Ricardo Gil Lavedra pidió intervenir en el caso de la abogada argentina detenida en Brasil
El titular del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad cuestionó las medidas impuestas en Río de Janeiro sobre Agostina Páez, denunciada y retenida en el país vecino por realizar gestos y expresiones racistas hacia empleados de un bar en la zona de Ipanema.
El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, envió una nota a la Cancillería para pedir la intervención de la representación consular argentina en el caso de la abogada Agostina Páez, quien atraviesa un proceso penal en la ciudad de Río de Janeiro por supuestas expresiones de racismo. El planteo apunta a asegurar que se respeten sus derechos y garantías fundamentales y a revisar las restricciones que hoy pesan sobre ella, que, según advirtió, resultarían desproporcionadas.
En el escrito dirigido al canciller Pablo Quirno, Gil Lavedra sostuvo que “pareciera que las restricciones y las medidas cautelares que se están imponiendo lucen como desproporcionadas” y que “es posible seguir adelante el proceso y que la joven pueda retornar al país”. El pedido formal ingresó durante el fin de semana y reclama gestiones diplomáticas para que la ciudadana argentina cuente con asistencia adecuada durante el trámite judicial en Brasil.
Argentina ha sostenido de manera constante en foros internacionales el compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos. En esa línea, Gil Lavedra, excamarista que juzgó a los comandantes de la última dictadura militar, recordó que corresponde activar los mecanismos diplomáticos y consulares para verificar que el proceso respete plenamente las garantías judiciales reconocidas por los estándares internacionales y que la defensa cuente con condiciones efectivas para actuar.
Coordinación federal y gestiones ante la Orden de Abogados de Brasil
El reclamo de Ricardo Gil Laavedra fue acompañado por el de su par del Colegio de Abogados y Procuradores de Santiago del Estero, Luis Alberto Miguel, quien expresó su inquietud por la situación de la abogada matriculada en esa jurisdicción y pidió el acompañamiento del Colegio Público porteño. En paralelo, ambos dirigentes enviaron una carta a la Orden de Abogados de Brasil, Sección Río de Janeiro, con el objetivo de pedir colaboración para que el proceso penal “se desarrolle con pleno respeto de las garantías del debido proceso, el derecho de defensa en juicio, la igualdad ante la ley y el acceso efectivo a la justicia”.
El titular del Colegio de la Abogacía porteño sintetizó el sentido del pedido al explicar que solicitaron asistencia consular para que el Estado argentino “le exprese todo el apoyo a través del consulado que corresponda” y garantice un debido proceso respetuoso de las garantías constitucionales. En el mismo tono, subrayó la necesidad de cooperación institucional del colegio profesional brasileño para asegurar condiciones justas durante el trámite en Río de Janeiro.