Desregulación de farmacias y medicamentos: una mezcla riesgosa para Río Negro y el país
La reforma de farmacias en Río Negro promete modernización, pero crecen las críticas por desregular la venta de medicamentos.
Debate en Río Negro por la reforma de la ley farmacéutica y de los medicamentos.
Santiago Tagua/MDZHay mezclas que es mejor no hacer. Y aunque se pudiera, resulta incómodo cuando la palabra “desregulación” se junta con los medicamentos. Más aún cuando se trata de una reforma integral de la Ley G Nº 4.438, que desde hace casi dos décadas ordena el ejercicio de la actividad farmacéutica en la provincia de Río Negro. Enviado por el gobernador Alberto Weretilneck el 7 de abril, el Proyecto de Ley 369/2026 ya tiene fecha de tratamiento exprés: se votaría el 30 de este mes.
El Gobierno provincial lo presenta como una modernización imprescindible. Según el propio gobernador, la normativa actual quedó desactualizada frente a los avances tecnológicos y las nuevas demandas sociales. “Ampliar la libertad de elección también significa facilitar el acceso a un servicio esencial, promoviendo más competencia, más innovación y mejores respuestas”, sostuvo Weretilneck. El objetivo declarado es mejorar el acceso a medicamentos —sobre todo en zonas alejadas—, reducir trabas burocráticas, fomentar la inversión y acompañar la digitalización del sistema de salud.
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Entre los cambios principales figuran la eliminación de las restricciones de distancia mínima entre farmacias, la posibilidad de que cualquier persona física o jurídica habilitada pueda ser titular de una farmacia, la obligación de receta electrónica en toda la provincia, la habilitación de telefarmacia y entrega a domicilio, y mayor flexibilidad para la radicación en localidades pequeñas.
Hasta aquí, los argumentos suenan razonables. ¿Quién estaría en contra de eliminar barreras que pueden limitar la cobertura en pueblos pequeños?
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Sin embargo, el proyecto discute muchísimo más de lo que se plantea en los medios. “Modernización” se ha vuelto la palabra mágica para ocultar que, con esta nueva normativa, el medicamento deja de ser un bien social para convertirse exclusivamente en uno de mercado. Y ahí ya no hay tanto consenso. Porque los medicamentos no son bienes de consumo ordinarios: su uso inadecuado puede generar riesgos serios. Por eso su dispensación exige un estricto control, conocimiento técnico y responsabilidad profesional.
Además, la legislación actual de la provincia define de manera expresa a la farmacia como un centro de atención sanitaria y no como un negocio comercial cualquiera. Esta diferenciación es fundamental, porque sitúa la protección de la salud pública como el propósito principal que debe guiar toda su regulación. Convertir la farmacia en un punto de venta más diluye estos mecanismos de protección y eleva los peligros sanitarios.
Por otra parte, habilitar que cualquier persona o empresa pueda instalar una farmacia sin requisitos sanitarios precisos y eliminar las distancias mínimas entre establecimientos no equivale a ampliar el acceso a los medicamentos, sino a comprometer el acceso equitativo y seguro. Lejos de ser una restricción arbitraria, las distancias mínimas constituyen una herramienta esencial de planificación sanitaria que evita la concentración en las zonas de mayor rentabilidad y garantiza una cobertura adecuada en barrios periféricos y localidades más alejadas. Sin estos criterios, es probable que se multipliquen las farmacias donde el negocio resulta atractivo y disminuyan donde la necesidad es mayor.
Alejandra Fanloo, Presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, asegura que "el rol del profesional farmacéutico no puede reducirse al de un simple empleado supeditado a objetivos comerciales. Se trata de un profesional de la salud cuya independencia resulta indispensable para tomar decisiones centradas en el bienestar del paciente y no en las metas de venta”.
Y aunque se argumenta que la liberalización fomentaría mayor competencia y precios más accesibles, la realidad indica que el valor de los medicamentos depende de la estructura del mercado farmacéutico y no de la cantidad de locales. Lo que sí crece con esta desregulación es la presión comercial y el riesgo de automedicación.
Finalmente, vale aclarar que la iniciativa no es original. Modificaciones como estas ya se habían intentado en el DNU 70/2023 donde se buscó modificar por decreto la ley nacional de farmacias (Ley 17.565) para terminar con el modelo sanitario y convertirlo en un modelo más comercial. En aquel momento la reforma no prosperó gracias a una medida cautelar de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA). Es imprescindible sostener la prioridad en el bienestar de los pacientes ya que las farmacias son, muchas veces, el primer eslabón en el sistema de salud.