Privatizaciones bajo presión: el Congreso exige controles y claridad en las tasaciones
La Bicameral pidió transparencia en las tasaciones y definiciones sobre autoridades de control ante las privatizaciones en trenes, rutas y centrales nucleares.
Privatizaciones bajo presión: el Congreso exige controles y claridad en las tasaciones.
NA.La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones endureció su postura frente al Gobierno y advirtió sobre dos vacíos críticos en los procesos en marcha. Los legisladores reclaman transparencia y definiciones urgentes sobre quién controlará a los futuros concesionarios y alertan por irregularidades en las tasaciones tras la autoexclusión del Tribunal de Tasación de la Nación (TTN).
El presidente de la comisión, Juan Carlos Romero, planteó que los informes enviados por empresas como Nucleoeléctrica, Aysa, Corredores Viales o Belgrano Cargas “no alcanzan para determinar el alcance real de las modificaciones” y que deberán ampliarse para tener una foto clara del proceso de transformación estatal.
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Privatizaciones: falta de autoridades de control claras
En la reunión, Romero advirtió que en sectores donde habrá nuevos operadores —como los corredores viales y el sistema ferroviario— el Ejecutivo no precisó qué organismo regulará el acceso y funcionamiento de las concesiones. Señaló que no puede ser el propio concesionario quien decida el ingreso de competidores y comparó el esquema con el aeronáutico, donde el ORSNA cumple ese rol.
A este planteo se sumó la vicepresidenta de la comisión, Ana María Ianni, quien sostuvo que las respuestas del Ministerio de Transformación del Estado “no son suficientes” y propuso formalizar un nuevo pedido de informes para obtener certezas sobre el rumbo de las privatizaciones.
Federico Sturzenegger está en la mira.
Tasaciones cuestionadas y sospechas sobre activos estratégicos
Otro punto crítico fue expuesto por la diputada Florencia Carignano, quien denunció maniobras irregulares luego de que el TTN se apartara de valuaciones clave, entre ellas las de las centrales nucleares. Según afirmó, esa tarea quedó en manos de un banco, lo que habilitaría “dejar el precio mínimo” en niveles inferiores a los adecuados para activos estratégicos.
Romero coincidió y calificó de “grave” que el Tribunal decida no intervenir: “No pueden excusarse de cumplir una obligación. Siempre que alguien quiere comprar, quiere hacerlo barato; debemos evitarlo para cuidar el patrimonio del Estado”, remarcó ante la sorpresa de la comisión.
Más organismos bajo la lupa y falta de presencia oficial
Los legisladores resolvieron ampliar la lista de empresas y organismos a monitorear, sumando a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Banco Nación, Fabricaciones Militares, Casa de la Moneda, Fadea, RTA, Ferrocarriles Argentinos, Ymad, BICE y la Agencia General de Puertos, entre otros. Según Romero, muchos de ellos están siendo “transformados, fusionados o reorganizados” sin que el Congreso conozca los criterios.
La ausencia de funcionarios del Ministerio de Transformación del Estado tensó aún más la reunión. Ianni señaló que “lo ideal hubiera sido que algún funcionario pudiera venir a informarnos” y adelantó que podrían cursarse citaciones formales si el Ejecutivo sostiene la falta de precisiones.
La AGN paralizada y el único caso cerrado
Al escenario de indefiniciones se suma la parálisis de la Auditoría General de la Nación (AGN), que desde abril tiene seis de sus siete auditores con mandato vencido y no puede cumplir su doble función: la revisión posterior de cada privatización y la asistencia técnica a la Bicameral mientras los procesos están activos. Decenas de auditorías quedaron detenidas por falta de designaciones.
Hasta ahora, la única privatización concretada fue la venta de Impsa: el grupo estadounidense Arc Energy compró el 85% de las acciones por US$27 millones y asumió una deuda de US$576 millones. Romero adelantó que, si no llegan respuestas del Gobierno, la comisión avanzará con un dictamen propio para dejar asentada su posición.