Trenes, represas y un pase a las provincias: qué pasa con las privatizaciones de Milei

“Vendan todo”. Trenes, aviones, satélites. Medios. Minería, energía y contenidos. El Estado argentino tiene una red de empresas sobre las que Javier Milei tenía un mandato: deshacerse de ellas. Camino a los dos años de gestión, las privatizaciones promocionadas van a otro ritmo y también con matices que al principio no estaban en el horizonte. Al “vendan todo” se le agregó el cuidado de algunos recursos considerados estratégicos, la búsqueda de recaudación y, según explican en el Gobierno nacional, una máxima que va de la mano: no regalar las empresas.

Por eso, explican, la intención es ordenar las empresas, sanearlas, limpiar de problemas y luego vendarlas. Del otro lado el camino también es árido. Por ahora el interés por invertir en las empresas estatales es moderado y los llamados son locales. “Por ahora el interés es de inversores locales. Los de afuera necesitan más señales, más garantías”, creen los especialistas. En la lista de prioridades las empresas energéticas están arriba y le sigue el sistema ferroviario de carga, un “monstruo” más complejo.

La curiosidad para Mendoza es que la primera privatización ocurrió en Mendoza con IMPSA. En realidad más que una privatización fue un rescate. La empresa estaba caída y el Gobierno nacional no tenía intenciones de mantener el apuntalamiento estatal. En el cambio de manos de IMPSA hay otro concepto relevante y es la idea de “provincializar” responsabilidades, cargos y gestiones. “La nación no tiene nada que hacer en muchas de esas cosas, como IMPSA o Río Turbio. Los gobernadores al principio estallaban de bronca. Pero ahora están entendiendo. Se tienen que hacer cargo ellos”, aseguran desde la Nación.

Hay gobernadores como Rolo Figueroa, de Neuquén, que buscan “provincializar todo”. De hecho pujan por la administración total de las represas del Comahue. Alfredo Cornejo tiene una visión parecida: está de acuerdo con la transferencia de gestiones. La duda, claro, es con los recursos. La tentación de la gestión de Milei es la misma que ocurrió en otros períodos, como el de Carlos Menem. “No se pueden transferir responsabilidades sin recursos. Dennos las cosas, pero liberen la recaudación”, opinan desde Mendoza. Un ejemplo es lo que ocurre con las rutas nacionales, cuyas obras fueron abandonadas por Casa Rosada, que aún concentra la recaudación de los impuestos específicos, como el impuesto sobre los combustibles líquidos. “Discutamos la coparticipación. No nos quedemos con la pelea chiquita. Discutamos la coparticipación completa”, responden desde la Nación. La trampa institucional en esa propuesta es que para cambiar esa norma hace falta unanimidad, el respaldo de los 24 distritos.

El plan

El plan de privatización de Javier Milei tiene algunos actores clave. El ministro de economía Luis Caputo, el ministro de modernización Federico Sturzenegger y el mendocino Diegop Chaher, de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas son los principales. También otros funcionarios sectoriales, como el secretario de Transporte Luis Pierrini y la secretaria de Energía María Tettamanti.

Las primeras privatizaciones reales serán las empresas energéticas. Por obligación, el Estado debe licitar las concesiones de las represas, pero habrá cambios en el modelo. El total son más de 10 las empresas hidroeléctricas que se concesionarán. Los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila están en proceso para ser privatizados. La Nación reconoció a las provincias como propietarias de los ríos, por lo que se incluyen regalías por el uso de ese recurso. En Mendoza ocurre algo similar y es importante por la licitación de la nueva concesión de los nihuiles.

La privatización más emblemática en el combo que prepara el gobierno es la de los trenes. El proceso no está detenido, pero sí en proceso de ordenamiento. La prioridad para avanzar es el tren de cargas. Allí Milei buscará deshacerse de todo: infraestructura, talleres y gestión. Sí se mantendrá un control estatal. La intención es tener un modelo de open acces, donde un concesionario tiene la gestión de las vías y “se sube el que quiere” a ese sistema de transporte. “La regla principal es que el Estado no está más. No hay más tren de carga. Vendemos todo el material rodante. Todo lo privado. Se va a hacer una concesión sobre los ramales, por la infraestructura. La vía, todos los inmuebles van en concesión. Pero no se lo regalamos a nadie. Le damos por 50 años la administración de las vías, pero tenés que dejar que se suban todos los que quieran”, explican. En el paquete de la privatización estarán los talleres.

El tren es clave porque la logística y el transporte es uno de los costos más elevados de la cadena productiva de Argentina. Ocurre con las mercaderías y las materias primas. Industrias como el petróleo y la minería, por ejemplo, presionan para el desarrollo de nuevos sistemas ferroviarios. La duda es quién financia. Para Milei, debe ser el sector privado y ese es el plan.

El tren de pasajeros corre por otro lado. No hay en el horizonte del Gobierno ninguna intención de reflotar ramales de pasajeros en las provincias, o que no tengan demanda fuerte. Muy distinto es el caso de los ramales de Buenos Aires, que transportan 2 millones de personas por día con tarifa subsidiada por el Estado. La respuesta a la consulta sobre si Milei avanzará para cortar los aportes y el sostén estatal es mucho menos categórica. “Será un mix”, responden.

Hay empresas que tienen una complejidad enorme porque en su interior son un “polirubro”. ARSAT es una de ellas. El plan de Milei es desmembrar y vender o concesionar de manera especializada. Otros casos, como las relacionadas con Defensa y energía atómica, están en el marco de los recursos estratégicos que tendrán un manto de control mayor. “Ahí entra en juego hasta la geopolítica. No vamos a venderle algo relacionado a la energía atómica a los chinos porque nos generaría problemas. Pero los chinos sí pueden invertir en trenes”, grafican. Hay casos emblemáticos, como el Banco Nación, en los que no hay privatización sino "ordenamiento". "Tiene que ser una sociedad anónima, que funcione como empresa. No hay privatización aún, pero hay quienes se oponen a que se ordene, que es otra cosa", se quejan en la Nación.

El ejemplo que usan en el Gobierno para mostrar la mesura es el RIGI. Se trata del régimen de beneficios para las inversiones de proyectos nuevos superiores a los 200 millones de dólares y que incluye exenciones impositivas, estabilidad, facilidades para importar y también para disponer de divisas. El RIGI no se aprueba automáticamente. “El RIGI es un ejemplo de que no vamos a regalar nada. Es un régimen exepcionalísimo. Está pensado para proyectos que no se harían de otra forma. No se aprueba cualquier cosa”, aseguró un funcionario del Gobierno nacional a MDZ.

El “boom” de interés que, en palabras de los propios libetarios, generó Milei cuando llegó al poder fue seguido de una cautela que se nota en los números, pues la inversión extranjera no creció de manera tangible más allá de las promesas. Las elecciones, por ejemplo, pueden ser una bisagra en ese sentido por el efecto confianza en el mediano plazo sobre el Gobierno nacional.