Aprobaron una ley de alivio de deudas en Córdoba: quiénes podrán acceder y cómo funcionará
La Legislatura de Córdoba aprobó el programa de alivio de deudas que permitirá a morosos refinanciar préstamos personales y saldos de tarjetas.
Ley de alivio: Córdoba aprobó un programa para que familias refinancien deudas de préstamos y tarjetas.
Las familias cordobesas que atraviesan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros tendrán una nueva herramienta para reordenar sus deudas. La Legislatura de Córdoba aprobó este jueves el Programa Provincial de Alivio y Reordenamiento del Endeudamiento Familiar, impulsado por el gobernador Martín Llaryora.
La iniciativa permitirá consolidar, refinanciar o reestructurar préstamos personales, saldos financiados de tarjetas de crédito y otras obligaciones vinculadas con gastos cotidianos y necesidades básicas del hogar.
El programa fue presentado en un contexto de dificultades económicas y altos niveles de morosidad. El objetivo oficial es brindar una alternativa a las familias que ya no pueden afrontar sus pagos en las condiciones originales.
Condiciones del programa de alivio
Uno de los puntos centrales de la ley es el costo del financiamiento. Las entidades que adhieran deberán ofrecer una Tasa Nominal Anual fija de hasta el 35%.
Los planes de pago tendrán una duración de entre 24 y 48 cuotas mensuales, de acuerdo con las condiciones que se establezcan para cada operación.
La participación de bancos y emisoras de tarjetas será voluntaria. Para incentivar su incorporación, la Provincia dispuso una alícuota del 0% de Ingresos Brutos sobre los intereses generados por las operaciones alcanzadas por el programa.
El beneficio tributario comprenderá tanto a las entidades financieras como a las emisoras de tarjetas que refinancien saldos bajo las condiciones previstas.
Quiénes podrán acceder
El programa estará dirigido a personas que cumplan con determinados requisitos de residencia y situación financiera.
Podrán solicitarlo quienes:
- Acrediten al menos dos años de domicilio en la provincia de Córdoba.
- Al 31 de julio de 2026 figuraran en Situación 2 o Situación 3 dentro de la Central de Deudores del Banco Central.
- Cumplan con los requisitos económicos, financieros y patrimoniales que se establezcan en la reglamentación.
La evaluación también contemplará los ingresos del solicitante y de su grupo familiar conviviente, la titularidad de inmuebles y vehículos, otros bienes registrables, inversiones y la relación entre los ingresos disponibles y el nivel de endeudamiento.
Por el momento, la ley establece el marco general, pero todavía deberán definirse los mecanismos concretos de inscripción, evaluación y acceso.
Qué deudas quedarán afuera
La norma no incluirá obligaciones vinculadas directa o indirectamente con juegos de azar y apuestas.
Tampoco podrán incorporarse deudas contraídas para cancelar o refinanciar compromisos originados en ese tipo de actividades.
El programa estará enfocado en obligaciones relacionadas con préstamos personales, tarjetas de crédito y gastos cotidianos o necesidades básicas de los hogares.
Cómo se implementará
El Ministerio de Economía de Córdoba será la autoridad de aplicación. Ese organismo tendrá a su cargo definir los mecanismos de adhesión de las entidades, verificar el cumplimiento de los requisitos y establecer los procedimientos de control.
La Provincia deberá avanzar ahora con la reglamentación para precisar cómo podrán acceder los interesados, qué documentación deberán presentar y bajo qué condiciones se determinará la refinanciación de cada deuda.
Una medida frente al endeudamiento familiar
Con la aprobación de la ley, el Gobierno provincial busca ofrecer una alternativa a los hogares que enfrentan dificultades para sostener sus pagos mensuales.
La herramienta apunta a reducir el peso de las cuotas y ordenar compromisos financieros que, en muchos casos, se acumularon a partir del uso de tarjetas de crédito y préstamos personales.
La iniciativa también marca una intervención del Gobierno de Córdoba frente al problema del endeudamiento familiar, mediante un esquema que combina condiciones de financiamiento, adhesión voluntaria de entidades y beneficios impositivos para promover su implementación.