo, más allá de esta auspiciosa actualidad, el futuro asoma como poco alentador en dos grandes acuerdos que deberán cerrarse el año que viene: la reforma de la Constitución y la aprobación de una nueva Ley de Educación. Los dos proyectos fueron impulsados por el gobernador como parte importante de su agenda y tuvieron casi un recorrido calcado. Suarez los propuso en la campaña de 2019, los volvió a prometer en su discurso del 1 de mayo ante la Asamblea Legislativa, los terminó presentando en sociedad en este 2020, pero terminó postergando la discusión de ambas iniciativas para el 2021.

Existe un elemento básico para entender por qué será una tarea imposible que se logren los consensos necesarios para avanzar en estas dos reformas que apuntan a marcarle el futuro a la provincia durante las próximas décadas: el año que viene será un año de elecciones. O dicho de otra manera: “En diciembre se termina el año de la pandemia”, como lo sintetizó un dirigente importante del peronismo, anticipando que las reglas de juego a partir de enero ya serán otras.

Subido al argumento de la necesidad imperiosa del achicamiento de los gastos del Estado, el gobernador volvió a la carga en agosto con una reforma de la Constitución que tiene como eje central de debate la reducción a prácticamente la mitad de la Legislatura y la imposibilidad de la reelección del cargo de gobernador, entre otros temas a abordar. Se van a cumplir cuatro meses desde que el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, se presentó en mesa de entradas de Diputados para formalizar la presentación del proyecto sin que, desde aquel 11 de agosto hasta ahora, se haya avanzado un centímetro en la discusión política.

Es más. Da toda la impresión de que para el Gobierno se retrocedió, por caso, por el modo en que la reforma constitucional sirvió de disparador para que se concretara finalmente la salida del Partido Demócrata de Cambia Mendoza, la coalición oficialista.

En lo interno, Suarez enfrenta otro desafió también y es lograr vencer el desdén, por no utilizar otro término más duro, con el que los legisladores radicales que están encolumnados detrás de Alfredo Cornejo trabajan en el proyecto. Los cambios en la vieja Carta Magna mendocina de 1916 nunca fueron una prioridad en la agenda del exgobernador, salvo cuando tuvo un guiño de los intendentes justicialistas (que después no se concretó en los hechos) para que fuera en búsqueda de su reelección. Cornejo se movió hasta ahora alrededor de este tema, con el mismo equilibrio que mantiene en las iniciativas que no comparte de la gestión actual. No las entorpece, ni muchos menos los critica en público. Pero tampoco instruye a los suyos para que las militen o las trabajen.

El peronismo hace su juego también y más allá del respaldo inicial, no tiene una postura unificada. Aquí vuelve a jugar otra vez el protagonismo de Emir Félix, quien últimamente viene apostando por la disrupción. El intendente de San Rafael movió sus fichas primero para mostrarse tan reformista como el gobernador, pero hoy es uno de los más acérrimos detractores del proyecto. ¿Qué pasó en el camino? Muchas explicaciones se escuchan dentro del PJ acerca de este cambio, pero la mayoría de las conclusiones apuntan al eterno deseo del cacique sanrafaelino de lograr, alguna vez, trasladar al Gran Mendoza el peso político que desde hace años ostenta en el Sur.

Algo más profundo, sin embargo, atenta contra la aspiración del gobernador de lograr que, en sintonía con las próximas elecciones legislativas, la ciudadanía vote por el Sí o por el No a la necesidad de la reforma. La dirigencia política, en líneas generales, mira con recelo los cambios que , entienden, atentan directamente contra muchos de sus privilegios y le achacan a Suarez haber “estigmatizado a la política” al ir directamente, como fue, por el achicamiento del gasto de la Legislatura.

La reforma en materia educativa tiene, hoy, el mismo destino incierto. El Gobierno avanzó con la convocatoria a un Congreso Educativo que será, en definitiva, quien desde mañana trabaje en las propuestas para la redacción de una nueva ley. Este proyecto también sufrió un proceso de desaceleración notable: el gobernador lo presentó y a las pocas semanas postergó el debate, entre otras razones, porque comprendió que los docentes no estaban en condiciones de enfrentarlo mientras hacían malabares para sostener el sistema de educación a distancia que impuso el ciclo lectivo que está terminando.

Lo que se pretende someter a debate es una ley marco para acoplar definitivamente a Mendoza a la Ley de Educación nacional (26.206) aprobada en 2006 y redactar una norma que regule al sistema para los próximos años. Se fijan criterios para sumarse a la realidad de la educación virtual y pautas para que el modelo de gestión educativa esté basado en evidencias científicas que surjan de la evaluación permanente. El director general de Escuelas, José Thomas, apunta a aprobar primero la ley marco y durante un proceso que podría durar entre un año y medio o dos, discutir más leyes que vayan ocupándose de otros asuntos más controversiales. Uno de ellos es la posibilidad que deja abierta el debate para terminar modificando el Estatuto Docente y el otro es la ratificación por parte de Suarez de que está decidido a avanzar con una de las ideas fuerza de su ministro: la creación de un Instituto de Evaluación Educativa. 

¿Cuál será el respaldo del peronismo en esta ocasión? Quizás algo se alcance a vislumbrar en la participación que tenga los legisladores y los referentes en la materia (se espera que participe el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta) durante el Congreso.

Pero aquí se sumará una traba adicional. El gremio docente, SUTE, ya votó en plenario que no se sumará al ámbito de deliberación que proponen Suarez y Thomas. Y además el gobernador quedará atrapado por sus propias palabras: dijo que el debate no será "en serio" hasta que el sindicato no resuelva su interna y en ese sentido las elecciones generales en el SUTE para elegir una nueva conducción serán recién en junio. Una eternidad, si se cuentan los meses que faltan para un debate que sin dudas es impostergable.