Una reforma clave, presentada con cierta desidia política

Rodolfo Suarez terminó cumpliendo este martes de agosto uno de los pocos compromisos asumidos en la campaña que le quedaban en pie, tras el fracaso político de intentar impulsar la minería y después de que la crisis del coronavirus demoliera en medio año de gestión otras varias promesas.

Subido ahora al argumento de la necesidad imperiosa del achicamiento de los gastos del Estado, el gobernador vuelve a la carga con una reforma de la Constitución que tendrá como eje central de debate la reducción a prácticamente la mitad de la Legislatura y la imposibilidad de la reelección del cargo de gobernador.

La iniciativa de la unicameralidad no es nueva y el propio Suarez la agitó con fuerza cuando fue candidato. Hablaba de los costos, por supuesto, pero también argumentaba acerca de las deficiencias en la representatividad del sistema actual.

Con respecto al segundo punto el gobernador hizo un gran aporte a la discusión sacando el tema del medio. Los sucesivos procesos reformistas de Mendoza en los últimos 20 años fracasaron siempre por esta cuestión: nadie le quiso dar al gobernador en ejercicio la posibilidad de modificar la Carta Magna e ir por su reelección. En los últimos años, todos los gobernadores presentaron su plan para reformar la Constitución y todos pusieron por delante su reelección. Como colorario, todas las reformas fracasaron.

Roberto Iglesias, en 2001, impulsó un “núcleo de coincidencias básicas” con la oposición y se autoexcluyó ante escribano publico. Pero la Justicia frenó el proceso. Julio Cobos hizo su intento también (impulsaba la segunda vuelta electoral, por ejemplo). Celso Jaque trató (con un proyecto que entre otras ideas buscaba limitar la edad para la jubilación de los jueces) y Francisco Pérez empezó a delirar con su reelección desde el primer día de su gobierno y encaró una campaña en la que se puso al frente y que lo desgastó durante dos años, sin que se haya podido avanzar ni un paso.

Cornejo fue, como líder opositor en aquél momento, quien bloqueó la intentona de Paco. El exmandatario fue uno de los menos entusiasmados por la reforma. Pero en el arranque de su segundo años de mandato trató de acordar con el peronismo e incluso llegó a obtener un guiño de los intendentes de ese partido para avanzar con su reelección. El asunto fue que, al poco tiempo, esos mismos caciques comunales se le dieron vuelta y terminaron bloqueando todo.

Ahora bien: bajarse de la posibilidad de la reelección, cosa que hizo en mayo, lo terminó debilitando políticamente. Pero quizas ese no sea un costo para un mandatario que, como se sabe desde hace un tiempo, en cierta forma ya cuenta los días que le faltan para llegar a diciembre de 2023.

Un aspecto a favor tendrá el futuro de la reforma: la limitación impuesta a las reelecciones indefinidas de los intendentes a través de las modificaciones al artículo 198 que avaló la Suprema Corte de Justicia modificó, en 2019, los criterios para tomar en cuenta los votos que son necesarios a la hora de que la población sea convocada a un referéndum para definir si quiere cambiar o no la vieja Carta Magna.

Es la interpretación del artículo 221 que había sido cuestionada tras el intento de reforma constitucional impulsada por José Octavio Bordón y que fue frenada por el "fallo Kemelmajer" en 1989, que impuso un filtro para que el requisito fuera que la mitad más uno de los empadronados dieran el sí a cualquier reforma. El nuevo criterio es que se tomará como base a quienes acuden a votar y no a todo el padrón. Esto flexibiliza las condiciones, aunque sigue siendo un requisito clave el acuerdo político. Es que la misma Constitución establece que para iniciar el proceso de reforma es necesario que la ley que habilite el proceso sea aprobada por dos tercios de cada cámara.

El gobernador renovó su compromiso reformista el 1 de mayo pasado, ante la Asamblea Legislativa, cuando lo puso al tope de los anuncios formulados ese día. Pasaron tres meses y medio, casi , para que el proyecto viera la luz. Es verdad que desde hace algunas semanas ya venía amagando con enviar su ley a la Legislatura. Pero también es cierto que lo que sucedió hoy sorprendió a todos. Incluso al oficialismo que se enteró casi sobre la hora de que el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, haría pública finalmente la iniciativa.

En tren de recuperar la iniciativa política, Suarez apuesta a un tema trascendente desde lo institucional pero que está lejos de la agenda de la gente. Y lo hizo con cierta desidia: no hubo sondeos políticos previos con el Jusiticialismo, más allá de que en el último tiempo se argumentaba que se estaba tratando de rodear el proyecto del mayor consenso posible. Existe una voluntad reformista dentro del peronismo, pero el marco de la pandemia complica un debate tan trascendente que, se supone, le terminará marcando el rumbo a la provincia durante las próximas décadas.

El espíritu reformista oficial tiene sus límites si se toma en cuenta lo que se presentó. No se avanza sobre cambios en el Poder Judicial y, sobre todo, no se propone modificar las mayorías para la elección en el Senado de los candidatos propuestos por los gobiernos a la Corte.

En un contexto en el que la provincia tambalea institucionalmente por la designación de María Teresa Day y sus consecuencias, hubiera sido saludable que Suarez imitara las modificaciones que se introdujeron en la Constitución Nacional en el proceso de Reforma de 1994 y estableciera mayorías especiales en la Legislatura para la aprobación de los pliegos de los magistrados. A nivel nacional, el gobierno que aspira colocar a un juez debe alcanzar acuerdos políticos con la oposición sí o sí, de otra manera no obtiene los votos necesarios. Pero aquí, por lo que presentó el Gobierno, se apuesta a que todo siga igual en este punto.