Así es el campo de derrames en El Borbollón: denuncias archivadas y años esperando una respuesta que no llega
En El Borbollón, en las Heras, hay un campo de derrames que ya había sido denunciado en 2024. Tras años de reclamos, las soluciones siguen sin aparecer.
Un "piletón" de derrames en El Borbollón genera preocupación e indignación entre los vecinos.
Rodrigo D'Angelo / MDZA varios kilómetros de la finca en la que derivarán los efluentes cloacales que desbordan en Los Corralitos, y de la pestilente ciénaga que Aysam creó en Fray Luis Beltrán, hay otro importante campo de derrames escondido entre matorrales. En el distrito de El Borbollón, en el departamento de Las Heras, existe un "piletón" rebalsado de líquidos nauseabundos cuyos olores, dicen los lugareños, se intensifican durante los días de más calor. Si bien esta situación ya había sido denunciada hace años, las soluciones nunca llegaron.
En una zona rodeada de fincas y con escasa urbanización, a un costado de la calle Los Algarrobos se encuentra un “piletón” en la que desembocan líquidos que, por las características de sus olores y colores, se presume que sean efluentes cloacales e industriales. Al menos eso se desprende de los pedidos de informe que recientemente ingresaron a la Legislatura, y de una denuncia que luego se radicó en la Fiscalía de Estado. Dichas presentaciones volvieron a reflotar una problemática que lleva tiempo archivada.
El lugar, al que acudió MDZ, está marcado por el abandono, el entorno rural y los olores. Si bien no se trata de una zona en la que abunden construcciones, de manera aislada hay casas en las que habita gente. Sin ir más lejos, hay una justo frente al ingreso en el que se observan las huellas de los vehículos que van a realizar las descargas. También bordea el predio un canal de riego, cuyo cuyo cauce deriva en las distintas fincas que hay en la zona. Según indican, éste llegaría incluso hasta Lavalle.
Los pedidos de informes que terminaron en una denuncia ante Fiscalía de Estado
Los cuatro pedidos de informes presentados por el senador Armando Magistretti, del Partido Demócrata, y tienen un mismo punto de partida: la inspección que el mismo legislador realizó el pasado 18 de junio en un predio de El Borbollón, donde observó lo que describió como un ingreso permanente de líquidos “de color blanco verdoso y con espuma”, además de una estructura que identificó como una “posible laguna de oxidación o estabilización”.
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A partir de esa visita fue que realizó las presentaciones con el objetivo de determinar quién tiene a su cargo el sistema, qué controles se realizaron y qué antecedentes administrativos y ambientales existen sobre su construcción y funcionamiento.
En los proyectos, el legislador sostiene que el líquido observado sería de origen cloacal y/o industrial y advierte sobre un eventual impacto ambiental. Entre los fundamentos que repite en los cuatro expedientes señala que el ingreso al predio se produciría de manera continua y que, ante la ausencia de otros elementos visibles de tratamiento, el sistema podría no estar funcionando como fue previsto.
Los pedidos de informe fueron presentados en el recinto a fines de junio para que sean tratados sobre tablas. La idea del senador era darle celeridad al debate para obtener respuestas lo más rápido posible. Sin embargo, los bloques mayoritarios votaron en contra de avanzar y los expedientes fueron enviados a Comisiones, donde el trámite es más largo.
Tras esto, Magistretti presentó una denuncia ante Fiscalía de Estado, donde fue todavía más contundente al describir lo que observó y sus posibles consecuencias. Allí sostuvo que el funcionamiento irregular de la estructura “podría estar generando un daño medioambiental de inusitadas consecuencias”, al advertir sobre una eventual infiltración de líquidos contaminados hacia las napas freáticas.
Pide que Las Heras detalle quién se hace cargo del sistema
Uno de los ejes de la investigación apunta directamente a la Municipalidad de Las Heras. Magistretti busca establecer si el municipio es responsable de la red colectora, de la estructura de tratamiento y del destino final de los líquidos, pero también si, aun sin ser formalmente el operador, interviene de alguna manera en su mantenimiento.
El requerimiento también apunta a reconstruir qué autorizaciones existen, qué controles realizó la comuna durante los últimos cinco años, si hubo conexiones industriales a la red y si el municipio informó a organismos provinciales sobre eventuales irregularidades.
Entre las preguntas formuladas aparece además una cuestión que puede ser determinante para establecer responsabilidades: si la comuna no es la operadora, el senador pide que se identifique al organismo o entidad que sí tiene esa responsabilidad y que se informe qué antecedentes existen sobre la construcción de la laguna. También pregunta si en los últimos 20 años el municipio pidió hacerse cargo del servicio y qué respuestas recibió.
Permisos, controles y posible impacto en las napas: los cuestionamientos que recibió Irrigación
El pedido al Departamento General de Irrigación es el más orientado a determinar qué ocurre técnicamente con los líquidos y qué controles ambientales existen sobre el lugar.
Magistretti pide conocer quién tiene autorizado el sistema, cuál es su Registro Único de Establecimiento (RUE), qué análisis de los líquidos se realizaron durante los últimos cinco años y qué controles se efectuaron sobre el funcionamiento de la estructura. También reclama información sobre eventuales sanciones, advertencias o clausuras y sobre las diferencias que pudieran existir entre los resultados de los análisis y los parámetros exigidos para los efluentes cloacales.
También indaga sobre la existencia y ubicación de pozos de monitoreo de aguas subterráneas, por los análisis físicos, químicos y bacteriológicos realizados en la zona y por la cantidad de pozos de agua activos dentro de un radio de tres kilómetros de la laguna y de cinco kilómetros del lugar señalado como destino de los líquidos.
También busca determinar si la estructura cuenta con algún revestimiento que impida la infiltración, cuánto volumen de líquido recibe y cuál es su destino final.
Las posibles responsabilidades de Aysam
El pedido dirigido a Aysam apunta principalmente a despejar la responsabilidad histórica y actual sobre el sistema. En ese sentido, el pedido de informes pregunta si la empresa es o fue operadora de la red cloacal, de la laguna de estabilización y del sitio de disposición final.
Además, busca determinar si El Borbollón formaba parte del área servida por Aysam antes de la privatización y si actualmente se encuentra dentro de su radio de cobertura. En el mismo sentido, pregunta si Irrigación o el ex EPAS le solicitaron formalmente a la empresa que se hiciera cargo de la operación de la planta durante los últimos 20 años.
El objetivo es establecer si Aysam tuvo alguna responsabilidad directa sobre esa infraestructura o si, por el contrario, existe otro organismo que debió hacerse cargo de su operación y mantenimiento.
La historia del campo de derrames y la respuesta que se le pide al Ministerio de Ambiente
El requerimiento al Ministerio de Energía y Ambiente se concentra en reconstruir la historia del lugar en el que se encuentra ubicada el campo de vuelco. En ese aspecto, el senador pregunta quién es actualmente el operador del sistema de recolección, tratamiento y disposición final y, además, si existen en los archivos oficiales informes de partida, avisos de proyecto, estudios de impacto ambiental u otros trámites vinculados con la construcción y posterior funcionamiento de la red y de la laguna.
El pedido también busca determinar si el Ministerio recibió denuncias o reclamos por irregularidades en el sistema durante los últimos diez años y si, a partir de esos planteos, realizó inspecciones.
La denuncia ante Fiscalía de Estado
Después de presentar los pedidos de informes, Magistretti llevó el planteo a Fiscalía de Estado mediante una denuncia por el presunto daño ambiental y la posible contaminación de las napas freáticas.
En ese escrito volvió sobre las observaciones realizadas el 18 de junio y sostuvo que la estructura presentaba signos de abandono. También vinculó la situación con la posible ausencia de una membrana que impidiera la infiltración de los líquidos hacia el subsuelo.
En ese sentido, el senador expone que, debido a sus 36 años de profesión como Ingeniero Civil, supo reconocer que el lugar en el que se realizan los vuelcos es lo que se conoce como “laguna de oxidación o de estabilización”, las cuales son utilizadas para el tratamiento de líquidos cloacales. “En esta laguna no se llegan a observar otros elementos propios de este tipo de estructuras que contribuyen al sistema de tratamiento como por ejemplo separador de sólidos ubicado en la entrada del agua. El estado observado es de completo abandono y se podría adelantar que no está cumpliendo la función para la que habría sido construida”, argumenta Magistretti.
Si bien la denuncia no presenta como comprobada la contaminación de las napas, sí plantea esa posibilidad y solicita que sea investigada. El propio escrito explica que los cuatro pedidos de informes constituyeron la base de la presentación ante Fiscalía y reclama que el organismo determine si se cumplió con la normativa ambiental vigente y con las disposiciones de Irrigación.
Así, Magistretti pidió formalmente que Fiscalía de Estado dé inicio a las actuaciones administrativas correspondientes y requiera informes a los organismos que puedan tener competencia sobre la red, el tratamiento y la disposición final de los líquidos.
En 2024 ya se había presentado una denuncia por el mismo campo de derrames
El planteo de Magistretti tiene un antecedente directo en la Legislatura. En 2024, el entonces diputado provincial Emanuel Fugazzotto ya había denunciado ante la Fiscalía de Delitos Ambientales la situación. En aquel entonces, desde el bloque del Partido Verde también había presentado un pedido de informes dirigido al Ministerio de Ambiente y Energía. "Me enteré del lugar por los vecinos, que me dijeron que no soportaban los olores", le comentaba Fugazzotto a MDZ hace algunos días, años después de que haya presentado su denuncia.
En aquella oportunidad, el legislador sostenía que en la zona existía un campo destinado al vuelco de líquidos cloacales y cuestionaba que no hubiera un tratamiento adecuado. Al describir el lugar, Fugazzotto fue categórico: “no es una planta de tratamiento de líquidos cloacales porque no tiene ningún tipo de preparación”.
El diputado también advertía entonces que el abandono del predio podía favorecer que otras actividades utilizaran el lugar para arrojar sus propios residuos. Según planteó en ese momento, “se ha prestado para que otras empresas hagan uso del lugar como campo de afluentes”, y mencionó el posible vertido de sustancias provenientes de industrias cercanas.
La preocupación expresada en 2024 también alcanzaba a las zonas productivas próximas al predio. Fugazzotto sostuvo que, de acuerdo con las imágenes satelitales que había observado, la extensión del campo de derrames podía aproximarse al límite con Lavalle y planteó la posibilidad de que líquidos provenientes del lugar alcanzaran terrenos destinados a la producción agrícola.
El reclamo de entonces incluyó dos vías de actuación: un pedido de informes al Ejecutivo provincial y una presentación ante la Fiscalía de Delitos Ambientales. El objetivo, según explicó el propio Fugazzotto, era que la Justicia determinara “con precisión cuáles son todas las empresas que hoy estarían involucradas” y estableciera responsabilidades sobre el manejo de los líquidos que llegaban al predio.
Pese a las presentaciones efectuadas, Fugazzotto asegura que no recibió respuesta formal de ningún organismo. "Es un problema muy grande porque alcanza al Municipio y termina afectando a la Provincia y no tienen voluntad de resolverlo", aseveró.
Fugazzotto explicó que, en aquel entonces, la única medida que se adoptó fue bloquear la ruta de acceso para que quienes realizaban vuelcos en el predio no pudieran pasar. Sin embargo, dos años después, los vehículos siguen ingresando y la situación no se ha modificado.
Además, según su parecer, es Aysam quien debería haberse hecho cargo del servicio cuando se disolvió el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y se creó la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (Dircas), dependiente de Irrigación.
Tierra de nadie, donde nadie termina de responsabilizarse
Pese a los recientes pedidos de informes y la denuncia presentada en Fiscalía de Estado, ningún organismo parece terminar de acaparar las responsabilidades pertinentes de una situación que data de años.
Desde Las Heras aseguran que el municipio no ha recibido ninguna notificación formal y aclara que no es operadora del sistema cloacal ni cuenta con la concesión en esa zona. "La prestación de los servicios públicos no corresponde a los municipios", remarcan y -además- explican que "el Municipio ha realizado intervenciones puntuales ante obstrucciones, roturas y otros inconvenientes, sin asumir la operación integral del sistema".
En ese marco, la Municipalidad recuerda que el sistema fue construido hace 40 años por Provincia y que originalmente quedó a cargo de una UTE integrada por operadores de la zona. "Con el tiempo, esa operación dejó de realizarse de manera efectiva, sin un control permanente sobre las conexiones y los vertidos a la red", detallan desde Las Heras.
Ante ese panorama, la actual gestión del municipio se planteó la posibilidad de hacerse cargo. Sin embargo, le explicaron a MDZ que "luego del análisis técnico de la infraestructura, las inversiones requeridas y su impacto presupuestario, se planteó que Aysam asuma la prestación del servicio".
Por su parte, desde Aysam reafirman que no prestan servicios en la zona y aclaran que la empresa "nunca se ofreció a hacerse cargo". Desde Aguas Mendocinas explican que los requerimientos deberían dirigirse a la Dircas.
Desde el Ministerio de Energía y Ambiente también dicen que la autoridad de aplicación también es la Dircas, por lo que es el ente encargado de solicitar el tipo de informes que se reclaman en los pedidos de informes presentados en la Legislatura y en la denuncia ingresada en Fiscalía de Estado.