Aysam e Irrigación firmaron un convenio por los desbordes cloacales: qué dice el acuerdo
Luego del conflicto por los desbordes cloacales, Aysam e Irrigación pactaron un plan de acción conjunto. También participan el municipio de Guaymallén y la Subsecretaría de Ambiente.
El plan de acción para mitigar los daños por los desbordes cloacales en Los Corralitos ya se firmó.
Julieta Caballero - MDZLuego de varios meses de desbordes cloacales en Los Corralitos, finalmente Aysam e Irrigación acordaron un plan de mitigación. El entendimiento llegó medio de un conflicto entre ambos organismos, que incluso había escalado al plano judicial. Las condiciones ya fueron aceptadas por la Subsecretaría de Ambiente.
El acuerdo —al que accedió MDZ— fue suscripto el pasado 14 de mayo por el presidente de Aysam, Humberto Mingorance; el gerente general de la empresa, Ginés Darío Hernández; Omar Sorroche en representación de Irrigación; y la subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda. Un día después puso su rúbrica el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente.
Cabe recordar que Irrigación había denunciado a Aysam por volcar sin autorización líquidos cloacales en el canal de riego que pasa por calles Severo del Castillo y 2 de Mayo. Para ello, la empresa que preside Mingorance rompió la estructura de impermeabilización del denominado Ramo 12, hecho que también está tipificado como un delito.
Si bien desde Aysam se amparaban con el permiso que Irrigación les había dado anteriormente para volcar en el canal Pescara, los fiscales Gabriel Blanco y Sebastián Capizzi entendieron que dichas autorizaciones habían sido "precarios, revocables, transitorios y excepcionales". por lo que recomendaron la imputación de la cúpula de la empresa. A días de que acabe el plazo en el que el fiscal general adjunto, Gustavo Pirriello, tenga que expedirse, los organismos firmaron el convenio, que es monitoreado por la Fiscalía.
En el documento se reconoce formalmente el colapso estructural de la Colectora Máxima Noreste, el cual se indica que fue diseñado originalmente para 180 mil habitantes, y que actualmente recibe efluentes cloacales de más de 526 mil personas. En ese marco, también se da cuenta de los avances de obra de Aysam en las tareas de remediación de corto, mediano y largo plazo, las cuales ya había comunicado de manera pública la empresa.
Sin embargo, lo sobresaliente del convenio es que se incorporan las acciones de mitigación, las cuales serán llevadas adelante de manera conjunta entre los organismos mientras Aysam concluye las obras definitivas.
A qué se comprometió Aysam
El convenio establece que Aysam deberá instalar cañerías para trasladar los efluentes cloacales dentro de los cauces de los canales Ramo 12, Santa Teresa y Ramo 14, aunque bajo un sistema completamente cerrado.
Según el documento, la conducción deberá ser “cerrada, estanca, independiente y completamente segregada del escurrimiento del agua de riego”, evitando “contacto, mezcla, infiltración ni posibilidad de contaminación cruzada entre los efluentes cloacales y las aguas destinadas a riego agrícola”.
Además, el acuerdo deja asentado que la empresa estatal será directamente responsable ante eventuales derrames, roturas o rebalses que pudieran producirse durante la operación.
“En el caso de que se produzca algún derrame, ya sea por rotura u otras circunstancias, será responsable Aysam de los efectos que ello causare, debiendo proceder a la inmediata reparación”, señala el convenio.
El texto también obliga a la empresa a presentar un “seguro de caución” para responder ante posibles daños derivados del operativo.
Otro de los puntos centrales es la obligación de mantener controles permanentes sobre todo el sistema de mitigación. Para eso, Aysam deberá presentar un “plan de actuación” donde detalle cómo controlará la conducción de los efluentes y cómo responderá ante contingencias.
El convenio exige que la infraestructura sea “íntegramente ejecutada, operada, mantenida y monitoreada”, incluyendo “la reparación inmediata de cualquier rotura, pérdida, rebalse o contingencia”. A eso se suma la obligación de contar con “guardia permanente” y presentar un “plan de contingencias” aprobado previamente por la Subsecretaría de Ambiente y la Municipalidad de Guaymallén antes de elevarlo a Irrigación.
El documento también incorpora marcadas exigencias ambientales y sanitarias sobre los terrenos donde se realizará el trasvase cloacal. En ese sentido, la empresa deberá construir “bordos perimetrales y obras de contención suficientes para impedir cualquier escurrimiento superficial fuera del predio”, incluso frente a lluvias o fallas operativas. Además, tendrá que delimitar “las áreas efectivamente aptas para recepción de efluentes”, excluyendo sectores vulnerables, caminos, zonas saturables o con riesgo de escurrimiento.
El convenio también obliga a instalar “una red de monitoreo hidrogeológico mediante freatímetros aguas arriba y aguas abajo del predio”, con controles sobre napa, conductividad, salinidad y “posibles procesos de contaminación bacteriológica o fisicoquímica”. Esto no es un dato menor, ya que recientemente Sergio Marinelli reconoció en MDZ Radio que “las napas algún grado de contaminación tienen y un poco eso es el producto de la multa”.
La empresa también deberá realizar una “línea de base previa respecto de suelo y agua subterránea” para medir eventuales impactos posteriores y ejecutar monitoreos periódicos de efluente, suelo y agua.
Qué autorizó Irrigación
El Departamento General de Irrigación aceptó otorgar un permiso para el traslado de efluentes desde Severo del Castillo y 2 de Mayo hacia el norte de Ruta 27, aunque dejó expresamente asentado que la autorización será “estrictamente excepcional, transitoria, precaria y esencialmente revocable”. El organismo aclaró además que el permiso se fundamenta “exclusivamente en la necesidad de mitigar una contingencia sanitaria y ambiental”.
En ese sentido, si bien el convenio no establece, en principio un plazo determinado, de las declaraciones recientes de Marinelli en MDZ Radio se desprende que la situación podría durar meses. "El trabajo de mitigación se está tratando de solucionar con las medidas de corto plazo que para mí son de mediano plazo”, indicó el titular de Irrigación.
El convenio establece que Irrigación podrá revocar la autorización en caso de incumplimientos y fija “revisiones periódicas obligatorias” junto a “metas concretas de avance respecto de las obras estructurales definitivas”.
Qué exigió Guaymallén
La Municipalidad de Guaymallén incorporó dentro del convenio una serie de exigencias vinculadas al impacto urbano, sanitario y comunitario de los desbordes. Entre otras medidas, reclamó que Aysam elimine “desbordes, canalizaciones a cielo abierto y olores en la vía pública”.
También exigió la construcción de pasos peatonales y viales seguros, con “correcta señalización e iluminación”, además de barreras acústicas para reducir los ruidos generados por bombas y obras.
Por su parte, el municipio además se comprometió a colaborar para relevamientos de predios, servidumbres e interferencias urbanas vinculadas a futuras obras estructurales. Esto incluye la erradicación de árboles para facilitar la conducción de los líquidos desde Severo del Castillo y 2 de Mayo hasta la finca ubicada sobre ruta 27, en el límite con Lavalle.
El acuerdo también establece reportes diarios entre los organismos firmantes mediante correos institucionales, donde deberán informarse avances, denuncias y reclamos específicos de la zona afectada.
Finalmente, Guaymallén insistió en la necesidad de elaborar “un estudio técnico integral del desempeño hidráulico de la Colectora Máxima Noreste”, contemplando niveles de tirante, caudales circulantes, pendientes y condiciones de escurrimiento.
El rol de la Subsecretaría de Ambiente
La Subsecretaría de Ambiente ya avaló el “plan de trabajo y cronograma de acciones” presentado por Aysam, como así también el “plan de mitigación y remediación ambiental — componente gestión ambiental y social”. Incluso el mismo 14 de mayo se firmó la resolución en la que, en su primer artículo, da cuenta de ello, aunque la misma todavía no salió publicada en el Boletín Oficial.
El convenio también le otorga poder de intervención directa sobre el operativo, ya que cualquier objeción ambiental fundada podrá suspender automáticamente la autorización para trasladar efluentes.
Un frente judicial paralelo
Si bien el acuerdo firmado entre los distintos organismos parece apaciguar las tensiones existentes, hay otro frente judicial abierto.
En paralelo, la ONG Fiscalía Ciudadana es querellante en una causa por los desbordes cloacales en Los Corralitos. En este caso, el expediente analiza las consecuencias sanitarias derivadas de los efluentes cloacales.
En ese sentido, tras años de reclamos y de presentaciones en la Justicia, en los últimos días los vecinos presentaron un estudio bacteriológico privado financiaron ellos mismos para corroborar el estado de potabilidad del agua. El informe, elaborado por la UNCuyo, determinó que varias de las muestras tomadas no estaban aptas para el consumo humano.
Ante esto, los ciudadanos acudieron a la Justicia y presentaron dicho documento, que fue incorporado a la causa que ya tiene varios años en curso.