Chaco refinanció su deuda con la Nación y abre el camino para otros acuerdos
La provincia de Chaco reinanció su deuda y desistió de un juicio ante la Corte Suprema.
Leandro Zdero, gobernador de Chaco.
En el marco de una fuerte caída de recursos de coparticipación a provincias, el Gobierno de Chaco formalizó un acuerdo para refinanciar la deuda que mantiene con el Estado nacional por $476.258.990.950, en una decisión que podría convertirse en el modelo para otras provincias que durante este año recibieron asistencia financiera del Tesoro Nacional para afrontar problemas de liquidez.
El convenio fue aprobado por el gobernador Leandro Zdero mediante el Decreto N.º 1823/2026 y complementa el acuerdo firmado en febrero de 2025 dentro del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), creado por el Gobierno nacional para compensar deudas entre la Nación y las provincias.
Según el convenio, la Nación reconoce créditos contra Chaco por $490.161 millones, integrados por un saldo pendiente del REOR firmado a fines de 2025, un anticipo financiero de $400.000 millones y los intereses generados por ese adelanto. A su vez, reconoce una deuda con la provincia por $13.903 millones vinculada a ajustes del Consenso Fiscal. Tras compensar ambos montos, el saldo quedó en $476.259 millones a favor del Estado nacional.
La devolución se realizará en dos etapas. La provincia pagará primero $120.000 millones en cuatro cuotas mensuales desde agosto de este año, cancelará en diciembre los intereses correspondientes al anticipo financiero y abonará los $343.263 millones restantes en siete cuotas mensuales a partir de junio de 2027. Sobre el saldo pendiente se aplicará una tasa nominal anual del 15%.
El acuerdo también establece que, si la provincia no cumple con los vencimientos previstos, la Nación podrá descontar automáticamente los pagos de los recursos que Chaco recibe por coparticipación federal, mecanismo que funciona como garantía de cobro.
Como parte del entendimiento, la administración provincial desistió de la demanda que había iniciado contra el Estado nacional ante la Corte Suprema por el Decreto 473/2023 y la Ley 27.725. Además, asumió el compromiso de remitir periódicamente al Ministerio de Economía información sobre la ejecución de su presupuesto, la evolución de la deuda, el gasto en personal, los ingresos y otros indicadores fiscales.
Más deuda y menos coparticipación
El acuerdo se produce después de que el Gobierno nacional otorgara durante este año adelantos financieros a una docena de provincias para compensar la fuerte caída de la recaudación y de los recursos coparticipables. En abril, la administración de Javier Milei autorizó anticipos por alrededor de $400.000 millones para asistir a Chaco, Catamarca, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, con el objetivo de atender dificultades financieras transitorias. Esos adelantos debían devolverse mediante retenciones sobre la coparticipación y fueron otorgados con una tasa del 15% anual, inferior a la que las provincias hubieran enfrentado en el mercado financiero.
Chaco fue la primera provincia en avanzar con una refinanciación de esa asistencia y se espera que otras jurisdicciones negocien mecanismos similares para extender los plazos de devolución, ante las dificultades que genera el actual contexto fiscal.
La renegociación también coincide con un escenario de fuerte reducción de las transferencias discrecionales desde la Nación. De acuerdo con el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), las transferencias a provincias y municipios registraron en julio una caída real interanual del 61,4%, una de las mayores bajas entre todas las partidas del gasto nacional. En el acumulado de los primeros siete meses del año, la reducción alcanzó el 61,8%, consolidando un escenario de menor asistencia financiera para las administraciones provinciales.
En ese contexto, la refinanciación acordada por Chaco refleja el cambio en la relación financiera entre la Nación y las provincias. Mientras las transferencias discrecionales continúan reduciéndose, el Gobierno nacional prioriza mecanismos de asistencia que deben ser reintegrados y que cuentan con garantías de cobro mediante los recursos de coparticipación federal.